Prefectos y líderes cívicos de cinco regiones opositoras de Bolivia acordaron ayer profundizar sus protestas contra el presidente Evo Morales y advirtieron que éstas pueden desembocar en la suspensión de la exportación de gas natural a Argentina y Brasil.

Las autoridades de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, reunidos desde el martes en la ciudad de Santa Cruz (este), emitieron ayer un comunicado reivindicando sus demandas: el regreso de recursos que el gobierno les quitó, el respeto a sus estatutos autonómicos y el rechazo a la nueva Constitución del oficialismo.

Los opositores advirtieron que "de persistir las acciones del gobierno, no nos responsabilizamos de cualquier acción que impida el suministro de carburantes al exterior del país", en referencia a las exportaciones de gas natural a Argentina y Brasil.

Los prefectos y líderes cívicos determinaron además "rechazar e impedir el propósito de imponer un texto de reforma constitucional que carece de legalidad y legitimidad", tras la decisión del gobierno de insistir en la realización del referendo el 7 de diciembre para dar luz verde a la norma.

En ese sentido, ratificaron que no permitirán en las cinco regiones "ningún referendo", pues argumentan que el borrador de la Carta Magna sólo refleja el mundo andino y campesino, además que su aprobación fue irregular y sin debate ni consenso.

Los líderes regionales afirmaron que también "se ha decidido masificar el bloqueo de rutas en los cinco departamentos, en adhesión a las medidas del Chaco", cerca a las fronteras con Argentina y Paraguay, donde se cumple similar medida desde la semana pasada.

La protesta, que ha suspendido todo tráfico terrestre a los dos países, pide que el Ejecutivo devuelva a los nueve departamentos de Bolivia unos 166 millones de dólares de un impuesto petrolero, al tiempo que rechaza la nueva Constitución de corte indígena y estatista que impulsa el oficialismo.

También demandan que Brasil y Argentina, que consumen en total entre 32 y 34 millones de m3 de gas natural al día, paguen al menos el doble del precio que pagan, que oscila entre 7 y 9 dólares el millón de BTU (Unidad Térmica Británica).

Tras el pronunciamiento opositor, el gobierno de Morales salió al paso para rechazar los reclamos y para acusar a los prefectos de actuar con motivaciones políticas y para buscar el "separatismo y la división" de Bolivia.

"Insistir en la aplicación de ilegales estatutos autonómicos solamente llevará a que los rasgos de separatismo, divisionismo y racismo se expresen de manera más virulenta en algunos departamentos del país", afirmó el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, en conferencia de prensa.