El ministro recibirá esta noche a los jefes de bloques oficialistas. Sectores no socialistas del oficialismo cuestionan la metodología empleada para hacer los anuncios. El funcionario sería citado esta semana por Diputados a pedido del justicialismo. El PS defendió el incremento.
Los jefes de bloques de las fuerzas legislativas que componen el Frente Progresista se reunirán esta noche con el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, y parte de los directorios de la EPE y de Assa para discutir el incremento de tarifas anunciado el viernes al mediodía.
El incremento ha provocado malestar en distintos sectores del oficialismo y los que concurran a la reunión lo expresarán ante el propio Ciancio. Los legisladores oficialistas fueron anoticiados en el mediodía del jueves de que se venían incrementos tarifarios en las dos empresas estatales, pero no supieron los alcances. Hubo un intento del propio ministro de reunirse con el oficialismo el mismo jueves pero no hubo lugar en la agenda. Es que en los diputados cayó muy mal haberse enterado por los diarios del aumento del cuadro tarifario en el corredor Santa Fe-Rosario. Ahora, la mayoría se enteró por los medios sobre los alcances del incremento y existe "clima enrarecido en el oficialismo" algo de lo cual expresara ayer en este medio el radical Darío Boscarol. Por ahora, la mayoría de los legisladores opta por guardar la bronca entre bambalinas a la espera del encuentro de esta noche. El mismo jueves se discutió durante largos minutos si la reunión de este martes se iba a realizar en la Legislatura o en el despacho de Ciancio en la Costanera, opción que terminó siendo la elegida.
De todas maneras, los jefes de bloques del justicialismo ya pidieron la presencia del funcionario y sólo faltaría acordar el horario.
Defensa socialista
En tanto, diputados socialistas salieron a defender el aumento de tarifas y a cuestionar a sus pares justicialistas que "no ignoran la situación de quebranto en que dejaron a las empresas públicas".
Raúl Lamberto, Inés Bertero, Joaquín Blanco y Mario Drisun respondieron en un documento a las acusaciones de la oposición sobre modificaciones en las tarifas de las empresas de servicios. "Los legisladores justicialistas no deben hacerse los distraídos de los quebrantos que dejaron en las empresas públicas".
Lamberto, presidente de la bancada, recordó que "incrementos tarifarios, superiores a los que hoy se fijaron para Aguas Santafesinas SA, fueron dispuestos y autorizados por el anterior gobierno provincial a la empresa privada, que no se aplicaron simplemente porque la relación con la empresa culminó con la rescisión del contrato de concesión. Basta repasar la información de diarios de aquel año".
En este sentido, los legisladores aclararon que la anterior gestión "había autorizado la implementación de un incremento de tarifas para la empresa concesionaria en el orden del 25 % a partir del mes de enero del 2006 y dos nuevos incrementos del 5 % cada uno, en los años 2007 y 2008, para que puedan cumplir las metas propuestas, es decir, un 35 % de aumento, lo cual es superior a lo que se propone desde la actual administración".
"Se trata del mantenimiento del servicio y la atención necesaria para asegurar la calidad de vida y salud de la población. En esto, no puede soslayarse la responsabilidad de los gobiernos justicialistas primero concesionando y después volviendo a la órbita pública a la empresa y manteniéndola en situación de quebranto".
Con relación a la Empresa Provincial de la Energía, los legisladores aclararon que "este aumento estaba previsto por la administración anterior, pero la decisión no se tomó. Tal es así que desde la EPE en setiembre de 2007 se le pidió a Walter Agosto para 2008 un incremento del 17 %, que ese Ministerio de Hacienda nunca cursó, por el solo hecho que perdieron la elecciones".
Lamberto manifestó su preocupación e indicó que "tan crítica era la situación de la EPE en 2007 que los quebrantos operativos en ese año alcanzaron un peligroso valor del orden de los 100 millones de pesos. La proyección a 2008 era peor aún, arrojaba un quebranto operativo del orden de los 150 millones de pesos".
Los diputados explicaron que "la medida está orientada a compensar los incrementos de costos en el sector eléctrico, tanto los de transporte en el Mercado Eléctrico Mayorista y aumento de costos del año 2008. Además, la actual gestión impulsa un plan de obras plurianual de 1.000 millones de pesos, diseñado para sostener el crecimiento de la demanda energética de la provincia, obras que desde hace años que no se realizan".
Informar
Lamberto, jefe de la bancada socialista, dijo ser partidario de la necesidad de que los funcionarios vayan a la Legislatura a explicar las razones del aumento de tarifa y no descartó que en las próximas horas lo hagan los directorios de la EPE y de Assa. "Es una norma elemental del sistema. No hay nada que esconder", afirmó.
Todos los bloques justicialistas de Diputados firmaron una nota al presidente de la Cámara, Eduardo Di Pollina, solicitando la presencia de Ciancio y de las empresas para explicar las razones de los incrementos.
Legitimidad
El diputado del Frente Progresista, Marcelo Brignoni, pidió la suspensión de los aumentos tarifarios en Assa y EPE, arguyendo que "no fueron informados ni discutidos previamente ni en la Mesa Provincial del Frente Progresista, ni en el bloque legislativo de esa fuerza", dijo. El legislador consideró necesario suspender los incrementos, hasta que se clarifiquen los objetivos sociales de ambas empresas estatales, y se defina el financiamiento necesario para ello. "De ningún modo vamos a acompañar estos anunciados aumentos, que debería discutir la Legislatura provincial, porque nada tienen que ver con el espíritu de la plataforma del Frente Progresista que la gente votó. Por otro lado, el señor Ciancio a quien nadie votó, carece de legitimidad política para hablar en nombre del Frente Progresista, sobre este tema".
Más críticas del PJ y de la CGT
Los diputados justicialistas Mario Lacava y Marcelo Gastaldi cuestionaron el aumento tarifario y dijeron que "el socialismo justifica el aumento del agua con los argumentos de los franceses cuando abandonaron la concesión". En tanto, la CGT Santa Fe, cuyo secretario general es el diputado Alberto Cejas, advirtió que "el asalariado no puede recuperar su poder adquisitivo si los precios de los servicios siguen escalando".
Lacava y Gastaldi cuestionaron los dichos del gobierno para justificar el aumento agua diciendo: "Aguas Santafesinas está en quebranto y el gobernador Obeid no autorizó los aumentos por demagogia y politiquería. El ministro Ciancio y los socialistas que salen en defensa del aumento deberían recordar que los franceses, invocando estos argumentos, se retiraron de la concesión e iniciaron un juicio ante el Ciadi. Flaco favor le hacen los socialistas con estos argumentos a la defensa jurídica provincial, ya que los franceses, utilizando aquello de que, "a confesión de partes relevo de pruebas', seguramente invocarán esas afirmaciones del actual gobierno para apoyar su posición en el juicio en contra de la provincia".
Destacan que el anterior gobierno tomó la decisión de no aumentar las tarifas y de financiar el costo operativo de ambas empresas y las nuevas obras con fondos del presupuesto. "Ahora el actual gobierno modifica estas políticas, y está en todo su derecho a hacerlo. Pero tendrán que hacerse cargo al mismo tiempo de todo lo que ello implica para el bolsillo de los santafesinos, que están agobiados por sucesivos tarifazos".
Desde la CGT
Por su parte, la CGT Santa Fe manifestó su rechazo a los nuevos aumentos anunciados por la EPE y la empresa Aguas Santafesinas, ya que, "una vez más, el asalariado deberá hacer frente con su haber depreciado a tarifas de servicios que exceden, en su conjunto, su capacidad contributiva".
Cejas dijo que "estos aumentos van a golpear muy fuerte al sector asalariado porque apenas pudo recuperar en parte su poder adquisitivo y ya está sufriendo incrementos de todo tipo".
La central obrera no sólo ve con preocupación que sus recomposiciones salariales se licuan al ritmo de los aumentos, sino también el hecho de que pone en riesgo la permanencia y nueva radicación de industrias en nuestra región. "Con esta política de aumento de gravámenes y quita de ventajas impositivas se aleja todo tipo de esperanza y posibilidad de que nuevas industrias elijan Santa Fe para desarrollar sus actividades y se corre el peligro de que las pocas que quedan empiecen a mirar hacia otras provincias en mejores condiciones."