La concurrencia de los ciudadanos a los actos comiciales en los últimos años ha sido variable, y normalmente considerada como un parámetro sobre el interés concitado por el nivel de cargos elegibles en cada caso, o las circunstancias políticas de la coyuntura. Así, en algunos casos resulta motivo de alarma y en otros se inscribe en estándares aceptables e, incluso, muy buenos.
Sin embargo, lo que se ha convertido en un problema crónico, fuente, a su vez, de numerosos inconvenientes, es la recurrente y marcada negativa a cumplir sus funciones de quienes han sido designados autoridades de mesa. La cuantificación de este fenómeno está dada por la cantidad de telegramas de notificación devueltos con el rechazo, bajo la invocación de cuestiones laborales, familiares o de distinta índole. En otros casos, los involucrados no sólo no se molestan en justificar su inasistencia, sino que ni siquiera avisan acerca de ella con la debida antelación.
Las consecuencias de esta situación son conocidas: demoras en el inicio de los actos eleccionarios, reticencia de los votantes a concurrir por temor a ser convocados de improviso e