Agencia EFE

El juez español Baltasar Garzón pidió que se le informe sobre el número de personas que fueron enterradas en el Valle de los Caídos, el principal mausoleo erigido por Francisco Franco durante su dictadura (1939-75).

Garzón solicitó al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-39) y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.

El mausoleo del Valle de los Caídos, al norte de Madrid, fue levantado por orden de Franco para, presuntamente, enterrar a víctimas del conflicto civil y en su construcción participaron numerosos condenados por defender las ideas republicanas.

En una providencia, el juez informa a la Conferencia Episcopal que deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posibles víctimas desaparecidas a partir de aquella época.

A la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar.

La petición del juez también se extiende a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid, que deben notificarle el nombre de las personas enterradas en fosas comunes de sus localidades Ätambién fecha y lugar de su nacimiento, residencia y filiaciónÄ, a partir del 17 de julio de 1936, "como consecuencia directa del denominado "alzamiento nacional" y la situación de Guerra Civil que provocó, y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen en España".

Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga.

Garzón requiere a una de las partes Ähay ocho asociaciones de familiares de desaparecidosÄ, que aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia".

A fines del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.

Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.

La decisión de la justicia española de pedir a las instituciones información sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil española (1936-39) y la dictadura franquista (1939-75) fue calificada de "histórica" por asociaciones de familiares de desaparecidos.

La decisión tomada el lunes por el juez de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, Baltasar Garzon, con miras a la eventual apertura de una investigación es "emocionante e histórica", subrayó el presidente del principal agrupamiento de víctimas del franquismo, Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva.

"Muchas asociaciones y mucha gente llevan años trabajando para recuperar los restos de sus seres queridos, y en muchos casos, saber qué les ocurrió, y la posibilidad que se inicie un proceso que puede llegar hasta que el Estado asuma esa responsabilidad es para mí muy emocionante", comentó el responsable el martes a la radio privada Cadena Ser.

"Lo que se reclama es una responsabilidad del Estado" para localizar y recuperar de los cuerpos de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, mientras que la ley aprobada en octubre del 2007 Ällamada de "la Memoria Histórica"Ä para rehabilitar las víctimas del franquismo deja esta responsabilidad sólo en las manos de las familias, explicó Silva.

"Llevamos 70 años esperando y ahora tenemos una esperanza, que es la Audiencia Nacional", declaró al diario El País Manuel Perona, presidente de la Asociación por la Memoria Histórica de Cataluña (noreste).

Según ese diario, con esta decisión, Garzón "lanzó la mayor investigación sobre los desaparecidos del régimen de Franco". El objetivo del juez es recabar información sobre los muertos durante la Guerra Civil y bajo el régimen franquista para decidir si es competente para investigar sobre las causas presentadas por 13 asociaciones.