Mientras la Defensoría del Pueblo recomendó sancionar a las empresas de transporte que incumplen con la normativa que establece la venta gratuita de pasajes para personas con discapacidad, Fundadisc denuncia la inacción de la delegación de la CNRT a la que se presentan un promedio de cuatro denuncias diarias.
La Defensoría del Pueblo de Santa Fe recomendó a la Dirección de Transporte de la provincia que controle el estricto cumplimiento de la ley que obliga a las empresas al otorgamiento de pasajes gratuitos a los discapacitados, y que se sancione a las que la incumplen. El pronunciamiento advierte que se observa una actitud pasiva de parte de esa repartición que "permite a las empresas denunciadas persistir en su actitud, lo que hace suponer que no son controladas en forma efectiva".
En la resolución Nº 192, el defensor, Carlos Bermúdez, hace un informe de las presentaciones y expedientes abiertos en el organismo de particulares, Organizaciones No Gubernamentales, autoridades municipales y comunales, concejos municipales, todos referidos al no cumplimiento de la ley Nº 9.325, su modificatoria Nº 12.355 y el decreto Nº 3047/07.
El ombusman expone "la grave situación de exclusión por abandono que genera en la zona norte de la provincia la restricción al acceso gratuito al transporte de pasajeros, por aplicación del decreto nacional Nº 118/06".
Las empresas de transporte interpretan que dicho decreto obliga a habilitar una plaza para discapacitado y otra para su acompañante si el servicio cuenta con hasta 54 asientos. No obstante, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte sentenció que "no existe cupo alguno que limite las plazas de servicios de las empresas de transporte de jurisdicción nacional, con relación a las personas con discapacidad".
La CNRT entiende que el decreto Nº 118/06 debe ser reglamentado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, hecho que a la fecha se concretó, por lo que tiene plena vigencia el decreto nacional Nº 38/2004, que no fija límites.
Bermúdez apunta que en el ámbito provincial, la ley Nº 9.325, modificada por la Nº 12.355/04, brinda similares beneficios a la normativa nacional, no estableciendo cupo alguno para la gratuidad de los pasajes para discapacitados.
La resolución del defensor del Pueblo tomó en cuenta casi una veintena de expedientes en los que constan las quejas formuladas desde las localidades más diversas del centro-norte provincial y de un petitorio suscripto por 2.564 personas.
En el expediente constan notas del intendente y área de Acción Social de la municipalidad de Gálvez; del Concejo Municipal de San Carlos Centro haciéndose eco de la situación de discapacitados de Gessler; del presidente comunal de Pilar y de vecinos de San Carlos Centro, San Justo, Candioti, Las Toscas y Esperanza, entre otros.
Más quejas
La Fundación Argentina para las Personas con Discapacidad emitió un parte de prensa en el que denuncia a la delegación local de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ya que, entiende, "es una delegación insulsa en relación al transporte de personas discapacitadas pues pareciera no tener poder de policía" y que la tarea se limita "a un simple ente de recepción de denuncias que no son resueltas de manera efectiva y eficiente".
Remarca Fundadisc que "durante estos primeros ocho meses de 2008 nuestra entidad fue receptora de 833 denuncias de personas discapacitadas que, por diversos motivos, no logran viajar tal como lo establece el decreto nacional 038/04" y tras explicar los conflictos suscitados por las diversas legislaciones, expresa que "nadie aplica sanciones de ningún tipo y el único afectado es el usuario discapacitado".
Razona luego que "si no existen cupos que limiten las plazas de servicios de las distintas empresas con relación a las personas con discapacidad, por qué hay tanta resistencia empresarial, nos preguntan los denunciantes, y por qué la CNRT no resuelve en forma ágil y eficiente las denuncias efectuadas, nos preguntan sus familiares".
Más adelante, Fundadisc sostiene que "cada negativa empresarial es un claro acto de discriminación y el Inadi sólo mira por el espejo retrovisor como un simple espectador más. Sergio Sayas, nadador olímpico santafesino convocado a Beijing para los Juegos Paraolímpicos, tuvo que pagar sus boletos durante mucho tiempo gracias a que otros le impedían viajar como discapacitado visual. Es un claro ejemplo sobre quiénes son los verdaderos discapacitados visuales", expresa el comunicado.