Por definición académica, la historia es un conjunto de hechos políticos, sociales, económicos o culturales; pueden ser privados, de un pueblo o de una nación, pero tiene que ameritar la dignidad de la memoria. Para la acepción científica, la historia es la disciplina que estudia y narra estos sucesos; en el coloquio, una historia puede ser mentira, pretexto, cuento o chisme.
¿De qué habla la presidenta cuando habla de reparación histórica? Cristina Fernández prometió que eso hará con la pobreza en el Chaco, tal como lo hiciera antes en Entre Ríos, cuando asignó más de $ 1.600 millones del Tesoro nacional a ese distrito.
Una vez más la jefa de Estado asume la potestad de juzgar a la historia, y la atribución de repararla por el mero acto administrativo del poder, expresado unilateralmente en el discurso y eventualmente en un decreto.
El simple repaso de los hechos permite advertir una singular coincidencia: Entre Ríos y Chaco son dos jurisdicciones gobernadas por mandatarios provinciales alineados con la administración central.
El cuadro permite sospechar muchas cosas, pero no puede eludir algunas conclusiones elementales. Por un lado se pretende a la mera voluntad -y no al sistema- como cura de la injusticia; por el otro, los que padecen injusticias y viven en distritos de gobernadores no alineados, son discriminados por aquella mera voluntad.
Tal vez la reparación histórica -en su acepción superior- deba ser una construcción de idóneos, iluminada por prácticas de consenso democrático y justa administración del poder.
O tal vez, todos los gobernadores tendrán que alinearse para que su insensible falta de obsecuencia no relegue a los pobres de sus distritos. Y que la justicia social sea.