Disputa por una herencia
Abogado procesado por falsificación y estafa
El caso involucra al escribano de la provincia, a otra escribana pública y a un particular que salió como testigo de una escritura que la Justicia Penal considera falsa.
De la Redacción de El Litoral
El abogado Ricardo Luciano Molinas, titular de uno de los estudios jurídicos más importantes de la ciudad, fue procesado ayer por la Justicia local, por el delito de “falsedad ideológica de documento público en forma reiterada y estafa en concurso ideal”. El profesional, de 64 años, sería, según la ahora cuestionada escritura pública, “albacea y administrador” de la fortuna de un hacendado español, con tierras en el norte de la provincia.
Si bien las partes se estaban notificando esta mañana, fuentes cercanas al caso confirmaron a El Litoral que la medida podría ser apelada en las próximas horas. De ser así, la resolución que no está firme y sería revisada por la Cámara de Apelación Penal.
El procesamiento alcanza además a otras tres personas: el escribano mayor de Gobierno de la provincia, Juan Alberto Milia; la escribana pública, de 46 años, María Esther Prosello, y el testigo Alejandro Daniel Svetliza, de 36 años. Todos ellos están acusados únicamente por el delito de “falsedad ideológica de documento público reiterado”.
La denuncia
La causa se inició el 16 de octubre pasado, por una denuncia penal de Janice Gabi Muller, una joven ciudadana brasileña, madre de la única heredera de la fortuna del empresario José María Chalbaud y Sanginés, fallecido en nuestra ciudad el 28 de marzo de 2008, a los 60 años.
El empresario tenía campos en el norte de la provincia de Santa Fe y propiedades en Buenos Aires y España, de donde era oriundo; y sus bienes están valuados en más de 50 millones de dólares.
Dos días antes de morir, Chalbaud y Sanginés dejó dos documentos olográficos, en los que de puño y letra dejaba su herencia a nombre de su hija recién nacida; y el usufructo vitalicio de la fortuna para su madre española, Carmen Sanginés, y su compañera Janice Muller.
Los dos testamentos dejados tienen validez uno para la Argentina y otro para el Reino de España, donde se reparten sus bienes. Estaban escritos y firmados por él, fechados el 26 de marzo en una habitación de la clínica de avenida Freyre en la que estaba internado.
La escritura
Pero a los pocos días de su muerte, el abogado Molinas, cuyo estudio jurídico atendió a la familia Chalbaud y Sanginés durante más de seis décadas, hizo saber a la madre de la heredera de la existencia de un tercer documento. En este caso “por escritura pública”, mediante el cual se lo designaba “albacea y administrador” de los bienes, hasta tanto se terminara el sucesorio.
Esa escritura estaba fechada el mismo día que los testamentos -el 26 de marzo de 2008-; sin embargo no llevaba la firma de quien supuestamente concedía ese beneficio.
Chalbaud y Sanginés estuvo internado entre el 25 y el 28 de marzo de 2008. Uno de esos días fue trasladado a la habitación privada Nº 101, donde estuvo apenas unas horas. En ese lapso, habría escrito y firmado los dos testamentos, pero no la escritura, según pudieron acreditar los testigos que lo acompañaron hasta el final.
A raíz de la denuncia penal, el juez de Instrucción Cuarta, Rubén Eduardo Saurín, indagó a los involucrados el mes pasado, ante las sospechas de una maniobra ilícita.
la sospecha
En esa oportunidad, Molinas —hijo del ex fiscal de Investigaciones Administrativas del presidente Raúl Alfonsín, Ricardo Molinas— se defendió diciendo que el hombre estaba internado y se veía imposibilitado de mover los brazos, cuando supuestamente le ordenó confeccionar el documento. Y por ese motivo se empleó el poco frecuente aunque legal recurso de la escritura pública con testigos.
La versión no fue aceptada como válida por la Justicia de Primera Instancia. Por el contrario, el juez habría entendido que el testamento escritural se confeccionó con posterioridad a la muerte del español.
En este sentido, Saurín habría encontrado responsables no sólo a Molinas, sino a quienes serían los coautores del delito por el cual se los procesa.
Según trascendió, para el juez, la supuesta maniobra para designar a Molinas como albacea habría generado perjuicios económicos a la pequeña heredera, su madre y su abuela, destinatarias directas de los beneficios de la herencia.
