Documento de la entidad fabril

Preocupan a la UIA cambios

en la legislación del trabajo

La entidad dice que desalientan la inversión y la creación de empleos. Una de las iniciativas que rechaza es la ley de Emergencia Laboral sancionada en la provincia de Santa Fe por abrumadora mayoría.

De la Redacción de El Litoral

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La Unión Industrial Argentina “ve con profunda preocupación el continuo avance en materia de proyectos legislativos en el campo laboral, tanto a nivel nacional como provincial, que bajo el argumento de defender a los trabajadores en estos momentos de crisis internacional, no hacen sino profundizar su impacto en nuestro país y desalentar el mantenimiento del empleo existente, la creación de nuevo empleo registrado y el desarrollo de nuevas empresas”.

En un comunicado de prensa, la entidad expresó que estas iniciativas “imponen -especialmente sobre la micro, pequeña y mediana empresa- una mayor carga burocrática, un mayor costo laboral y la pérdida del poder de dirección empresaria, incentivando el aumento de la litigiosidad”.

Entre los ejemplos que enumera la entidad para avalar su preocupación están “la sanción por el Senado de la Nación de la ley 26.428, que actualmente se encuentra en examen del Poder Ejecutivo, que modifica el artículo 9 de la ley 20.744 de contrato de trabajo, es decir el principio in dubio pro operario, extendiendo el mismo a la apreciación de la prueba en los casos concretos en donde los jueces o encargados de aplicarla se decidirán en el sentido más favorable al trabajador”.

La central fabril recuerda que, en su momento, “este proyecto había merecido concreto rechazo de la UIA en oportunidad de su estudio por la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados y posterior aprobación por dicha Cámara, ya que implica un claro aliento a la industria del juicio, la indefensión de la empresa demandada y, consecuentemente, la violación de derechos constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y la seguridad jurídica, así como un fuerte desaliento a iniciar nuevos emprendimientos”.

En la provincia

La Unión Industrial Argentina se ocupó, además, de la ley de Emergencia Laboral sancionada días pasados por la Legislatura provincial, donde recuerdan que “los procesos colectivos de suspensiones y/o despidos ya cuentan con normativa específica por lo que deviene en innecesaria a la nueva ley sancionada, y en su caso, generadora de nuevas incidencias procedimentales y sanciones pecuniarias y/o pérdidas de beneficios promocionales”.

“En momentos como el presente, en que el mundo se encuentra amenazado por una profunda crisis, y mientras el gobierno nacional busca implementar acciones para mitigar sus consecuencias negativas alentando la producción y el trabajo, iniciativas como las mencionadas alentarán solamente a una industria: la industria del juicio; con sus consecuencias negativas tanto para las empresas como para los trabajadores en su conjunto”, dicen.

Finalmente, expresan que, la Unión Industrial Argentina “esta convencida, tal cual fue confirmado por gobierno, trabajadores y empresarios de nuestro país en el marco de la OIT, de que hoy más que nunca es necesario llevar adelante un proceso tripartito de diálogo social donde estas cuestiones se debatan y permitan alcanzar los objetivos de generación de trabajo de calidad, de protección social y de crecimiento de la actividad productiva”.

El titular de la UIA, Juan Carlos Lascurain, está preocupado con los proyectos legislativos nacionales y santafesinos.

Foto: Archivo El Litoral

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ADEMÁS

Congelan fondos en EE.UU.

El juez Thomas Griesa decretó la congelación de las inversiones de las Administradoras privadas de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) de Argentina en Estados Unidos, que ascienden a 553 millones de dólares.

“La corte ha determinado que los demandantes han demostrado suficientemente que la transferencia de esos activos, en especial fuera de Estados Unidos, debe ser restringida”, aseguró el juez en su decisión judicial.

El juez de la Corte del Distrito Sur de Manhattan adoptó esta decisión a petición de los representantes legales de diferentes fondos titulares de bonos de deuda pública de Argentina que quedaron fuera del canje de deuda de ese país establecido en 2005 sobre al menos cinco AFJP con sede en Nueva York.

La petición se cursó al conocerse en octubre pasado que el gobierno de Argentina pretendía nacionalizar los fondos de pensiones administrados por entidades privadas.

“Los demandantes en 72 casos tratan de tener acceso a activos que se creen depositados en Nueva York y que pertenecen a ciertos fondos de pensiones argentinos públicos y privados”, añade Griesa en su última decisión, con fecha de 11 de diciembre.

Su nacionalización “trasladaría los activos a lo que los demandantes consideran una entidad dependiente del gobierno de Argentina”, según el juez.

En noviembre pasado, Griesa ya había establecido la congelación temporal de estos fondos hasta que se avanzara en la etapa de “discovery”, por la que las pruebas de una parte deben ser comunicadas a la otra para que las examine.