La defensora del Pueblo estuvo en la ciudad norteña
Analizaron en Tostado acciones
por la suba en tarifas de la EPE
Liliana Loyola explicó los alcances de la resolución que pide dejar sin efecto los incrementos establecidos en el servicio. Además, manifestó la necesidad de que funcione en la cabecera de 9 de Julio una delegación del organismo.
Corresponsalía Tostado
Casi un centenar de personas se dieron cita en la Cámara de Empresarios de Tostado convocados por la visita de la defensora del Pueblo (zona norte), Liliana Loyola, centrada en la problemática del aumento en la facturación del servicio eléctrico. La defensora fue recibida por el intendente Enrique Fedele, ante quien comunicó el deseo de que funcione en la ciudad una delegación para atender casos que puedan vulnerar derechos de la población.
Loyola, junto a dos asesores legales, los Dres. Carolina Lassús y Norberto Rolón, explicó los alcances de la resolución Nº 012 (del pasado 29 de enero), que solicita a la EPE dejar sin efecto los aumentos establecidos bajo el fundamento del incremento aplicado por la distribuidora Cammesa a la Secretaría de Energía de la Nación. La misma hace referencia a “que los usuarios reciben como respuesta que los aumentos que reflejan la facturación se deben a subas en el consumo y no a errores de medición”.
Con la norma de órbita nacional, del 31 de octubre de 2008, ocurrirían algunos errores. Si bien se fija un costo superior al consumo de energía que supere los 1.000 kilovatios por bimestre para usuarios residenciales y 4.000 para los comerciales, la medida es ilegalmente retroactiva al 1º de octubre de ese año, poniéndose al descubierto que el incremento no es sólo tarifario sino que se aplica a la totalidad de lo facturado y que también influyó en consumos menores a los exigidos.
Además, se aseveró que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) no informó en tiempo y forma la vigencia del nuevo cuadro tarifario, en una clara violación al artículo 4º de la ley 24.240, de Defensa del Consumidor, consagrado constitucionalmente al expresar que “el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización”.
Dadas todas estas anomalías, la Defensoría advirtió que la EPE ha faltado al “deber de información”, incumpliendo los requisitos expresados en el párrafo anterior, más aún si se tiene en cuenta que la Resolución Nacional, disparadora de los incrementos, fue de su conocimiento durante noviembre de 2008 y contaba con tiempo suficiente para informar a sus clientes sobre el alcance de la misma, no permitiendo que el usuario tomara una decisión con respecto al consumo eléctrico del período.
Finalmente, se comunicó que ambas Defensorías del Pueblo -Zona Norte y Sur- recomiendan a la EPE que proceda a dejar sin efecto los aumentos contenidos en la última facturación, devuelva los importes ya abonados y suspenda las facturaciones pendientes con la misma metodología. Esta Resolución ha sido notificada al gobernador Dr. Hermes Binner, al ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Arq. Antonio Ciancio y al presidente del Directorio de la Empresa Provincial de la Energía, Ing. Daniel Cantalejo.
