En la ciudad, hay 4 mil viviendas precarias. Debido a la escasez de tierra urbana municipal, la Subsecretaría de Hábitat y Vivienda inició este mes un minucioso relevamiento para detectar terrenos aptos para comenzar a solucionar el déficit habitacional de los sectores más vulnerables. Las primeras 24 unidades se construirán en barrio San Agustín con fondos municipales.
Lía Masjoan
Según un relevamiento de la Subsecretaría de Vivienda y Hábitat de la Secretaría de Planeamiento Urbano de la Municipalidad, en Santa Fe son 4 mil las viviendas que presentan condiciones de mayor precariedad. Y cada año, se suman 400 unidades de esas características. En pos de trabajar por la inclusión social, se ha decidido orientar esfuerzos económicos y humanos para comenzar a resolver en forma progresiva la situación de los sectores más vulnerables. El principal escollo encontrado hasta ahora es la escasez de tierra urbana vacante apta para trasladar asentamientos.
Alejandro Boscarol, secretario de Desarrollo Social, calificó esta situación como "dramática" porque reconoce que "el municipio no tiene tierras". Por eso, dos equipos técnicos iniciaron este mes un rastrillaje de cada cuadra de la zona norte, desde avenida Gorriti hasta el límite municipal, identificada en el Plan Urbano como el área de "crecimiento y completamiento" de la trama urbana. Por día, recorren unas 100 manzanas.
Una vez detectado un espacio vacante, se verifica en la Dirección de Catastro su situación dominial para saber si pertenece al gobierno nacional, provincial, municipal o si está en manos de privados. "La sesión de dominio por parte del Estado nacional o provincial, o la compra o expropiación por ley de terrenos privados llevan tiempo. Aunque son acciones posibles que tenemos en cuenta, buscamos trabajar sobre terrenos municipales porque nos permite operar rápidamente y comenzar a dar respuestas en el corto plazo", afirmó Sara Lauría, al frente de la Subsecretaría de Vivienda.
Para identificar a las familias que habitan en condiciones de mayor vulnerabilidad social, se tienen en cuenta los siguientes parámetros: que la vivienda sea muy precaria, es decir que esté construida con materiales que no son sólidos como chapas, nylon y plástico; que no tengan el dominio de la tierra ni acceso a servicios básicos como luz y agua; que no haya en el lugar nexos viales que les permitan acceder al transporte para ir a sus trabajos o enviar a los chicos a la escuela; y que no dispongan de equipamiento social cerca, como un centro de salud o una escuela.
"Nosotros entendemos que estas condiciones de precariedad son las que profundizan la exclusión social, por eso todas las políticas del gobierno están enmarcadas en una línea general de acción que es la inclusión. Y dentro de eso, las distintas áreas de gestión trabajamos en el desarrollo de programas que intentan reducir esa situación", afirmó la funcionaria.
El primer paso, 24 familias
En el escritorio de los funcionarios, está muy avanzado el proyecto para construir las primeras 24 viviendas con recursos financieros propios del municipio, obra que prevén licitar en poco tiempo.
Se invertirán 5 millones de pesos para solucionar el problema habitacional de las familias con mayor grado de vulnerabilidad social, sin trabajo estable ni posibilidades de acceder a un ingreso permanente que les permita aspirar a un préstamo o incluirse en las operatorias de la Dirección provincial de Vivienda y Urbanismo.
Las 24 construcciones ya tienen nombre y apellido. Estarán destinadas a quienes habitan en los reservorios del oeste, hoy en plena tarea de limpieza y profundización, y a las familias que permanecen desde la inundación de 2007 a la vera de la Ruta 168.
Serán trasladadas a un terreno municipal de barrio San Agustín, contiguo a la escuela Combate de Quebracho, donde además se ejecutarán obras de pavimento, cordón cuneta y se extenderá los servicios de agua potable y alumbrado.
Para Lauría, "es un desafío grandísimo porque Äen función de todos los parámetros que determinan la precariedad y por ende la exclusiónÄ implica no solamente construir cuatro paredes y un techo, sino hacerlo en zonas que estén provistas de servicios básicos, con nexos viales y equipamiento social cercano y que tengan la posibilidad de regularizar el dominio, es decir, que quien lo habite pueda en plazos razonables ser propietario del terreno de la vivienda que habita".
En función de reconocer que "hay una escasez de tierra vacante, pensamos en qué manera podemos optimizar razonablemente la capacidad de un lote", descartando de plano la construcción de edificios en torre del estilo de los Fonavi. Así surgió la idea de implementar tipologías mixtas, distribuyendo en una misma manzana dúplex (mediana densidad) y viviendas individuales (baja densidad). En el primer caso, dos familias compartirán un mismo lote de 200 metros cuadrados, lo mínimo que establecen las reglamentaciones vigentes.
Crecimiento a futuro
El módulo habitacional es básico y similar para ambos casos. Son 21 metros cuadrados que contienen un ambiente donde está incluida la cocina comedor, un baño equipado y un dormitorio. "Las dos alternativas permiten seguir ampliando la vivienda en el futuro, pero no trabajamos sobre la idea de hacer sólo un barrio de dúplex porque las familias son diversas en su composición y sus necesidades y costumbres también son diferentes. La vivienda en planta baja admite mayores posibilidades de crecimiento a futuro y por eso estarán destinadas a las más numerosas", explicó la subsecretaria.
Para a construcción se utilizará la tecnología tradicional: paredes exteriores de 30 cm, lo que da capacidad portante para un crecimiento hacia arriba; tabiques de 15 cm en el interior; ladrillos de mampostería común; cocina terminada; cielorraso machimbrado de madera; revoque; pintura; cerámica en el piso; cubierta de chapa con canaletas, veredas mínimas de acceso y pilar de luz, entre otros detalles.
En síntesis, el diseño de las viviendas contempla tres premisas: no trabajar con prototipos únicos; dar la posibilidad de que se puedan ir ampliando de acuerdo a las necesidades; y trabajar con tipologías mixtas en función de la escasa tierra vacante que hay en la ciudad.
Regularización dominial
Las Secretarías de Desarrollo Social y Planeamiento Urbano comenzaron hace unos meses a trabajar en pos de lograr la regularización dominial de terrenos municipales en los barrios Chalet y Arenales. Ya se han relevado técnicamente 623 parcelas, y según informó Alejandro Boscarol se encuentra muy avanzada la operatoria para lograr la firma y entrega de los boletos de compraventa de esos lotes. "Creemos que tener el título de la tierra es central en términos de identidad. Uno puede comenzar a pensar en dejarle algo a sus hijos en el futuro, y ni el Plan Lote ni el Arraigo fueron entregados".
"En total, en la ciudad hay 8 mil terrenos con posibilidades de regularización, es decir viviendas asentadas en terrenos irregulares, la mayoría en el oeste", informó el secretario de Desarrollo Social.
"Además, antes de fin de año vamos a empezar a entregar los certificados de cancelación de deudas para avanzar con la escrituración", dijo. Ya se han relevado 661 contratos en barrio San Lorenzo; 970 en Santa Rosa de Lima; 512 en San Agustín; y 815 en Barranquitas Oeste.
También se avanza en la escrituración de viviendas construidas en terrenos municipales en los barrios Loyola y El Abasto y de 170 terrenos de la zona de la Vía Muerta en Colastiné Norte.
Ausentes
Para contrarrestar la deficiencia habitacional de los sectores medios-bajos, la Dirección Provincial de Vivienda dispone de diversos planes. Para anotarse en el registro, los aspirantes deben acreditar un ingreso mínimo mensual de 1.200 pesos. "Nosotros vamos a orientar fundamentalmente los esfuerzos económicos a la resolución progresiva de la problemática en los sectores sociales más vulnerables, que hoy en principio no están contemplados directamente en ninguna operatoria porque no tienen un trabajo estable que les permita reunir ese ingreso", dijo Sara Lauría .