Más acá de la anécdota sobre la momia de Tutankamón

Hugo E. Grimaldi

(DyN)

El jueves pasado, un funcionario de primera línea advirtió: “... y además tengo encuestas”, para justificar la embestida final contra la jubilación privada, lo que el gobierno ha considerado como una victoria política de primer orden. Antes, había señalado convencido que “no, no es así...” cuando dos periodistas le manifestaron, en una conversación informal, que se percibía cierto malhumor social por la medida. Arriba de su mesa se apilaban referencias numéricas sobre el apoyo de la sociedad (59 %) a la estatización de los ahorros previsionales, “incluidas las de algunos que no trabajan para nosotros”, lo que estaría explicando por qué el gobierno cruzó sin angustias el Rubicón de la contrarreforma previsional.

Desde la manipulación de la opinión pública, haberle transferido la responsabilidad del mal manejo de inversiones y del cobro de altas comisiones a las AFJP y que todos lo repitieran como loros sin tener en claro que todas las decisiones normativas corrían por cuenta del contralor estatal de la Superintendencia ha sido un logro que merecería comenzar a circular en los libros de texto de comunicación. Tampoco lo aclararon las Administradoras, pero esto no es una novedad porque, sospechosamente, se rindieron antes de pelear y sólo miraron sus propios patrimonios, al menos dos de ellas, que les depositaron fondos de los jubilados a sus bancos-dueños, algo que prohíbe la reglamentación, por lo que van a ser querelladas.

Más allá de lo técnico, también el funcionario se arriesgó a decir “vamos a conseguir 46 votos” y no se equivocaba, ya que la aprobación senatorial que terminó con las AFJP esa misma noche le devolvió a Cristina Fernández el manejo pleno del Congreso, perdido cuando no logró que se aprobara la Resolución 125, lo que la primera familia vivía desde entonces como un baldón. Las puertas del ala presidencial estaban esa tarde convenientemente cerradas, a lo sumo, después de haber sido incensadas para sacar toda referencia al aura de Julio Cobos, quien había estado por allí durante la mañana en ausencia de la presidenta, que promediaba por entonces su inexplicable gira comercial por cuatro países del norte de África.

Más allá de la anécdota sobre la momia de Tutankamón y sus tesoros, que el progresismo cree que fue usada mediáticamente por la derecha vernácula para tildar de irrelevante la visita, no está mal el calificativo de inexplicable para enmarcarla, ya que la Argentina, que se empeña con lógica en abrir mercados jugando la figura de su máxima autoridad en la movida, se ha cansado durante los últimos meses de cerrarlos de uno en uno, con decisiones de recorte de exportaciones sobre carnes, granos y lácteos tomadas por la misma presidenta, que marchan a contramano de las promesas que suelen hacerse en estas ocasiones. Igualmente, cuando Cristina vuelva a sentarse en su despacho tendrá por delante varios temas críticos que resolver, como, por ejemplo, firmar los decretos reglamentarios de traspasos de fondos jubilatorios a la Anses y también las modalidades de inversión que sustentarán el proyecto “keynesiano y peronista” (Néstor dixit) de apoyo a la obra pública y de estímulo a las actividades industriales, para que ayuden a detener el floreciente desempleo.

Este tema es hoy la gran preocupación del gobierno y de ella daban fe las planillas que tenía también sobre su mesa el funcionario, en las que se hacía un seguimiento de la situación laboral, fábrica por fábrica, en la industria automotriz. En materia fiscal, Cristina estará en condiciones de dar buenas noticias, ya que con el dinero del nuevo superávit que surge del aumento de fondos de la seguridad social, la semana próxima se hará el lanzamiento de un plan de infraestructura por unos $ 8 mil millones en 2009, que ahora mostrará un redireccionamiento del gasto hacia obras menores en envergadura, pero que cubren necesidades sociales y que, además, tienen un rédito electoral más seguro que el tren bala, por ejemplo.

Así, la mano del Estado nacional llegará a las intendencias con fondos frescos para pavimentos, cloacas y desagües pluviales, junto con promesas de más escuelas y viviendas. En cuanto a la inducción de una mayor competitividad de las industrias, se habla de medidas por el lado de menores retenciones y mayores reintegros, que compensarían el dólar a $ 3,30 que la UIA dice que no alcanza para exportar.

Otra grave misión le aguarda a la presidenta apenas llegue, ya que debe tomar una decisión para ver si quiere o no encauzar desde lo diplomático la decisión de avanzar en la expropiación de Aerolíneas Argentinas. En su ausencia, mucho se agitó el avispero y hubo avances legales con más ruido mediático que efectivo y declaraciones inconvenientes de ambas partes, de Marsans y de funcionarios del gobierno argentino, en una suerte de peligroso minué que está enrareciendo demasiado la relación bilateral comercial con España, bastante ajada por cierto y sólo sostenida por la necesidad de ese país de no menguar el protagonismo que tiene en América Latina.

Por ejemplo, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, ha dicho en estos días que el gobierno “hará cumplir la ley”, antes que el acta-acuerdo que él mismo firmó y que la presidenta anunció a mediados de julio. Allí, se hablaba de un tercer tasador, de esta manera, y ésa es la carta que los españoles van a jugar: “En caso de existir diferencias entre las valuaciones que se efectúen y/o de no arribarse de otro modo a un acuerdo de los precios de ambos paquetes accionarios, se solicitará una tercera valuación de una entidad imparcial, nacional o extranjera, de prestigio internacional, especializada en compraventas y/o valoraciones de empresas internacionales del sector, cuya valuación será final y definitiva para las partes”. Es sabido que la presidenta y su par español, José Luis Rodríguez Zapatero, hablaron a solas del tema en El Salvador hace dos semanas, pero las versiones difieren, según sea quién cuenta lo dicho entre ellos. Para el gobierno nacional, ya estaría todo resuelto con España, porque aducen que Zapatero habría dado la venia para avanzar, debido a que el Grupo Marsans también tiene sus problemas legales en la Madre Patria y a favor de que se respete al resto de las empresas de ese país: “Mátalos, pero que no se hable de los gallegos esto o estotro”, afirman que dijo el socialista. Por su parte, uno de los directores por Interinvest (Marsans), Jorge Molina, acaba de referir que espera que Cristina les “ponga freno a los funcionarios”, en obvia referencia a Jaime, quien el viernes logró un amparo de un juez (que no es el del concurso) para colocar un “veedor” oficial; en realidad, un perito contador de la nómina del fuero administrativo, sin manejo de la empresa para que elabore informes periódicos para el juzgado, algo que fue vendido por el gobierno como la presencia de un “interventor”, camino a la expropiación. Pero Molina fue más allá, ya que interesadamente tocó el aspecto diplomático, refirió que ambos presidentes acordaron llegar a una solución “amigable” y dijo que cree que la negociación se va encauzar, ya que “la presidenta va a tomar cartas en el asunto, porque es una persona muy inteligente” y no va a “tirar una relación de muchos años entre los gobiernos”. Lo cierto es que, con todos estos cruces de opiniones y declaraciones, la Cancillería española está que arde y ya ha mandado a decir, a través de la prensa, que confía “en una solución negociada” y que ambos Ejecutivos “están en contacto”, afirmación que no ha tenido correlato todavía en el Palacio San Martín.