A pesar de un recurso presentado por vecinos

Vía libre para que funcione La Baulera

El juez Daniel Celli atendió los fundamentos del municipio y habilitó el funcionamiento de la feria, entendiendo que su paralización en este momento empeoraría la situación de precariedad laboral y comercial que se busca paliar.

De la redacción de El Litoral

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Finalmente, el Juez de Distrito Civil y Comercial de la 1º Nominación, Dr. Daniel Celli, habilitó el funcionamiento de La Baulera, la feria popular establecida en terrenos de la estación del Ferrocarril Mitre. En tal sentido, no hizo lugar al pedido de medida cautelar promovida por un grupo de vecinos, atendiendo a las explicaciones de la Municipalidad. De tal modo, ayer funcionó normalmente, de acuerdo a la habilitación prevista para miércoles y sábados de 8 a 20.

El 28 de noviembre fue iniciado el trámite “recurso contencioso administrativo” que prevé la Ley Provincial Nº 10.000 (de intereses difusos) contra la Municipalidad de Santa Fe, a título de Gustavo José Vifnovsky, que tenía por objeto que se deje sin efecto la decisión del municipio que dispone la ubicación de los puesteros de Plaza Fournier y Parque Garay en el predio de la estación.

El juez remitió al mandato del artículo 8 de la Ley 10.000: “Recibido el pedido de informe, la autoridad administrativa mantendrá la situación existente en ese momento o, en su caso, suspenderá los efectos del acto impugnado, salvo que la suspensión provoque un daño sustancial a un cometido público o sea susceptible de generar un perjuicio mayor que el derivado de la no suspensión lo que comunicará al juez de la causa”. En el día 5 de diciembre la Municipalidad expuso sus razones para la no suspensión del acto impugnado y comunicó a la causa tal decisión.

Críticas

En los fundamentos del pedido se refiere a un desconocimiento de “acto administrativo alguno, emanado del DEM que contenga los fundamentos, consideraciones y tratamiento insoslayable que corresponde a tan trascendente decisión, que ante el requerimiento de los vecinos sólo fue informada verbalmente por las autoridades”: tal situación demostraría que “la Municipalidad asumió una conducta que la ley, la jurisprudencia y la doctrina tipifican como “vías de hecho’ (...) cuya sanción es la nulidad”.

También se recuerda que “durante la campaña electoral del año 2007, el actual intendente de la ciudad presentó una propuesta para la Recuperación de la Estación Mitre, que incluía la concreción en obras del Primer Premio del “Concurso Abierto Provincial de Anteproyectos para la Refuncionalización y Puesta en Valor de la Estación Gral. B. Mitre de Ferrocarriles Argentinos y su entorno inmediato’”.

La respuesta oficial

El escrito emanado de la Fiscalía Municipal manifiesta que “suspender el Decreto DMM Nº 1509/08, implicará “un daño sustancial a un cometido público’ y será “susceptible de generar un perjuicio mayor que el generado de la no suspensión’.

Hoy el mercado popular funciona bajo pautas de orden y control, con medidas de seguridad e higiene adecuadas, encontrándose los puestos debidamente organizados.

Suspender el acto, además de las consecuencias ya descriptas, importaría volver a la situación que se procuró evitar mediante la intervención municipal, generándose una dispersión de los puesteros por distintos espacios públicos, sin posibilidad de poder controlarlos y evitar las conductas no deseadas que se buscan corregir.

Con certeza, ante la mera suspensión del acto, quienes dependen exclusivamente de dicha fuente de ingreso, pasarán a ocupar de un modo caótico espacios públicos en procura de asegurar su sustento, generando ello un perjuicio mayor que el que se busca evitar con la pretendida suspensión del decreto en cuestión.

La dispersión impedirá ejercer efectivamente el contralor de dicha realidad, generando un desconcierto a quienes fueron reubicados, conspirando contra una definitiva resistematización de este tipo de actividades.

Prueba de ello resulta la nota presentada ante el Departamento Ejecutivo en el que otras entidades y vecinos dan cuenta de los inconvenientes que resultaría no proseguir con la acción de reordenamiento emprendida por la Autoridad Administrativa”.

Finalmente, la presentación sostiene que “tampoco se verificarían ninguno de los presupuestos necesarios para el dictado de ninguna medida cautelar, ya que, como se dijo, no existe verosimilitud (...) peligro de daño irreparable, ante la organización de una actividad que no resulta estable, ni con instalaciones permanentes”.

Puesteros del Parque Garay y de la Plaza Fournier debieron trasladarse a la nueva ubicación emplazada en el sur de la ciudad.

FOTO: Alejandro Villar

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ADEMÁS

Problemas denunciados

Afirma el escrito que presentaron los vecinos: “Esta decisión del DEM ocasionará un gravísimo impacto en la zona, provocando un daño irreparable a la comunidad de vecinos, entidades intermedias, grandes, pequeños y medianos comerciantes, industrias y empresas, por la irrupción de aproximadamente 5.000 personas (en su primera etapa) más los que concurran durante los días previstos para su funcionamiento (5 ó 6 días de la semana en el horario de 8 a 18), con un incremento desproporcionado de automóviles particulares, remises, taxis, camionetas, transportistas, bicicletas, carros, etc., incluso peatones; con graves problemas de estacionamiento por la escasez de espacios disponibles, todo lo cual producirá un colapso de dimensiones imprevistas pero imaginables, a saber:

Inconvenientes en el movimiento vehicular, porque Bv. Zavalla y M. Zazpe son parte de la Ruta Nacional Nº 11 (prolongándose en la Avenida Mosconi y calle Lamadrid) que se constituye en la única alternativa para el tránsito de mediano y pequeño porte que ingresa a la ciudad desde Santo Tomé para acceder a la Autopista por calle Iturraspe o continúa hacia el norte de la ciudad y viceversa.

Dificultades en el acceso al hospital de rehabilitación “Dr. Carlos M. Vera Candioti”, aledaño al predio, que recibe diariamente un número importante de enfermos para consulta y recuperación.

Inconvenientes en el acceso de transportes a las empresas e industrias radicadas en la zona (...), comercios mayoristas (...) y minoristas (...).

Dificultades para la circulación de los servicios públicos (colectivos, ambulancias a los hospitales posta sanitaria, bomberos, móviles policiales) y transportes escolares.

Como es razonable presumir, por ser público y notorio, el aumento de la inseguridad.

Problemas de higiene y sanitarios.

Obstrucción de proyectos ferroviarios y de recuperación de las líneas férreas que pudieren surgir en el futuro.

Disminución de los puestos de trabajo en los comercios minoristas de la zona, que ejercen actividad lícita en rubros similares (indumentaria, zapatillería, panificación, etc.)”.