La puesta en marcha de la reforma procesal penal en la provincia, que permitirá superar el anacrónico y jurídicamente cuestionado sistema inquisitivo y escrito por un modelo acusatorio y oral, sigue en suspenso por falta de adecuada infraestructura y suficientes recursos humanos para aplicarla en el plazo previsto originalmente por la ley, y por la demora del Senado provincial en tratar la norma de aplicación progresiva por materias, recurso al que el Poder Ejecutivo acudió para salvar la situación.
Frente a este panorama de aparente parálisis, en los últimos días se produjeron novedades alentadoras. Algunos de los puntos tratados en la reunión de los ministros de la Corte con los senadores de la provincia permiten considerar a ese encuentro como algo más que una mera formalidad, inscripta en la reticencia de la oposición a facilitar las cosas al gobierno. El intercambio de ideas no solamente abordó aspectos puntuales del futuro mecanismo, sino que puso sobre la mesa la idea de aprovechar una partida presupuestaria de este año para la creación de cargos que permitan ampliar la base de apoyo del nuevo modelo y, a la par, resolver necesidades de urgencia.
En la misma jornada se dieron cita, en dependencias del Alto Tribunal, los representantes de los cinco colegios de abogados de la provincia, que acercaron una lista de sugerencias, basada en su trabajo cotidiano y en atención a la realidad de cada una de las circunscripciones. La serie de propuestas va a ser analizada el próximo miércoles, con el ministro de Justicia.
En medio del retraso normativo, el déficit de infraestructura y cantidad de recursos humanos que se deberá remontar y los problemas que provocan las demoras en la cobertura de vacantes judiciales Äque, además, se aceleraron no sólo por cuestiones biológicas, sino también en previsión de las reformas en ciernesÄ, se trata de avances que, aun módicos, son reales.
Una vez más, la capacidad y efectividad de gestión aparecen como el factor determinante del éxito de un programa que, como otros de los recientemente encarados, cuenta con sólidos fundamentos y no pocas ambiciones. En este caso en particular, además, la dimensión del cambio cultural que implica quedó subrayada por otro de los temas que se puso sobre el tapete en el marco de estas reuniones, y que habitualmente se limita a los comentarios de pasillo de los tribunales, o se soslaya diplomáticamente: la escasa contracción al trabajo de muchos magistrados.
Cuando esto se planteó sobre la base de estadísticas de productividad, se desestimó el dato remitiendo al dispar volumen de las causas o a la naturaleza de las resoluciones. Cuando la discusión apuntó al tiempo que los jueces pasan en sus despachos, se acudió a las horas de estudio domiciliarias como dispensa. Ahora, el punto enfocado es la dispersión en actividades diversas y la carga horaria de las mismas, con un pedido a la Corte para que se trabaje sobre ese factor.
Una vez más, conseguir la eficiencia de la Justicia provincial depende del compromiso irrestricto de los tres poderes del Estado y de todos sus actores. Y esto incluye fomentar la contracción al trabajo de jueces y funcionarios, y desalentar lo contrario. Porque, para que realmente funcione, la justicia bien entendida también empieza por casa.