De Ricardo Gil Lavedra
“El federalismo no se cumple”
El jurista sostiene que existen problemas políticos y económicos que obstruyen el funcionamiento. Los desafíos de una Corte que ha logrado revertir la imagen negativa que tenía en la sociedad. El juicio a los comandantes como carácter fundacional de la transición democrática.
El ex ministro de Justicia participó de un panel sobre autonomía y federalismo en esta capital.
Foto: Luis Cetraro
Mario Cáffaro
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“El federalismo no se cumple. Esta es una percepción extendida, correcta y es correcta porque el sistema se encuentra sumamente distorsionado”. La afirmación es de Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia de la Nación durante el gobierno de la Alianza. Fue integrante de la Cámara Federal que juzgó a los ex comandantes, afiliado al radicalismo, estuvo en la ciudad con motivo de su participación en un panel-debate sobre federalismo y autonomía, junto a los ministros Antonio Bonfatti y Héctor Superti y el intendente, Mario Barletta.
La Argentina optó en el siglo XIX por una organización federal pero que todavía no funciona adecuadamente. “Es un tipo de arreglo institucional que está destinado a buscar descentralización para que la gente pueda estar más cerca de las decisiones que la afectan. Es un sistema que puede servir para compensar las desigualdades existentes en un conjunto gráfico mayor que es la Nación. Pero hasta el presente no ha funcionado por problemas políticos y económicos”, dice el invitado.
Sostiene, además, que el instrumento, la herramienta federal no ha funcionado. “No caben dudas, y así lo establece la Constitución, que el reparto de los ingresos entre Estado federal y provincias tiene que hacerse de acuerdo a las funciones que desempeña cada uno. En la práctica, las provincias llevan el mayor peso en esta distribución porque los servicios y los bienes públicos esenciales que son la salud, la justicia, la seguridad y la educación lo cumplen ellas y no la Nación. En este reparto de dinero, poco a poco las provincias han ido perdiendo posiciones y la compensación es a través de criterios discrecionales de la Nación”.
Enseguida añade que para compensar, la Nación se reserva para sí una cantidad enorme de recursos que luego distribuye discrecionalmente a través de distintos instrumentos como ATN, obra pública, fondos fiduciarios, etc.
“Es una distribución política que hace que tengamos provincias dependientes del poder central, gobernadores mendicantes de una obra pública. Mandatarios haciendo cola en ministerios, sobre todo en uno, para ver si logran obras o se cumplen las promesas. Esto produce una distorsión porque la Nación no logra lo que todos aspiramos: un país bien unido, no desarticulado, no desagregado, no se consigue impulsar proyectos de desarrollo regional que permitan ir superando las desigualdades, no hay asignación sobre la base de un mínimo de calidad de vida para todos los argentinos”.
La salida debe ser “un sistema que tenga mayor correspondencia fiscal, que sea más transparente y que se haga sobre la base de pautas objetivas como dice la Constitución”.
La autonomía municipal fue incluida en la Constitución de 1994. “Cada provincia debe establecer los límites y modalidades de la autonomía, lo que no puede hacer es no darla”. Pone el ejemplo de Tucumán, la última provincia en ponerse al día en el tema. En cambio, otras como Buenos Aires, Mendoza y Santa Fe están en deuda. “La más paradigmática es Córdoba que es la que ha regulado con mayor detalle estos aspectos de autonomía. Santa Fe tiene una deuda pendiente que es adecuar su Constitución a la Nación y establecer qué municipios, en qué medida y con qué alcances pueden ser autónomos”.
Corte y justicia
Gil Lavedra es llevado a opinar sobre la Corte Suprema de Justicia actual. Antes prefiere aclarar que “un país que cambia tres cortes en 25 años es porque algo no funciona” y subraya la ampliación de miembros durante el gobierno de Menem y los cambios de integrantes en el de Kirchner. “Por fortuna estos nombramientos -acierto computable al gobierno- fueron designaciones de gente decente y prestigiosa. Creo que la Corte ha actuado con independencia. Ha dado señales de tratar de cumplir su rol de tribunal constitucional en infinidades de casos. Esto es un paso auspicioso porque por lo menos hay un poder del Estado que funciona como lo quiere la Constitución. Esto nos debe dejar satisfechos debido a que el resguardo de los derechos y la posibilidad de destrabar conflictos institucionales sigue estando en manos de la Corte”.
Pero enseguida aclara que “hay cuestiones muy novedosas que necesitan mayor rodaje. Esta intervención de la Corte en cuestiones tradicionalmente políticas, como por ejemplo, cuando juzga que una determinada política viola la Constitución y le dice a los poderes políticos “esto así no puede ser’, es un tema delicado, en la cual la Corte hasta ahora ha actuado con equilibrio pero debe andar más tiempo”.
Sigue explicando que “esto va a plantear una nueva relación institucional con los poderes del Estado. Quedan capítulos en los cuales la Corte va a tener que demostrar su independencia cuando señale excesos por parte de los poderes políticos. Alguna vez ya lo hizo, el ejemplo es el caso Patti, pero hay capítulos pendientes sobre la inadmisibilidad de que el Poder Ejecutivo suplante al Congreso en las decisiones legislativas. Otro aspecto es muy opinable y es sobre qué ocurre ya no cuando los poderes políticos establecen medidas o políticas inconstitucionales sino cuando omiten hacerlo, si la Corte puede emplazar a los órganos políticos a dictar determinadas medidas, esto tiene que ver con lo que antiguamente se llamaba los derechos programáticos, que requieren medios económicos que se tienen que ir desarrollando paulatinamente”.
No obstante reconoce que esta Corte actuando correctamente ha recuperado la confianza de la sociedad “lo cual quiere decir que existe la legitimidad en el ejercicio. Esta falta de confianza todavía no ha sido superada en los tribunales inferiores. El gobierno tampoco ha ayudado, la reforma innecesaria y motivada en argumentos espurios del Consejo de la Magistratura no ha ayudado en absoluto. Le hizo mal a la Justicia porque los jueces, en definitiva, dependen de la confianza que despierten sus decisiones en la gente. Los jueces no tiene bolsa ni espada, la credibilidad de sus decisiones reposa en la confianza de la gente en su independencia; cuando se pierde, se rasga la confianza y estamos en mal camino”.
“Sin políticas eficientes”
Gil Lavedra consideró que fue correcta la decisión de la Cámara Nacional de Casación Penal de ordenar la excarcelación de represores por haberse excedido el plazo de la prisión preventiva sin juicio -que quedó suspendida por la apelación fiscal-, ya que resaltó que está ajustada a derecho y en sintonía con las convenciones internacionales en la materia.
“El gobierno no se ha tomado en serio la realización de estos juicios. Lo ha tratado con gran ligereza. Ha creado comisiones y programas, se ha enojado, ha declamado pero no ha dictado ninguna política eficiente. A tres años de la apertura masiva (de los juicios) ha habido hasta el presente pocas sentencias”.
El ex camarista junto a Andrés D’Alessio, también juez del proceso a las Juntas, elaboró en 2006 un proyecto de ley que establecía reglas procesales para que los juicios contra ex represores se pudieran concretar en plazos breves. La iniciativa fue presentada en mayo de 2007 en el Senado por el bloque de la Unión Cívica Radical y girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales que en aquel entonces presidía la hoy presidenta Cristina Fernández de Kirchner, explicó Gil Lavedra. “El oficialismo se negó a considerar el proyecto porque no era una iniciativa del gobierno” y explicó que el proyecto proponía “reglas de competencia para acumular las causas, y que la etapa del sumario se redujera para que cuanto antes se llegara a juicio. También para que la investigación no se retrasara por planteos y nulidades y que éstos se resolvieran en el momento del juicio”.
El juicio a las Juntas
Ricardo Gil Lavedra fue uno de los seis integrantes de la Cámara Federal porteña que llevó adelante los juicios en audiencia pública contra los ex comandantes por la represión ilegal. Fue hace 23 años y con base en el informe de la Conadep, de cuya entrada en funciones ayer se cumplieron 25 años.
Sobre las diferencias entre aquel juicio que marcó a la Argentina y los actuales que se realizan a integrantes de grupos de tareas, el jurista reconoce que “era otro contexto, absolutamente diferente. Había sectores de la población que creían la versión militar de que todo había sido correcto, de que habían combatido a la guerrilla por métodos lícitos. Estaban los propios autores de estos hechos tan terribles en funciones, en sus cargos de mando de tropas ya sea en fuerzas de seguridad o en las fuerzas armadas. Citar a un sargento en ese momento era cuestión de Estado, ahora lo llevan a juicios con pañales. Por otra parte, con esta segmentación de la sociedad se daban los primeros pasos de una democracia de la cual no se sabía su futuro. Cuando nosotros comenzamos el juicio y llamamos a audiencia oral y pública no sabíamos que iba a ocurrir, no sabíamos si íbamos a poder mantener a la audiencia dentro de los estrictos cánones judiciales, no se sabía qué iba a ocurrir con la democracia, a tal punto que ese primer gobierno civil tuvo tres intentos de golpes de Estado”. No obstante no deja de reconocer que “fue un jalón importante. El juicio tuvo un carácter fundacional en la transición democrática. La reapertura de los procesos -con los cual estoy de acuerdo- tienen un carácter reparador, pero el juicio a los comandantes quedó incrustado dentro de la transición democrática”.
