Apartaron de sus cargos a los jefes de la Unidad Regional XII La Justicia de Tostado ordenó una docena de allanamientos en la Jefatura de Policía del departamento 9 de Julio y en comercios de la ciudad cabecera. El jefe de Policía de la provincia, Juan Luis Hek, ordenó ayer el relevo de las autoridades.
Los comisarios Carlos Hernández y Darío Ayala, jefe y subjefe de la Unidad Regional XII del departamento 9 de Julio, fueron apartados de sus cargos este jueves. La decisión, tomada por el comisario Juan Luis Hek, máxima autoridad policial de la provincia, surge de una causa por presuntas irregularidades en el manejo de fondos realizada el año pasado.
Este miércoles, el juez de Instrucción de Tostado, Julio César Clementín, ordenó una serie de allanamientos en la sede policial y comercios de la zona, en los que "se recolectaron muchísimas pruebas", adelantó una fuente tribunalicia. A raíz de ello, intervino la División de Asuntos Internos Ädelegación centro norteÄ, que envió a ocho funcionarios para trabajar en el relevo de pruebas.
Dada la gravedad del caso, el comisario Hek viajó ayer a Tostado para supervisar el operativo y para relevar de sus cargos a la cúpula de la URXII. Además del jefe y subjefe cesó en sus funciones el policía Néstor Cejas, hasta entonces en el cargo de Habilitado, que es el responsable de la administración de recursos de la sede policial.
Según trascendió, la decisión de ordenar tales movimientos contó con el aval del ministro de Seguridad de la provincia, Daniel Cuenca y del secretario de Seguridad Pública, Carlos Iparraguirre, que se pusieron en contacto con el jefe de provincia.
Por una pelea
La denuncia la hizo el subcomisario Máximo Miguel Pagura, que trabajaba en esa dependencia y fue trasladado tras ser sumariado el año pasado por un entredicho con el habilitado. Como correlato, la Justicia abrió una causa por presuntas "irregularidades" detectadas en la administración de fondos y recursos de esa unidad.
El año pasado, el juez Clementín tomó declaraciones informativas a los principales jefes de la jurisdicción y pidió un perito de la Corte Suprema de Justicia para realizar una "auditoría contable" de los libros de la unidad.
El denunciante, que tiene más de 20 años de servicio, la mayoría en el departamento 9 de Julio, se refirió en su momento a partidas presupuestarias provenientes de las arcas del Estado provincial destinadas "al arreglo de unidades móviles", en cuyas facturas "obran precios sobreelevados".
También cuestionó que sobre una partida de $ 18.000, se utilizaran sólo $ 8.000 para la alimentación del personal, "debiendo existir un sobrante del que se desconoce su destino", entre otros.
Interventores
La denuncia de Pagura, que además realizó pedidos formales a la Legislatura y el Concejo Municipal de Tostado para que se investigue, agilizó el avance de la causa.
Ayer, tras el relevo de los titulares de la fuerza, el jefe de Policía nombró como interventores de la Unidad Regional XII, al comisario general Sergio Sueldo y al comisario inspector Héctor Gatti, que ya están al frente la regional.
Mientras tanto, unos 7 u 8 agentes de Asuntos Internos se dedican a cotejar información de dos años y medio atrás, que consta en los libros de cuentas de la Policía. De esos papeles, surgiría el pago por servicios inexistentes, o de altas sumas de dinero por arreglos menores que no justificarían las erogaciones.
En busca de información complementaria, las autoridades judiciales se hicieron presentes en los comercios y proveedurías que trabajan con la Policía, a los fines de constatar la compra de determinados bienes o el pago de ciertos servicios.
"Esto recién empieza"
Luego de la intervención de la Unidad Regional XII del departamento 9 de Julio, El Litoral se comunicó con el subcomisario denunciante, Máximo Miguel Pagura, quien adelanto que "esto recién empieza", aunque reconoció que "es un paso adelante". No obstante cuestionó "que se debería haber hecho en noviembre", cuando radicó la denuncia.
En ese sentido dijo que va a "seguir cuestionando la inacción del juez durante todo este tiempo", por lo que hoy presentó "un escrito al fiscal del caso".
Pagura reclama responsabilidades por los trastornos personales ocasionados luego de su traslado a una dependencia de la unidad Regional de San Cristóbal; y se quejó por el deterioro de su situación laboral, puesto que ese traslado se habría realizado "con total abuso de autoridad", recalcó.
El policía que denunció a sus superiores por supuesta malversación de fondos públicos está "en disponibilidad por el presunto abandono de servicio". Consultado al respecto dijo que "la junta me mandó a trabajar cuando había presentado certificados médicos que acreditaban esa imposibilidad".
Fuga en Rosario
A raíz de la fuga de dos presos de una comisaría de Rosario, las autoridades de la Unidad Regional II habrían relevado de sus cargos a los jefes, y ordenado el pase a disponibilidad de tres policías que estaban de guardia ese día, según publicó hoy el diario El Ciudadano de esa ciudad.
Dos presos escaparon de la comisaría 5ª, ubicada en Italia al 2100, de Rosario, el jueves por la mañana. Ocurrió cuando los detenidos limpiaban la antesala de la comisaría, alrededor de las siete de la mañana, y no hubo aberturas forzadas ni situaciones de violencia. Al parecer, aprovecharon un descuido de la guardia y saltaron por los fondos a una playa de estacionamiento que da a calle España.
Por "responsabilidad administrativa", fueron apartados de sus cargos el jefe Fernando Arco, y del subjefe, Daniel Pagán.
Como consecuencia de la fuga el juez Correccional de la 9na. nominación, Héctor Núñez Cartelle, le tomó declaración informativa al oficial de guardia, el superior de servicio y al cabo de cuarto, que estuvieron en el lugar.
Los presos fugados serían José Alberto Canela (37), procesado por robo calificado y privación ilegal de la libertad, y Ricardo Lezcano (33) acusado de una tentativa de robo y un asalto. El último ya se había querido escapar de otra dependencia un mes atrás.
Drogas.
La cúpula de la División de Control y Prevención de Adicciones de la provincia ordenó el traslado del sub jefe de Inteligencia Zona Sur a otra dependencia. Se trata de un "cambio administrativo", debido a que el funcionario en cuestión no habría alcanzado los objetivos propuestos por sus superiores en la lucha contra el narcotráfico emprendida por el gobierno de la provincia.
