El directivo del Grupo Marsans Vicente Muñoz, afirmó que "se mantiene en vigencia el acta acuerdo" firmada el 17 de julio último con el gobierno para la evaluación del pasivo y la deuda de Aerolíneas Argentinas y Austral, pese a que la Cámara de Diputados decidió dejarla de lado y proponer otro mecanismo.
"El acta acuerdo está vigente y nosotros presentaremos una evaluación de nuestra parte, a cargo de una empresa internacional, porque la operación es una compraventa y el precio debe gustar a las dos partes, si no es una expropiación", afirmó Muñoz en un momento de su exposición ante las comisiones del senado que analiza el proyecto de re-estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral.
El acta acuerdo suscripta por representantes de la compañía y el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, estableció que el Estado recurrirá al Tribunal de Tasación, mientras la firma privada apelará a una empresa, para la que designó a Credit Suisse, para buscar acordar un precio y si no hubiera entendimiento, se recurriría a una instancia de arbitraje internacional.
Por su parte, el proyecto de Diputados fija que el precio será decidido por el Tribunal de Tasación, como única instancia, y luego deberá ser sometida a la decisión del congreso nacional.
Muñoz sostuvo que en caso de no producirse acuerdos con la evaluación oficial, Marsans recurrirá a la Ciadi o a otros organismos internacionales para que laude sobre las diferencias entre los dos valores: "Pero no tiene por qué haber diferencias. Y si no tendremos un problema", acotó.
Señaló que Aerolíneas Argentinas debe 18 millones de dólares y Austral 6 millones de dólares a la empresa Interinvest y opinó que esos valores deberán ser restituidos. "¿Por qué no se va a poder cobrar si nosotros lo hemos dado para cubrir costos operativos de esas empresas?", se preguntó.
En otro momento, dijo que el "pasivo total" de Aerolíneas Argentinas y Austral al 31 de mayo de 2008 es de "890 millones de dólares" y de inmediato sostuvo que las compañías tienen un "activo de 720 millones de dólares".
"Del pasivo total, sólo 240 millones son deuda exigible", afirmó Muñoz, al exponer en el plenario de comisiones del Senado. El gerente afirmó además que la situación que padecen las empresas aéreas se origina en el "hostigamiento que realizaron los sindicatos", con el objetivo de "que se vayan" los inversores españoles y con la consecuencia de provocar una confianza "nula" en la compañía y también por la falta de una política aerocomercial.
Los dirigentes expresaron además que el "Estado español puso 2.700 millones de dólares para el funcionamiento de Aerolíneas" desde 1990 y sólo en el 2001 la Sepi (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) entregó 750 millones "porque era Marsans quien administraba" la compañía.