Paritarias
Se adelantaron los tiempos
La discusión salarial tendrá un ingrediente que la diferencia de años anteriores. Ya no sólo se trata de recomponer los sueldos, sino también estimar cómo se puede garantizar la estabilidad laboral.
Funes de Rioja: “Es un disparate la pretensión de instalar un debate en forma anticipada”.
Foto: Archivo El Litoral
Félix Canale
El tema de las discusiones salariales de 2009 despuntó temprano. Cuando el sopor de las vacaciones todavía hacía estragos, el 8 de enero Héctor Daer, encargado de prensa de la CGT, abrió fuego afirmando que “no se trata de elegir entre mantener el poder adquisitivo de los salarios o de defender las fuentes de trabajo. Se tendrán que dar las dos condiciones a la vez”.
Tras esa opinión, una catarata de sugerencias llamando a la responsabilidad sindical y a la sensibilidad patronal cayó desde el sector gubernamental. El mismo día 8, el jefe de Gabinete, Sergio Massa, pidió a los gremios “trabajar con mucha responsabilidad para cuidar el empleo”.
Seis días después, fue el propio Hugo Moyano, secretario general de la CGT, quien redobló la apuesta e instaló un concepto de doble filo: “Vamos a ver lo que dice el Indec de las amas de casa, que es lo que nosotros tenemos para discutir los salarios”, dijo.
La frase de Moyano es una granada de fragmentación. Sus esquirlas golpean, en principio, las desacreditadas estadísticas oficiales que dibuja el Indec nacional, es decir, al gobierno. Tras ello, impactan sobre la sugerencia gubernamental de discutir los salarios con un tope de 15 por ciento de incremento, que sería casi el doble de la inflación del Indec de 7,8 por ciento.
Por elevación, enciende una luz roja en el sector patronal: si nadie cree en el Indec nacional, sólo queda aferrarse a las mediciones privadas, que en algunos casos registran una inflación en 2008 cercana a 28 por ciento o, más benignamente, a las mediciones de los institutos estadísticos de San Luis o Santa Fe. En este última provincia, el registro del Ipec rubrica un informe con un incremento promedio de 22,5 por ciento para todo el año pasado.
Los tiempos
El sector privado, sobre todo el industrial, hubiese preferido que el tema se mantuviese en un segundo plano, por lo menos hasta fines de marzo. El propósito era tener tiempo para comenzar a medir, con mayor exactitud, el impacto de la crisis sobre cada rubro, antes de sentarse a discutir salarios.
Para esa medición, ya no es útil observar el comportamiento de la economía real entre enero y diciembre de 2008, que por arrastre muestra crecimiento, sino las tendencias que van indicando los meses de noviembre y diciembre del año pasado y enero de 2009.
Entre esos datos, figuran la desaceleración de la construcción y la industria, la caída en el transporte de cargas, la disminución del comercio con Brasil y la desaceleración de la facturación en comercio minoristas y supermercados.
En el plano estrictamente provincial, un reciente informe del Ipec (ver El Litoral 21/01/09), muestra que 88 por ciento de las empresas industriales consultadas prevé un estancamiento de la facturación. Cabe resaltar que Santa Fe es una de las tres provincias más industrializadas del país y como consecuencia, un caso testigo.
El trabajo
Pero en definitiva, toda esta tendencia recesiva, lo que pone realmente en cuestión es la posibilidad de mantener la estabilidad laboral. El más reciente informe del Indec, con fecha de enero, testimonia que en el cuarto trimestre de 2008 la ocupación en la industria cayó 0,8% y la cantidad de horas trabajas disminuyó 1,6%, comparando con el tercer trimestre. También que el crecimiento del número de personas que trabajan en fábricas, pasó de aumentar a un ritmo de 5% a principios de 2008 a 3,2% al cerrar el año.
A eso debe agregarse un informe de SEL Consultores, de acuerdo al cual, en los últimos 90 días, el 50% de las empresas suspendió sus planes de incorporación de personal y cobertura de vacantes. Para Artemio López, de la consultora Equis, “en el mejor escenario posible, el desempleo no subirá este año pero tampoco bajará, porque una posible generación de puestos sólo alcanzaría para cubrir el crecimiento natural de la población activa”.
Los empresarios
Ante el planteo anticipado de la expectativa sindical, la UIA adelantó en el tablero a uno de sus voceros más fuertes. Daniel Funes de Rioja, principal asesor laboral de la entidad, salió al cruce diciendo que “es un disparate la pretensión de instalar un debate en forma anticipada”, teniendo en cuenta que la mayor parte de los convenios colectivos del sector productivo vencen en marzo o abril y en otros casos en junio y julio. También dijo que el actual es un contexto totalmente diferente al de años anteriores y por eso debe tenerse “prudencia y moderación”.
Casi al mismo tiempo, y en similar línea, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos de la Vega, advirtió que “para pensar en números” hay que esperar a marzo o abril.
Sobre el fin de semana, el presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain (que deja su cargo en abril), completó la posición de la central empresaria diciendo que “este no es un momento para estar hablando de aumentos salariales, sino de mantener el nivel de actividad y el empleo. Hasta fin de marzo no vencen los convenios, por lo cual todavía no es tiempo para abrir la discusión salarial”.
En el caso de los industriales, hablar de estos plazos no es aleatorio. En la primera reunión del comité ejecutivo de la UIA, realizado el martes 20 de enero, la mayoría coincidió en que marzo y abril serán meses críticos.
Y aunque luego fueron desautorizados, desde la entidad se propalaron rumores de que, en esa reunión, se barajaron dos opciones: resolver las paritarias en discusiones por empresa y no por rama, y comprometerse a evitar despidos a cambio de un congelamiento salarial por seis meses.
ADEMÁS
La preocupación viene desde arriba
Un dirigente empresarial, que participa tanto en la conducción de Fisfe como en la UIA, desestimó una consulta de El Litoral, realizada el viernes pasado, referida al adelantamiento del tema paritario. “Este no es el momento para hablar de eso. Lo que pasa -dijo- es que, como en enero no hay informaciones, los medios buscan cualquier tema para transformarlo en noticia”.
Que en enero hay pocas noticias es cierto. Pero ayer domingo, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, publicó un texto con su firma, sorprendentemente, en el diario La Nación, de Buenos Aires.
Entre otras cosas, el funcionario reflexiona que “las organizaciones empresariales deben continuar esforzándose para preservar los puestos de trabajo. Y no sólo deben hacerlo por sus trabajadores, sino por el bien de su empresa. Despedir a un empleado implica una pérdida muchas veces difícil de reemplazar. Y una inversión desperdiciada”.
En otro tramo, razona: “Los sindicatos, insustituibles piezas de las democracias, tienen también una ocasión de contribuir al esfuerzo social que la situación convoca. Defensa del empleo y moderación de los legítimos reclamos ha sido el aporte del sector en otras latitudes. Acá también lo ha sido y debe seguir siéndolo”.
Que el ministro de Trabajo pida a las empresas que conserven su capital humano, es una noción que las compañías tienen por manual. Que pida públicamente “defensa del empleo y moderación de los legítimos reclamos” al sector gremial, precisamente él, que dialoga a diario con los sindicatos, tiene viso de emergencia.
Se sabe que en la actual administración nacional ningún ministro expresa opiniones personales, sino que éstas siempre responden a una línea que baja desde Casa Rosada, o desde Olivos. Por inferencia, algo está preocupando mucho a los más altos niveles de la conducción del Estado.
Una de esas preocupaciones, es la aparentemente firme decisión de los sindicatos, en un año electoral, de presionar en el sentido de indexar los salarios de 2009, refiriéndolos a la inflación posterior a los convenios de 2008 y a la prevista para el presente año, que según consultores privados estará entre 10% y 15%, y para el BCRA en 7 por ciento.
Esa preocupación también se extiende al efecto catastrófico que la aplicación lineal de esa pauta salarial, puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas. Hasta ahora, los casos de despidos o suspensiones reflejados por la prensa, se han registrado en compañías con cierto volumen y capacidad de pago. Poco se ha publicado, en cambio, sobre la inseguridad que ronda entre las Pymes, que son las que concentran la mayor oferta laboral del país.
Es cierto que el Estado está aportando subsidios para ayudar a las empresas a pagar salarios. Pero la pregunta es hasta qué límite, en tiempo y monto global, pueden extenderse. Y otro detalle que no siempre se tiene en cuenta: del total de la masa laboral del país y según estudios privados, aproximadamente 43% no está registrada (en negro), y eso suma unos 4 millones 500 mil personas.
La semana pasada, el economista Osvaldo Cado, de la consultora Prefinex, recordó ante una consulta de prensa, que el 80 por ciento de los trabajadores en negro, los más débiles ante una situación de crisis, están en las pequeñas empresas.
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