Buenos Aires, (Télam).Ä La Cámara Federal confirmó el procesamiento de dos hombres acusados de comercializar drogas en proximidades de un colegio secundario porteño, por lo que ambos quedaron en los umbrales de un juicio oral y público en el que podrían llegar a ser condenados a penas de entre 4 y 15 años de prisión.
La medida la tomó la Sala I del Tribunal y alcanzó a Juan Pablo Ortiz y Angel Laureano Broggi, quienes habían sido procesados en primera instancia por el juez Claudio Bonadío.
En tanto, los camaristas declararon la inconstitucionalidad de un inciso de la ley de drogas y se sobreseyeron a otros dos jóvenes que tenían el estupefaciente para su consumo personal.
La causa se inició el 20 de julio de 2007 con motivo de una denuncia anónima que alertaba que Broggi vendía marihuana en un quiosco ubicado en Fitz Roy 1819, en proximidades del Colegio Nicolás Avellaneda, por lo que se realizaron tareas de inteligencia en la zona.
Los jóvenes fueron detenidos acusados de infracción a la ley de drogas que reprime con prisión de cuatro a 15 años a quien tenga en su poder drogas "con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte".
La misma ley agrava esas penas posibles "en un tercio del máximo a la mitad del mínimo" a los que lo hicieren "en inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza, centro asistencial, lugar de detención, institución deportiva, cultural o social" o donde se realicen espectáculos públicos.
Al declarar inconstitucional el inciso que reprime la tenencia para consumo personal, los camaristas Eduardo Freiler y Eduardo Farah se remitieron a sus posiciones doctrinarias de política criminal en las que señalan que esa conducta no debe ser considerada punible en virtud del artículo 19 de la Constitución Nacional.
En una resolución firmada el último día hábil de la feria judicial, conocida esta mañana y a la que Télam tuvo acceso, los magistrados también confirmaron la prisión preventiva de Broggi al sostener que "puede suponerse fundadamente" que "intentará eludir la acción de la Justicia".
Los magistrados basaron su apreciación en que el procesado ya tiene una condena impuesta el 18 de marzo de 2003 a tres años y siete meses de prisión por robo con arma en grado de tentativa, portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización y encubrimiento agravado.
