"Si no hay consenso político, la reforma tributaria no podrá ser aprobada", admitió el diputado radical Carlos Fascendini, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda que hoy tiene bajo análisis el mensaje del Poder Ejecutivo. El legislador sí reconoce que este consenso se ha alcanzado en el seno del Frente, una coalición integrada por distintos partidos políticos.
La comisión recibió el jueves último a una serie de entidades nucleadas en el Consejo de Entidades Empresariales y de la Producción de la provincia, que dejaron un rosario de quejas. Fueron al encuentro representantes de las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, de la Cámara Argentina de la Construcción, de Fececo, Adeessa, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Carsfe.
Semanas antes, pasaron por la comisión la Fisfe, que nuclea a los industriales; los expendedores de combustibles y el foro de intendentes y presidentes comunales del justicialismo. El jueves próximo será el turno de autoridades de Correo Argentino, empresa estatal que quiere plantear también su punto de vista.
"Estamos escuchando a todas las entidades que nos piden audiencia, que nos quieren hacer llegar su opinión, que quieren hacernos observaciones y aportes para el proyecto que tenemos a consideración", señaló el radical. Claro, a la hora de subir impuestos o reimponer otros, nadie aplaude y todos pretenden hacer llegar su oposición. "Hay oposición de diverso tipo, pero, también, sectores que quieren aprovechar la oportunidad para corregir vicios o eliminar inseguridades jurídicas que tiene la actual norma tributaria provincial".
Fascendini reconoció que la comisión "no tiene plazo para emitir dictamen. Vamos a terminar de escuchar entidades y no tenemos plazo. Analizaremos cada punto", aclaró. La reforma incluye la creación de un monotributo social, volver con Ingresos Brutos a algunos sectores exentos y subir el Inmobiliario, incluyendo la posibilidad de una quinta cuota para el corriente año a fin de ayudar a los municipios y comunas que reclaman mayores fondos.
El radical esperancino reconoció que el mensaje del Ejecutivo llega con un acuerdo marco con los partidos que integran la coalición gubernamental. "Tenemos consenso en apoyar la reforma tributaria. Estamos viendo los pormenores y ajustando todo lo que se pueda el proyecto para ponerlo en línea con los distintos reclamos. Queremos que sea una ley verdaderamente equitativa y justa. Tratamos de observar que no se produzcan inequidades o consecuencias no deseadas cuando se anuncian las generalidades".
Presupuesto y Hacienda también tiene a estudio el proyecto ya votado por el Senado subiendo los índices coparticipables. Fascendini dijo que no se tratan ambos proyectos en forma conjunta. Enseguida aclara: "Todos los proyectos que son importantes para la provincia exigen un marco de consenso, de discusión política que lleve a acuerdos básicos para que tengan posibilidades de ser sancionados. Nadie ignora la situación política de Santa Fe en la Legislatura, donde una Cámara tiene mayoría del Frente Progresista y en la otra, del Frente para la Victoria. Es evidente que, si no hay un consenso político, un acuerdo sobre bases mínimas para poder sacar un proyecto de ley, nada va a prosperar. Podrá salir de una, pero dormir el sueño eterno en la otra. Se imponen el diálogo político, la razonabilidad de las medidas que se vayan a adoptar porque no sólo está en juego la gobernabilidad de la provincia, sino también el destino y la preocupación de muchísimos municipios y comunas en manos de distintos signos políticos".
Cada sector tiene quejas a la reforma tributaria. Un breve resumen de los reclamos es el siguiente:
* Federación Industrial de Santa Fe: cuestiona la pérdida de las exenciones impositivas; el dispar tratamiento que se les asigna en Ingresos Brutos a las empresas, según estén o no incluidas en el Convenio Multilateral, y advierte que, por la especialización que presenta la estructura productiva, el impuesto impactará en forma acumulativa sobre el precio final que terminará pagando el consumidor. Esta situación en cascada no ocurre con el importador, que paga una sola vez el tributo.
También marcan que, al gravar a las industrias que superen la facturación de 2.000.000 de pesos, que generalmente son las formadores de precios, los insumos y productos llegarán con ese componente cargado a los valores que pagan tanto los industriales intermedios como los consumidores.
* Cámara Argentina de la Construcción: el sector pide que se lo considere como a una industria y que se contemplen en el nomenclador de actividades las actividades específicas que componen la construcción, dentro del rubro industria.
Afirman que el proyecto genera inequidad en el tratamiento de la obra pública, según sea la provincia la que esté a cargo de la ejecución, o una Municipalidad, comuna o la Nación. La provincia tendría alícuota cero, y los restantes tendrán que pagar Ingresos Brutos.
Los constructores piden incluir en la reforma las particularidades de la operatoria de gestión de la construcción en general. Es decir, que se equipare el tratamiento de exenciones a los subcontratistas a las UTE y se tenga presente que el fideicomiso es una figura jurídica multiplicadora de la actividad de la construcción.
* Bolsa de Comercio: objeta la suba de la alícuota de los cereales que pasaría del 4,1 al 4,5 %.
Se legisla el canje de cereales, hoy en zona gris, gravándolo con una alícuota del 1 %. Al porcentaje se lo considera elevado con respecto al 0,2 % fijado por Córdoba y Entre Ríos.
* Entidades agropecuarias: cuestionan la suba del Inmobiliario Rural y recuerdan que los municipios y comunas fueron disponiendo ajustes en las tasas por hectáreas y los comités de cuenca.
Advirtieron que la suba del avalúo fiscal impactará en otros tributos, tales como Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta.
La diputada justicialista Silvina Frana, integrante de la comisión de Presupuesto y Hacienda, cuestionó varios aspectos de la parte general de la reforma tributaria, entre ellos las facultades de la API cedidas a la Subsecretaría de Ingresos Públicos.
La legisladora santafesina advirtió, además, que se pretende facultar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, para que establezca con carácter general a grupos o categorías de contribuyentes la reducción de intereses y multas de hasta un 50 %, "lo que resulta equivalente a establecer un régimen de pseudomoratoria permanente. Esta facultad es de competencia exclusiva de la Legislatura y sería una delegación inaceptable", aseguró.
La Federación Agraria Argentina pidió al Poder Ejecutivo el retiro del proyecto de reforma tributaria provincial, la convocatoria a una mesa de negociación y trabajar en una "verdadera reforma sobre la base de la progresividad, personalización y equidad, que no esté atada a la simple necesidad de recaudar". También reclamó trabajar en la creación de un nuevo catastro, aprovechando la suspensión de la unidad económica que permite la unificación de inmuebles.
La postura fue adoptada por los directores y delegados de Federación Agraria. El documento señala que el proyecto "fue introducido en forma unilateral, sin la consulta de ningún sector económico y social involucrado, cayendo en una grave metodología de gobierno que el sector agropecuario repudió a nivel nacional".
Según FAA, la propuesta del Ejecutivo sobre Inmobiliario Rural implica un aumento de avalúo que no sigue los principios básicos de equidad y capacidad contributiva y explica que un pequeño propietario de 88 hectáreas en el departamento Rosario, que hoy paga anualmente 1.612 pesos, con el nuevo proyecto tributará 8.888 pesos.
Mario Cáffaro