Télam/DyN
Luciano Benjamín Menéndez hizo uso de la última palabra esta mañana ante el tribunal que lo juzga por delitos de lesa humanidad y justificó la represión llevada adelante por la dictadura militar al manifestar que se trataba de "una guerra" con las organizaciones ERP y Montoneros.
La audiencia comenzó a las 10.45 en el Tribunal Oral Federal N l con la palabra de quien fuera Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, que es juzgado junto a otras siete personas por el secuestro, tortura y homicidio de cuatro militantes del Partido Revolucionario del Pueblo, ocurrido en 1977.
Los jueces (Jaime Díaz Gavier, Carlos Otero Alvarez y José Vicente Muscará) reanudaron el cuarto intermedio impuesto el miércoles 16 de junio y otorgaron a los imputados el derecho a ejercer la última palabra para luego pasar a deliberar y dictar sentencia.
Menéndez y los siete represores están acusados por el secuestro, la tortura y el asesinato de Humberto Brandalisis, Hilda Palacios, Raúl Cardozo y Carlos Lajas, quienes fueron acribillados por los militares en un simulacro de enfrentamiento en la capital cordobesa en la madrugada del 15 de diciembre de 1977.
En los alegatos los fiscales (Maximiliano Hairabedian, Fabián Asís y Graciela López de Filoñuk) solicitaron condenas de "prisión perpetua con cárcel común" para Menéndez, Díaz, Lardone, Manzanelli y Padován, en tanto que para Acosta, Rodríguez y Vega, prisión de entre 18 y 21 años.
Por su parte, los defensores de los imputados solicitaron la "absolución por el beneficio de la duda".
Brandalisis, Lajas y Palacios fueron secuestrados el 6 de noviembre de 1977 y dos días después Cardozo, en tanto que todos fueron torturados en el centro clandestino de detención de 'La Perla'.
En la madrugada del 15 de diciembre, fueron asesinados en un simulacro de enfrentamiento en Sagrada Familia y Colón, de la capital de Córdoba y luego enterrados como NN en el cementerio San Vicente. Sólo los restos de Palacios fueron encontrados y restituidos a sus familiares.
Los abogados de la querella de Hijos-Familiares, Claudio Orosz y Martín Fresneda, y el letrado Mauro Ompré pidieron perpetua para los mismos imputados que los fiscales pero solicitaron 25 años para Vega, Rodríguez y Acosta.
Además, las dos querellas reclamaron que, de haber condena, las penas se cumplan en cárceles comunes y no en dependencias del Ejército o con el beneficio del arresto domiciliario.
A fines de mayo, Menéndez se negó a declarar ante los jueces, pero hizo un alegato de fuerte contenido político. En ese sentido, afirmó que el juicio al que es sometido es "inconstitucional", pero asumió su responsabilidad por las acciones de "la guerra contrarrevolucionaria" para "enfrentar y vencer al terrorismo marxista" y a "terroristas subversivos" que, según afirmó, "no abandonaron la lucha política" y ahora "usan las instituciones para juzgarnos a quienes defendimos la patria".
Para esta tarde, se aguardaba que integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas (ONU), que se encuentran de visita en el país, asistieran a las instancias finales del juicio por delitos de lesa humanidad en contra de represores del último gobierno militar.
Los representantes del organismo internacional se reunieron ayer con una fiscal de la causa, Graciela López de Filoñuk; el funcionario de Derechos Humanos de la Provincia, Dario Olmos, y dos de los abogados querellanes, Martín Fresneda y Claudio Orosz.
Durante el encuentro, los visitantes Äde distintas nacionalidadesÄ ponderaron la importancia del juicio por la represión ilegal en esta provincia, el primero de esas características que se concreta en más de 30 años.