VOZ JUDICIAL
Alarma por el consumo de drogas
De la Redacción de El Litoral
En una decisión inédita, un grupo de ochenta jueces nacionales, provinciales y federales de todos los fueros redactó un duro documento en el que afirman que el consumo de droga en el país alcanzó niveles “sin precedentes” y sostienen que al perseguir a los consumidores se distrajo la atención contra “la corrupción policial y política”.
Según publica en su edición de hoy el diario La Nación, estos magistrados denuncian que los narcotraficantes “en muchos casos recibieron protección política, administrativa y judicial”.
El texto fue firmado por los jueces y fiscales Horacio Cattani, Luis Niño, Eduardo Freiler, Daniel Rafecas, Patricia Llerena, Javier De Luca, Carlos Rívolo, Mónica Cuñarro, María Cristina Camiña, Jorge Luis Rimondi y la defensora general Stella Maris Martínez, entre otros.
Se persiguió a los consumidores y “no hubo la misma dedicación hacia las organizaciones de tráfico ilícito que, en muchos casos, recibieron protección política, administrativa y judicial. Lo mismo puede decirse de una ausencia total del Estado en la regulación efectiva del mercado de medicamentos, en general, y del de psicotrópicos, en particular”, opinan los jueces.
Al describir el fenómeno, remarcan que desde los noventa se produjo en el país una segmentación del consumo de dogas. En estos momentos, sustancias como el paco o los solventes socavan la salud de los sectores más empobrecidos, mientras que la cocaína y el éxtasis han tenido una enorme expansión entre los sectores socioeconómicos medios y altos.
Los jueces advierten que la persecución policial del consumidor, aleja a los adictos de los centros de asistencia, lo que los priva, además, de atención médica de otras enfermedades relacionadas con el consumo, como el sida, la hepatitis o los abscesos pulmonares.
Por estos motivos, los magistrados insisten en la necesidad de modificar la actual ley de drogas entendiendo que una norma penal no puede solucionar un problema social. Y, además, señalan que se debe aplicar el derecho administrativo y sus sanciones para regular el mercado de medicamentos y los tratamientos para adictos. También propician una mayor supervisión sobre los precursores químicos y el control de lavado de dinero.
