En Diputados

El PJ pide informes por un correo electrónico

El diputado Alberto Monti, acompañado por los presidentes de los bloques del PJ, Luis Rubeo, Alejandra Vucasovich, Jorge Lagna y Darío Scataglini, y por Oscar Urruty, Mario Lacava y Victoria Ramírez, presentó un pedido de informes donde se solicitan precisiones al Ejecutivo acerca del presunto envío de un correo electrónico por parte de una funcionaria, desde una cuenta utilizada habitualmente para difundir información del gobierno, donde se acusa al Partido Justicialista de desestabilización, caos, malestar y angustia en la ciudad de Rosario en ocasión de la tormenta que azotó a esa ciudad hace algunas semanas.

“Según documentación que obra en nuestro poder, desde la cuenta [email protected] y con la firma de Andrea Giammaría, coordinadora de la Secretaría de Comunicación Social en Rosario, se envió un e-mail bajo el título “Vienen por Rosario, no seas cómplice’, donde en el texto se lee, entre otras cosas, que “el PJ ha decidido cambiar en metodología. La desestabilización es la forma elegida y transformar Rosario en el conurbano bonaerense, el objetivo’”, afirman en los fundamentos los diputados del PJ.

Según Monti, consta “en la certificación de envío del citado correo que fue enviado el domingo 8 de febrero de 2009, a las 12.29 am, desde la cuenta [email protected] que, como la señora Giammaría indica en su propia presentación como funcionaria del gobierno provincial, es de uso oficial”.

Acota el diputado que “el correo que obra en nuestro poder fue reenviado desde la cuenta personal de Raúl Lamberto, con copia, entre otros, a los legisladores Inés Bertero, Mario Drisun, Nidia Goncebat, Sergio Liberati, Juan Carlos Zabalza y Mónica Fein, todos del Partido Socialista, y los funcionarios del gobierno provincial Élida Rasino y Héctor Superti y municipal como Clara García y a Silvana Codina, señora esposa del gobernador Hermes Binner, por lo que importantes personas vinculadas al Poder Ejecutivo están al tanto del envío”.

Entre otras preguntas, el pedido requiere saber si para la difusión de dicho correo electrónico se han utilizado equipamiento y personal dependiente de la Secretaría de Comunicación Social; si, de haber tomado cuenta de dicha utilización incorrecta de los bienes y los cargos del Estado, se ha iniciado sumario administrativo alguno, y si alguno de los legisladores o funcionarios que recibieron dicho e-mail advirtió a la Secretaría de Comunicación Social acerca de la maliciosa utilización de recursos del Estado en campañas electrónicas de difamación a fuerzas políticas de la oposición.