Operativos de control

Por irregularidades, quitaron el subsidio estatal a 44 comedores

Son todos de la ciudad de Santa Fe. En algunos casos, estaban vacíos. Ahora, prometen controles sorpresivos y permanentes. También hallaron “errores” en casi 4 mil beneficiarios de la Tarjeta Social. Había jubilados, empleados y hasta muertos que cobraban.

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“Sabemos que esto va a generar conflicto con algunos grupos, históricamente beneficiados por la falta de control. Pero lo vamos a hacer”, dijo el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Ivana Fux

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Una prueba piloto de operativos de control sobre comedores comunitarios de la ciudad terminó con 44 establecimientos a los que se les retiró el subsidio estatal por no reunir requisitos mínimos, como la asistencia de comensales.

“Nos encontramos en algunos casos con comedores vacíos”, reveló el ministro de Desarrollo Social, Pablo Farías. En diálogo con El Litoral, empezó por desarticular la “especulación” de que este gobierno cerraría los comedores o “cortaría” la asistencia.

“Creemos que hay un proceso de reinserción social, que también tiene que ver con las situaciones de coyuntura. En un momento de recesión como el que tenemos ahora, va a ser mucho más difícil lograr que la gente vuelva a comer a su casa. Estamos en un proceso donde tenemos que trabajar para que no nos aumente la cantidad de personas que dependen de la asistencia del Estado. Y eso ya nos cuesta”, afirmó.

Sin embargo, dijo que todos los comedores serán sometidos a operativos de control. El trabajo ya empezó con una prueba piloto en esta ciudad y localidades del centro norte. Del Ministerio a su cargo dependen dos sistemas de comedores: aquellos que reciben la mercadería, y los que perciben el dinero o subsidio, comprendidos en el Programa Social Nutricional (Prosonut).

Farías reveló que de los que recibían mercadería -141 en esta ciudad-, “la mayoría” ni siquiera tenía convenio firmado con el Ministerio o la provincia.

“Frente a esto, hicimos firmar una declaración jurada a los responsables, donde debían expresar cantidad de beneficiarios, horarios y lugar de funcionamiento. El resultado fue que un 30 % (40 comedores) directamente no suscribió la declaración; no pudieron indicar siquiera cuál era la prestación que estaban realizando. Inmediatamente, se les dejó de entregar la mercadería”, aseguró.

Esos 40 comedores representaban una erogación total de 70 mil pesos.

En el caso de los que reciben la suma de dinero, de once visitas que hizo el equipo de Prosonut, cuatro debieron reiterarse porque se encontraron irregularidades.

“Cuando la visita se repitió, se resolvió retirar el subsidio porque no cumplían la función para la que recibían el dinero”, comentó el ministro.

Nuevo sistema

Farías anunció que a partir de ahora, el funcionamiento de comedores se unificará en un solo sistema, que apuntará a eliminar la entrega de mercadería.

“Se firmará un convenio con las instituciones donde tendrán que precisar lugar, beneficiarios, días y horarios de funcionamiento. Además -dijo-, habrá controles e inspecciones permanentes y sorpresivas, con actas que se librarán, y la aplicación de apercibimientos, sanciones y quita del subsidio, si se detectan irregularidades”.

Farías aclaró que la quita del subsidio estatal con el casi seguro cierre del comedor se determina esencialmente cuando no se presta el servicio para el que recibe la ayuda.

“Nos encontramos con comedores vacíos o con una desproporción absoluta, por ejemplo, comedores que recibían subsidio para cien personas y no había ni diez. Entonces, es mucho más práctico y razonable reubicar a esas diez personas en otros comedores de la zona, y no generar otro gasto y estructura, transfiriendo recursos cuyo destino final se desconoce”, explicó.

Respecto de la unificación de programas, dijo que la tendencia es “reducir al mínimo absoluto” la entrega de mercadería directa. “Creemos que esto será más seguro y transparente”, afirmó.

Precisamente, el ministro defendió todos los cambios, en el afán de lograr un manejo “más claro” de la asistencia alimentaria, optimizando la ayuda y ahorrando recursos.

“Sabemos que estas situaciones van a generar conflictos con algunos grupos, históricamente beneficiados por la falta de controles. Pero lo vamos a hacer”, aclaró.

Tarjetas

Las irregularidades no fueron exclusivas de los comedores. El ministro de Desarrollo Social dijo que también hallaron gran cantidad de “errores” en el padrón de beneficiarios de los ticket de alimentos, hoy reemplazados por la tarjeta ciudadana.

“Ese cambio de sistema nos permitió eliminar la entrega de mercadería que era mensual en todos los barrios. Ahora, con la tarjeta, no hay intermediarios”, comentó.

Farías explicó que la bancarización de los beneficiarios implicó un “fuerte control” del padrón, que sigue en proceso de depuración. Igualmente, los resultados provisorios impactan.

“Estamos cruzando bases de datos, pero ya detectamos que había casi cuatro mil personas del padrón, que no estaban en condiciones de recibir la tarjeta”, expresó. La tarjeta implica un “refuerzo” alimentario, por un valor de 80 pesos mensuales. Pueden acceder a ella quienes estén en condiciones de indigencia, no tengan empleo, otra ayuda social o un ingreso superior a los mil pesos.

De los 3.679 casos irregulares detectados, 191 eran personas fallecidas que fueron dadas de baja de oficio; 700 eran jubilados que cobraban más de mil pesos, y 2.788 eran empleados en relación de dependencia. Todos ellos tienen la tarjeta “suspendida preventivamente”, hasta que demuestren por Anses que la información es incorrecta. Estos casi 4 mil beneficiarios implicaban una erogación mensual cercana a los 300 mil pesos.

“Es muy difícil pensar un operativo de control sin grietas, en un esquema como el de los tickets, que implicaba 700 puntos de entrega en toda la provincia a casi 180 mil beneficiarios”, fundamentó Farías. El ministro anunció que la depuración definitiva del padrón se dará con un “reempadronamiento y relevamiento caso por caso”, que también tienen en agenda.

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ADEMÁS

Controles que se vienen

Así como en esta primera etapa de control el foco estuvo puesto en verificar que se cumpliese la razón de ser de un comedor -esto es, que vayan chicos a comer a ese sitio-, un segundo rastrillaje abordará aspectos como la higiene, la seguridad y el trato del personal.

“Nos vamos a poner mucho más estrictos en estas cuestiones, y sabemos que pueden ser causales de cierre de más comedores”, anticipó Farías. El funcionario admitió que el tema es “muy delicado”, porque es difícil exigir higiene y seguridad en barrios de situación altamente vulnerable, donde carecen hasta de agua potable.

“No es sencillo -admitió-, de todos modos, no podemos seguir mirando para otro lado. Por eso, este año vamos a exigir condiciones mínimas porque la prestación alimentaria tiene que estar absolutamente protegida”.

Con el mismo fin, dijo que empezarán los controles sobre el personal.

“Hemos recibido denuncias sobre tratos realmente incorrectos, malos o humillantes de personas que van a los comedores. Nosotros proponemos mejorar conductas a través del diálogo y la capacitación, pero si no se logra, vamos a preferir que esa prestación la realice otra institución”, adelantó.

Precisamente, Farías dijo que es muy “diverso” el universo de entidades que administran comedores. Contó que hay “grandes ONGs, asociaciones civiles más chicas, y hasta grupos que no están constituidos con una personería jurídica”. Sobre estos últimos, comentó que han iniciado un trabajo de “formalización” para establecer “una vinculación más ordenada” con el Estado.

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LA CLAVE

Punteros y conflicto

“La cuestión política se mezcló”. El ministro admitió que punteros y agrupaciones políticas tiñen el funcionamiento de algunos comedores. “Por mucho tiempo, la asistencia en sectores vulnerables estuvo muy vinculada a actividades de sectores políticos. Y esto lo vimos y lo vemos en algunos grupos que detentan comedores o hasta instituciones. Es un trabajo delicado poder separar y mantener un equilibrio”, dijo Pablo Farías. “Desde el primer momento -aseguró-, apuntamos a no confundir el Estado con ningún grupo político, ni siquiera con los que integran el gobierno, pero hay cuestiones culturales muy arraigadas. Por eso cuando se reduce la ayuda por irregularidades, se generan ruidos, roces y conflictos”.


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EN CIFRAS

141

Mercadería.

Son los comedores comunitarios en la ciudad de Santa Fe que recibían directamente los alimentos. Se le retiró la ayuda a 40 por no presentar la declaración jurada.

74

Dinero.

Son los comedores comunitarios de esta ciudad que corresponden al Prosonut y reciben la partida de dinero para 6.761 beneficiarios. También en esta capital hay 108 servicios de copa de leche para 10.595 beneficiarios.

180.000

Tarjetas.

Son los beneficiarios en toda la provincia de la Tarjeta Única de Ciudadanía. Es un refuerzo alimentario y tiene un valor de 80 pesos mensuales.

191

Muertos.

Son los beneficiarios de la Tarjeta Única que estaban en el padrón, pero habían fallecido. Algunos cobraban por ellos con poderes.

700

Jubilados.

Son los beneficiarios de la Tarjeta Única que como pasivos, cobraban más de mil pesos mensuales.