El gobierno de la provincia, a través de la Fiscalía de Estado, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el hábeas corpus iniciado por el juez de Instrucción Julio César Costa, que intima a la provincia a desalojar a los 119 detenidos que se encuentran en comisarías de esta ciudad. Dicho hábeas corpus se originó a instancias del procurador general de la Corte Suprema provincial, Agustín Bassó, quien sugirió la medida a defensores generales de los tribunales de Santa Fe.

En la presentación realizada por el gobierno se menciona, entre otros puntos, que el recurso interpuesto por el magistrado santafesino "altera el ejercicio regular de sus cometidos públicos" y constituye "una acción de cumplimiento imposible en el lapso acordado y de graves secuelas generales y particulares".

Además, cuestiona que no se le concediera a la provincia la oportunidad de explicar cuáles son sus planes para la erradicación de presos en comisarías.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, reiteró sus cuestionamientos a la urgencia planteada a través del recurso.

"El domingo (según la intimación) tenemos que llevar la respuesta a un problema que tiene 20 años; entendemos que esta decisión es arbitraria, que no es constitucional y tiene algunos vicios y errores, por eso presentamos el recurso de inconstitucionalidad ante la falta de apelación", advirtió.

El ministro dijo que la pretensión de su gobierno es más ambiciosa, y consiste en lograr que la Corte Suprema "habilite el recurso de inconstitucionalidad, y luego permita la realización de audiencias públicas donde su cartera pueda explicar la política que tiene en relación a los detenidos que se encuentran tanto en las seccionales como en las cárceles. Queremos que la propia Corte evalúe el plan de erradicación de preso en comisarías", sostuvo Cuenca.

El ministro recordó que desde el primer día de gestión sostiene que "es decisión política de su gobierno erradicar las comisarías de presos y que el personal policial se dedique a patrullar las calles y no a cuidar internos".

Sin embargo, insistió en recalcar que "esto no se puede solucionar en 10 días; el gobierno tiene proyectos para tal fin y nos hubiese gustado que se tomaran en consideración".

Por último, reiteró la sorpresa que le provocó el consejo del procurador Bassó hacia los defensores generales. "Nos llama mucho la atención la actitud del procurador Bassó, de inmiscuirse en este tema con una vehemencia que no le conocíamos en su pasado de juez Penal donde seguramente vivió esta realidad y no ha accionado", concluyó.

De la redacción de El Litoral