La Argentina sufre una crisis energética severa, desatada por el atraso en las inversiones en infraestructura, el abandono de una planificación que parta del concepto de la eficiencia en el uso de los recursos renovables y no renovables, y de políticas públicas que se sostengan más allá de los cambios de gobiernos.
Hoy el país tiene una capacidad de generación, transporte y distribución de energía eléctrica que ante picos de demanda resulta insuficiente en alguno de esos subsectores.
Las novedades de la crisis -negada tanto durante los últimos años de la convertibilidad como en el período de crecimiento que se creó tras su traumática salida- están a la luz pública y a diario. Así, por ejemplo, las dos usinas térmicas que se construyen en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires deberán poder quemar tanto fueloil como gas natural, porque no ha sido asegurada aún la provisión de este último, mucho más económico.
Otro tanto cabe para la importación de energía tanto eléctrica desde países vecinos como en combustibles líquidos, que por miles de millones de dólares viene a reforzar el atrasado parque generador argentino.
Finalmente, en distribución las cosas no están mejor: cada verano el aumento de la demanda de potencia causa apagones porque amplias capas medias de usuarios residenciales han podido comprarse equipos de refrigeración que al encenderse superan la capacidad instalada en las redes, estaciones y subestaciones transformadoras.
El panorama energético del país es consecuencia tanto de las decisiones que se tomaron durante el programa de privatizaciones que hicieron que se perdieran criterios básicos de planificación, como de los años que le siguieron. Hoy el oficialismo repudia aquel período pero no logra superarlo, ni parece dispuesto a hacerlo. Se cargan las culpas sobre las transformaciones basadas en las leyes del mercado y la reforma del Estado, pero no se ha desarrollado una infraestructura que supere esa situación. La inversión va muy atrás del crecimiento de los requerimientos de la demanda.
Seguramente si se comprendiera que la Argentina sufre una crisis energética seria, la población aceptaría con más facilidad el cambio de horario que se ha dispuesto desde el 19 de octubre.
Una polémica y mucho mal humor rodean a la medida. Las repercusiones se difunden en los medios de comunicación y se repite que la modificación del huso horario no ahorra energía. Debe advertirse que en realidad, sí lo hace, porque se disocian los horarios del pico de consumo de los usuarios residenciales del encendido del parque de alumbrado público.
En otras palabras, alterar el reloj en la franja este del país (donde se concentra el 80% del mercado eléctrico) no baja la cantidad de kilovatios consumidos sino que los ordena de un modo en el que no coinciden todos los demandantes de energía al anochecer.
La idea de que el país no necesita ahorrar energía y de que el cambio de hora no tiene los efectos esperados, constituyen falacias que no ayudan a comprender los límites que -en materia energética- condicionan a las empresas industriales y a la economía argentina.