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María del Rosario Brilloni Cozzi (*)
Durante el primer Centenario de Mayo nuestra Argentina parecía florecer: la economía daba buenos frutos, la sociedad se expandía y estaba latente el ideal del logro de una República unida en base a un proyecto común. Se respiraba en el aire que los proyectos que guiaron a los Hombres de Mayo tomaban forma y que estaríamos orgullosos de haberlos concretados. Sin embargo, la situación de nuestro país se fue complejizando y comenzó a faltarle algo tan indispensable como la conformación de una ciudadanía íntegra, capaz de ser la base de un Estado democrático.
Existieron, a lo largo de nuestra historia, períodos signados por dictaduras nefastas, crisis económicas, tanto a nivel mundial como a nivel nacional, que nos golpearon fuertemente, luchas sociales que fragmentaron al país y enfrentamientos políticos; fenómenos que no sólo nos desunieron, sino que, además, hicieron que el Estado se debilitara y perdiera de vista los objetivos fundamentales de la Democracia: la Libertad y la Igualdad. Ante este panorama, la sociedad quedó perpleja y se empezó a sentir el clamor de una ciudadanía que pedía a gritos la estabilidad nacional para poder ejercer los derechos civiles, sociales y políticos.
Como señalan algunos grandes pensadores, para concretar la vigencia de dichos derechos es importante lograr la plena participación del pueblo sin marginación ni exclusión social, pero, ¿Argentina, camino al segundo Centenario, cuenta con esos requisitos tan esenciales? No existe una respuesta certera aunque sí encontramos signos que nos permiten ver que nos encaminamos hacia una ciudadanía plena y, a pesar de esto, factores que parecen recorrer el camino inverso.
Nuestra trama social está conformada por los incluidos, la minoría; y los excluidos, la mayoría. Dicha división pone de manifiesto que la participación popular no está del todo lograda y no parece haber proyectos políticos que busquen la unificación, aunque sí existan en los discursos de todos. La vulnerabilidad lograda de esta manera deja al borde del precipicio el sentido de pertenencia a una comunidad política, ya que no se tienen en cuenta los intereses y las necesidades de todos por igual y se privilegian aquellas alianzas que favorecen a unos pocos y que no hacen más que profundizar el sentimiento de que uno no vale.
Al formar parte de esta gran aldea global en la que se ha transformado el mundo, se priorizan los intereses económicos, la actuación monopolizada de los que están en el poder, la influencia de los medios masivos de comunicación en la formación de opiniones y no se garantiza la participación de los ciudadanos tanto en las cuestiones sociales y políticas como en las económicas. Tampoco se deja que la voz del pueblo se escuche y así la fragmentación se enfatiza. A pesar de esto, encontramos que como pueblo nos limitamos al voto, en vez de ejercer todos los derechos políticos y no controlamos el accionar de nuestros gobernantes.
Así como en un momento el ejercicio de los derechos fue la bandera de algunas ideologías, actualmente se ha perdido de vista, gracias a la debilidad de las instituciones democráticas, la fragmentación social y, principalmente, por la falta de participación de la ciudadanía en cuestiones que rigen la vida en comunidad.
El derecho a participar implica que gobernantes y gobernados trabajen en forma conjunta; para llevar a cabo esto debemos dejar de lado ciertos parámetros que utilizamos para decidir qué opinión vale y cuál no. Prejuicios como la segregación, la intolerancia, la falta de respeto y de solidaridad contribuyen a que no nos ayudemos y busquemos el bien particular y no el bien común. De esta forma, el pueblo también genera división y no se hace cargo de la misma.
Si no participamos, no nos preocupamos; si somos egoístas, si no ejercemos nuestros derechos y el Estado no los garantiza; si delegamos y nos desvinculamos de las problemáticas que nos afectan; si las distintas líneas de la acción política critican en vez de trabajar para el pueblo; si no reconstruimos entre todos el Estado, lo único que tendremos será una ciudadanía incompleta. ¿Es esto lo que queremos para las futuras generaciones?
A dos años del Bicentenario de la Revolución, debemos enfocarnos en el objetivo que se propusieron aquel 25 de Mayo de 1810: lograr una Nación unida e independiente, además de proponernos nuevas metas como la justicia social, la equidad, la justa distribución de la riqueza. Si deseamos la emancipación social, empecemos por construir un país autónomo, con las herramientas necesarias para lograr las metas con éxito, educando ciudadanos que se interesen por la vida política, eligiendo aquellos gobernantes en los que la delegación de la soberanía popular sea respetada y tenida en cuenta.
Desde la dependencia del Imperio Hispano hasta la Independencia en 1816, de la sanción de la Constitución Nacional a 1880, del Modelo Agro-exportador a la crisis de 1930, de la Ley Sáenz Peña a la lucha de Evita por la participación de la mujer en el proceso eleccionario, desde el mundo Bipolar a la caída del Muro de Berlín, desde 1976 hasta el restablecimiento de la Democracia en 1983, del período Neoliberal al acabóse económico, de la crisis de 2001 hasta la iniciación de proyectos que parecen querer recomponer al país. Si se ha logrado mejorar, pienso que el eje más importante de nuestra lucha debe ser la participación de los miembros de la sociedad porque ellos son los titulares del poder en el Estado democrático y tienen la obligación de opinar.
Como expresó el gran escritor portugués José Saramago: "Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, sin responsabilidad quizás no merezcamos existir".
Asumamos las responsabilidades sin deslindarnos de ellas y respetemos nuestra memoria. Si elegimos otro camino, nuestro proyecto de país se derrumbará y dejará de existir. Continuemos luchando por aquello que patriotas como San Martín, Belgrano, Artigas, Brigadier López, Urquiza, entre otros, profesaban en cada una de sus acciones: el logro de la unidad y la conformación de una Nación digna.