Luis Rodrigo

Sin sumergirse en el túnel del tiempo (y de los cambios de posición del Justicialismo respecto de qué hacer con la EPE), no pude entenderse cómo pudo producirse un vacío legal como el que describe la Fundación Derecho Social, que acaba de reclamar la devolución a los usuarios de la empresa de 70 millones de pesos, por un gravamen que se siguió cobrando sin sustento legal, en beneficio de las comunas y las municipalidades.

El titular de la entidad, Dr. Domingo Rondina, se ha dirigido por nota a la empresa para reclamarle que compense a los usuarios por esa cifra, que es equivalente a casi los 90 millones de déficit con que cerró el año 2007.

Cabe aclarar que según la EPE, esos recursos no quedan en la empresa, sino que se depositan en forma automática a los municipios y las comunas que son las destinatarias del gravamen.

Un poco de historia reciente: la derogada ley de privatización de la Empresa Provincial de la Energía (Nº 11.727) había previsto que con la venta de la compañía se quitara de la facturación del privado una tasa municipal y comunal equivalente al 6 % de la facturación bruta. (Es lo que se hizo con las concesiones nacionales de entonces para bajar de inmediato las tarifas, al quitar el impuesto).

Aquella norma fue sancionada el 30 de diciembre de 1999 (durante la segunda gobernación del hoy senador Carlos Reutemann) y fue derogada también en diciembre pero de 2006, por la misma fuerza política, el PJ, pero durante el segundo gobierno de Jorge Obeid, hoy diputado nacional.

Un extenso proceso de discusión interna en los bloques del oficialismo provocó que reutemannistas y obeidistas sólo pudieran acordar volver a la vieja ley 10.014 que creó la Empresa Provincial de la Energía, en reemplazo de la Dirección (la DPE). También fue en el último mes del calendario: el 18 de diciembre de 1986, en tiempos de la gestión de gobierno de José María Vernet.

Hace casi dos años, cuando la compañía eléctrica volvió a estar regida por la norma que la creó en 1986, ni la Legislatura ni el Ejecutivo advirtieron que para que siguiera vigente el cobro del 6% de la facturación para pagarle a los municipios y comunas el uso del espacio público (por el cableado urbano), debía ser otra vez puesta en vigencia la ley Nº 7.797 (derogada con los planes de privatización de los "90).

Esa norma (del 28 de noviembre de 1975) no recobró aún su vigencia, sin embargo, como se ocupa de señalar en su queja a la EPE el Dr. Rondina, la "ley 12.700 no impuso el gravamen del 6 % con lo cual la EPE ya no tuvo la obligación de abonarle a municipios y comunas el gravamen".

En forma oficial, la empresa informó esta mañana a El Litoral que siguió depositando ese impuesto en las cuentas de los gobiernos de pueblos y ciudades.

Fue en la Cámara de Diputados que se intentó comenzar a corregir el vacío legal que se abrió en 2006. Por unanimidad, socialistas y justicialistas votaron una "ley aclaratoria" sobre la legislación vigente para la empresa provincial y el derecho que le cabe a los municipios de cobrar por el uso del espacio público (aéreo o subterráneo) a las prestadoras de los servicios públicos.

Para Rondina, esa media sanción (el tema ahora pasó al Senado) no hace más que probar que "el tributo no existe actualmente". Antes, advierte: "La ley 11.727 perdió definitivamente vigencia y el tributo desapareció del mapa legal. Desde entonces (la EPE), si pagó, pagó mal; y si cobró, fue indebidamente".

El borrón legislativo incluyó un rechazo y un pedido de juicio político a vocales del Tribunal de Cuentas por no haber hecho cumplir el pago del derecho de uso del espacio aéreo, que El Litoral del 15 de julio describió sin medias tintas como "una pirueta".

La nota del titular de la Fundación dice que "según el presupuesto para 2008, la EPE prevé recaudar la suma de $ 38.000.000 (treinta y ocho millones de pesos) en el año, para pagar este tributo que no está obligada a pagar. Esto implica más de 3 millones por mes que se le quitan sin causa a los usuarios".

Agrega que "si contamos los veinte meses en que se está percibiendo dicho tributo desde su derogación, arribamos a la suma de $ 70.000.000 (setenta millones de pesos) que ha sido ilegalmente retenida a los usuarios, sin contar los intereses por los meses de privación de ese dinero".

Para la entidad, "según la Ley 24.240 deben reintegrar lo ilegalmente retenido y abonar una indemnización por ese abuso" y concluye: "Sería conveniente que la EPE evite miles de juicios en su contra que (costas incluidas) terminarán pagando el sistema eléctrico y, nuevamente, los usuarios. Debería establecerse un mecanismo de reintegro en las próximas facturas, previa determinación del alcance de la injusta retención".