Vicente defiende la calidad

Reconocen demoras en la selección de magistrados

Admiten que no se ha podido cumplir con los plazos previstos, pero defienden la “movilidad” y apertura generadas por el actual mecanismo. A fin de año, se espera concluir cinco concursos, y otros 24, para marzo de 2009.

Teresa Pandolfo

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A propósito de una apreciación vertida en el comentario dominical “Apuntes de política provincial”, en el que se sugería la conveniencia de revisar los tiempos del sistema de selección de jueces, dado que desde que se puso en práctica el nuevo sistema se había llegado a un solo pliego -para camarista de Venado Tuerto-, el secretario de Justicia de la provincia, Roberto Vicente, solicitó conversar con la autora del artículo.

Vicente admitió que también le preocupaba las demoras pero ratificó que prefería “sacrificar celeridad por calidad”, un concepto que reiteró varias veces en la charla.

En la actualidad, hay 54 vacantes de magistrados en el Poder Judicial; los concursos en marcha suman 29 y a la Legislatura, hasta ahora, ha llegado un pliego solamente. El funcionario recordó que algunos juzgados vacantes poseen jueces subrogantes.

“Cuando se ideó el nuevo sistema de selección de magistrados, se estimó que el procedimiento de evaluación y de entrevista demandaría entre 90 y 100 días hasta llegar a la definición de la persona para ser juez o ascender dentro de la Justicia. Estos plazos se han ido estirando porque tanto los tribunales evaluadores como los entrevistadores son ad honórem”, aseveró Vicente, como una primera causa del tiempo transcurrido.

El otro aspecto que pesa en la cuestión de marras es que los integrantes de las instancias evaluadoras deben establecer los mecanismos de las pruebas a realizar; las pautas para la corrección de los exámenes y acuerdos con respecto a otras instancias del proceso, lo que demanda conciliar criterios y tiempos entre los participantes, punto no siempre sencillo.

Vicente defendió el mecanismo empleado, señalando que ha producido “una gran movilidad” y apertura hacia interesados que no pertenecían ya a la magistratura.

En este sentido, el secretario de Justicia remarcó que 10 miembros participan en cada concurso para la definición de un juez y que esto implica, en el caso de los procesos en marcha, la participación en la actualidad de 250 evaluadores y entrevistadores.

Puso de relieve la importancia de esta participación como uno de los ítems de la garantía respecto de la persona elegida para la magistratura.

Cinco concursos concluidos

En la actualidad, hay cuatro concursos terminados, es decir ya con ternas definidas y otro en sus últimos tramos con instancia de entrevista para febrero. Es decir, según Vicente, para fin de año se contaría con cinco concursos concluidos y respecto de los 24 restantes se estima que estarán terminados para el primer trimestre del año próximo.

En tanto, antes de fin de año se llevará adelante otro sorteo de tribunales evaluadores y entrevistadores para que en febrero se encuentren en marcha.

El doctor Vicente comparó la metodología de selección de parte del Consejo de la Magistratura que estuvo vigente hasta el decreto del doctor Hermes Binner, que implantó el nuevo sistema de selección de jueces, y dijo que “ sin ninguna duda implica una mayor transparencia y una mayor calidad”. Incluso consignó que en otras provincias han tomado nota del modelo elegido por Santa Fe para aplicarlo en sus territorios.

El funcionario mostró a la periodista un diagrama de trabajo respecto de la creación de nuevos juzgados y de coberturas de vacantes. Indicó que a él también le preocupaba la demora incurrida pero que ésta se daba en el marco de una situación especial. “En general -dijo- se producían entre 10 y 12 vacantes por año; nunca más de 50 como en esta oportunidad lo que crea una circunstancia diferente, pero lo importante es llegar a esa calidad y apertura”, principal propósito de la normativa diseñada por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos.

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Roberto Vicente, secretario de Justicia de la provincia.

Foto: Archivo/El Litoral

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ADEMÁS

Advertencia justicialista

Los diputados y senadores justicialistas que integran la comisión bicameral de Acuerdos enviaron escritos sobre el fracaso de la Asamblea Legislativa convocada para el pasado jueves a los colegios de abogados de Santa Fe y de Rosario, al Consejo de la Magistratura y a las universidades nacionales del Litoral y de Rosario, donde responsabilizan al Frente Progresista, cuya ausencia dejó sin quórum al encuentro.

Recuerdan que la vicegobernadora, Griselda Tessio, “faltó sin aviso a la reunión de la Asamblea Legislativa convocada por ella misma, siendo igualmente preocupante la deserción de la totalidad de los diputados y senadores que integran el Frente Progresista Cívico y Social”.

Advierten que “en un hecho inédito que reviste clara y peligrosa gravedad institucional, legisladores oficialistas se negaron a dar quórum a la Asamblea y en consecuencia a dar tratamiento al pliego enviado por el gobernador, privando a cada uno de los legisladores de su facultad de opinar, cuestionar, aprobar o rechazar la propuesta”.

Explican que “tal vez se pretenda dar tácita aprobación al pliego que fuera cuestionado por la comisión de Acuerdos que aconsejó su rechazo, a través del despacho de mayoría suscripto por los legisladores del Partido Justicialista: senadores Ricardo Kauffmann, Juan Carlos Mercier y Ricardo Spinozzi; y diputados Jorge Lagna, Victoria Ramírez, Alejandra Vucasovich y Mario Lacava”.

Afirman que “el oficialismo pretende con esta actitud, desconocer la facultad constitucional que la propia Constitución le asigna al Poder Legislativo en el procedimiento de elección de jueces y que es, nada menos, que el de prestar o no el acuerdo a la propuesta de la persona que hace el Poder Ejecutivo para ocupar el cargo vacante. En vista de lo que puede pasar a futuro, de cara a próximos nombramientos, el mensaje del oficialismo legislativo no puede menos que ser preocupante.

“No será silenciado a los representantes del pueblo que se mejorará la calidad democrática ni se logrará poner en marcha un sistema más participativo, independiente y transparente para la designación de los jueces en nuestra provincia. Por el contrario, el singular accionar de los Poderes Ejecutivos sin el necesario contralor legislativo, nos llevará indefectiblemente a la pérdida de los valores de la República que tanto ha costado recuperar”, finaliza la nota.