EDITORIAL

Riesgos y daños de las protestas que violan leyes

La decisión de un grupo de productores rurales que liderados por Alfredo De Angelis ocupó un banco privado en la localidad entrerriana de Hasenkamp se inscribe en la creciente ola de comportamientos ilegales que en los últimos años se han reproducido como una bola de nieve bajo la mirada muchas veces complaciente de las autoridades nacionales y provinciales.

Es muy probable que los reclamos de los productores rurales sean legítimos y atendibles, pero está claro que en un Estado de Derecho los procedimientos son decisivos, al punto de que para más de un cientista político las sociedades genuinamente democráticas se distinguen de cualquier otro sistema por las metodologías que habilitan. El principio constitucional de que en una sociedad moderna el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes sigue vigente aunque no se respete.

Desde esta perspectiva, la decisión tomada por un puñado de productores rurales está reñida con los parámetros de conducta de una sociedad civilizada. En este espacio editorial hemos advertido sobre el peligro que para la democracia comporta la generalización de comportamientos al margen de la ley.

Se dice que en la crisis del 2001, las movilizaciones de los piqueteros se justificaban por la gravedad de la situación económica y social del momento. Para ser rigurosos con la verdad histórica habría que decir que las conductas piqueteras tendían a generalizarse antes de la crisis. Los desocupados fueron los protagonistas iniciales. En poco tiempo, el hábito “piquetero” se extendió a todas las clases sociales, al punto que hoy cualquier sector y por cualquier motivo echa mano de este método para reivindicar derechos.

La coartada moral que legitima estos procedimientos sostiene que quienes así actúan plantean reclamos justos; el recurso no oculta la ilegitimidad de los actos, pero los justifica. Y sienta un precedente que tiende a reproducirse hasta la insensatez más ostensible.

Es así como hemos visto a estudiantes, docentes, jubilados, productores rurales y desocupados crónicos practicar esta metodología con el beneplácito de las autoridades y, en más de un caso, con su abierta complicidad. Los Kirchner hoy critican los cortes de rutas de los chacareros o lo sucedido en Hasenkamp, pero soslayaron los desmanes producidos por sus seguidores, entre los que se incluye la toma de una comisaría por parte del señor D’Elía. Tampoco vacilaron en utilizar a sectores piqueteros para presionar sobre empresas y opositores.

No desconocemos que después de tantos años de tolerancia a la ilegalidad se hace difícil reencauzar de la noche a la mañana las conductas anómalas por los carriles del Estado de Derecho, pero está claro que el principio de autoridad política es indispensable para asegurar la convivencia social. Lo ocurrido en Hasenkamp debería ser un llamado de atención a las autoridades sobre los riesgos de tolerar la generalización de la ilegalidad por razones de momentánea conveniencia política.