Tribuna política

El derecho al hábitat integral

Luis Alberto Mauri (*)

La sanción por parte de la Legislatura, del proyecto de ley que intenta regularizar definitivamente la titularización de dominio de todas las viviendas construidas por planes Fonavi constituye una adecuada respuesta a los legítimos reclamos de adjudicatarios y/o beneficiarios de dichos planes, y abre un espacio responsable para terminar con la morosidad del Estado en la materia.

En la actualidad y por diversas razones económicas, jurídicas y fundamentalmente de decisión política, existen en la provincia más de 60.000 familias que nunca pudieron regularizar su situación en relación a la vivienda que habitan, con la incertidumbre que provoca la inestabilidad y la falta de pertenencia, que dicha irregularidad encierra. Este desarraigo peligroso entre quien habita como poseedor u ocupante y el marco referencial del hábitat, atenta indiscutiblemente contra la dignidad personal, de todos los involucrados en la esperanza de acceder a una vivienda digna, pero también contra cualquier intento de desarrollo y progreso de todo núcleo familiar y su consecuente articulación con un emprendimiento colectivo.

Esta falta de pertenencia hizo que en muchos casos el concepto primario de adjudicatario se deteriorara, y contribuyó a la realización de prácticas y vicios por los cuales, muchos que usufructuaron las cercanías del poder y participaron del clientelismo político, pudieran realizar negocios personales incompatibles con la finalidad de la vivienda social.

No podemos negar que existieron y existen quienes se beneficiaron primero con las bondades del sistema y después lucraron con las unidades ajenas, colocando las viviendas en un mercado inmobiliario de características particulares y también irregular.

La iniciativa votada por unanimidad por todos los sectores políticos que integran la Cámara de Diputados, y que fuera aprobada por la Cámara de Senadores, fue la consecuencia de un esfuerzo y trabajo común, que intenta optimizar la calidad habitacional.

Con el proyecto, se eliminan viejas trabas burocráticas, de técnica jurídica, económicas e impositivas para poder acceder a la titularización y al mismo tiempo, se premia a los adjudicatarios que cumplieron con sus obligaciones otorgando quitas en el precio total y cancelaciones de deudas anticipadas, en la búsqueda de un verdadero compromiso solidario de todos los actores del sistema.

Lo que queda

La solución contempla no sólo a los adjudicatarios directos y/o cesionarios por actos jurídicos con instrumentos públicos y/o privados, sino a todos aquellos que están en posesión o tenencia de los inmuebles en la actualidad, exigiéndose en estos casos, condiciones y requisitos específicos como son la ocupación efectiva, el pago y asunción de deudas existentes y la acreditación de no tener posesión de otra vivienda de características similares.

Se trata de solucionar problemas concretos de la gente y superar la escala de conflictos existentes en la actualidad, algunos de los cuales ya han superado el ámbito natural y han recibido sentencias favorables de la Justicia.

Es oportuno recalcar aquí, que esta titularización estaba presente en la plataforma electoral del Frente Progresista Cívico y Social y por ende no es un dato menor que el Estado se haya comprometido a llevar adelante el programa, no sólo para dejar de ser el principal responsable del problema, sino para cumplir con el objetivo de lograr un mayor estado de bienestar social .

Queda de aquí en más, hacer efectiva la ley; el desafío de la organización y puesta en marcha del sistema a cargo de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo seguramente no será sencillo ni automático, pero existiendo la voluntad política, tampoco será imposible. Para ello, será necesario que la repartición oficial produzca una reconversión de la actual estructura funcional, deberá optimizar los recursos humanos y financieros existentes, intentando un recupero de dineros públicos, intentando bajar la actual morosidad en el pago de las cuotas que alcanza al 65%, con una nueva planificación propia en la materia o con el apoyo de los municipios y comunas de la provincia.

Deberá procurar mejorar la calidad habitacional con supervisiones y controles y capacitación de todos los referentes, articulando gestiones y teniendo en cuenta además, todas las cuestiones específicas e idiosincrasias por cercanía e inmediatez de cada grupo o plan de viviendas y su relación con el medio donde se ubican.

Como conclusión, podemos afirmar que la propuesta legislativa es un instrumento válido para erradicar un estado de injusticia social evidente, haciendo realidad el mandato constitucional nacional (art. 14 bis) y provincial (art. 21) y de los tratados internacionales, que por derecho de integración tienen jerarquía constitucional a partir de 1994, tornando objetiva la garantía del acceso a una vivienda digna, ya que en el camino de construir ciudadanía, el espacio físico del hábitat y su titularidad son imprescindibles y responden a un derecho del hombre, en el marco de su desarrollo integral, de su dignidad personal y de la de su familia.

(*) Diputado del PDP (Frente Progresista, Cívico y Social) y vicepresidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Cámara.

La ley que busca regularizar la titularización de dominios de viviendas populares es un paso imprescindible para un grave problema de larga data.

Foto: Archivo El Litoral