El gobierno intentará esta semana que la Cámara de Diputados apruebe su proyecto de movilidad jubilatoria, para lo que aceptaría que se introduzcan cambios en los puntos más polémicos del borrador que envió al Congreso.

Según trascendió, una de las modificaciones que se realizarían sería el valor de la Prestación Básica Universal (PBU), que el proyecto oficialista fija en 326 pesos y que los especialistas consideran que debería ser de al menos 500 pesos, lo que fijaría haberes más altos.

La PBU debería representar el 27,5 por ciento del ingreso promedio de quienes aportan al sistema, más un 1 por ciento por cada año adicional de aporte hasta los 45 años.

Como se sabe, el texto enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso establece la PBU en 326 pesos y le quita además el adicional del 1 por ciento por año. Pero el monto ya no representa el 27,5 por ciento de los sueldos promedio, que se calculan en 1.800 pesos, y de aplicarse el índice general de Salarios, la PBU mínima debería superar los 500 pesos.

Otro de los cambios que el oficialismo habría aceptado sería que todos los componentes de la jubilación e inclusive el haber mínimo, se ajusten dos veces al año. Pero la opinión de los legisladores se divide porque la Casa Rosada propone dos metodologías para determinar el porcentaje de incremento, y aplicar la que arroje el menor monto.

Según medios especializados, por un lado, propone fijar el aumento a través del índice de movilidad que está compuesto en un 50 por ciento por la evolución del nivel general de salarios que elabora el Indec; y el otro 50 por ciento por el 90 por ciento de lo que suba la recaudación por jubilado. Con esto, el aumento quedaría sujeto a los ingresos por beneficiario de la Anses amplificada en un 3 por ciento, se añadió.

Con esa metodología, si los aumentos de sueldos son equivalentes al 10 por ciento y la recaudación sube un 8 por ciento, se ajustarían los haberes en un 8,6 por ciento. Pero si los ingresos por jubilado crecen sólo un 2 por ciento, el ajuste sería del 2,6 por ciento.

Para el especialista Guillermo Jáuregui, eso generaría un "atraso acumulativo y en definitiva subordinado al Presupuesto Nacional como la criticada Ley de Solidaridad previsional de 1995".

Los legisladores pedirían además que en lugar de emplear el índice de salarios del Indec, que contempla los sueldos en blanco, en negro, y los de los empleados públicos nacionales y provinciales que no van a la Seguridad Social, se contemplen sólo los haberes en blanco, porque son los que realizan aportes efectivos a la Seguridad Social.

Por su parte, la oposición intentaría también incluir el reajuste y la retroactividad para más de un millón de jubilados que desde 2001 recibieron aumentos de entre el 63 y el 79 por ciento. Esos incrementos fueron inferiores a la inflación y al índice general de salarios, por lo que la intención sería compensarlos.