Tras una reunión entre la conducción de UPCN y el secretario de Finanzas Públicas, Carlos Fernández, las partes encontraron algunas coincidencias que permitirían destrabar el conflicto en API y Catastro.
Según dijo a El Litoral el titular del gremio, Alberto Maguid, se convino retrotraer la situación hasta la instancia previa al conflicto, a fin de generar las condiciones propicias para constituir una comisión bipartida que durante quince días pueda analizar la situación y determinar cómo seguir.
"Se trataría de una especie de tregua de quince días, durante los cuales, los empleados no harían medidas de fuerza, y el gobierno se comprometería a que el personal que pertenece a la Subsecretaría de Ingresos Públicos no realice más tareas que le competan a personal de planta de API. Además, se comprometen a devolverle las claves de las computadoras al coordinador general", explicó Maguid.
Como se sabe, el personal denuncia una superposición de estructuras a partir de la creación de la Subsecretaría de Ingresos Públicos, y un avasallamiento de la carrera administrativa del personal de planta.
La comisión que analizaría el tema durante quince días estaría integrada por seis miembros, tres por el personal (sería un delegado de API Rosario, otro de API Santa Fe y otro del interior) y otros tres por el Poder Ejecutivo.
De todas maneras, la medida de fuerza recién se levantaría cuando la asamblea de personal pudiese analizar lo acordado y resolviera avalarlo. Pero al cierre de la presente edición, el acta en la que el gobierno debía dejar por escrito lo acordado con el gremio, aún no había llegado a la sede de API. Por lo tanto, la medida de fuerza hoy se cumplió de manera completa.
"Estamos de acuerdo en la necesidad de hacer esta tregua Ädijo Maguid a El LitoralÄ, que nos permita dialogar durante quince días y encontrar una solución que garantice el respeto a los trabajadores. Pero es una cuestión que tienen que resolverla los empleados en su respectiva asamblea", dijo el dirigente.
De la redacción de El Litoral