EE.UU. moderó su posición
Reglamentaron aspecto de la ley de blanqueo
Julia Izumi (CMI)/ Redacción de El Litoral
La Embajada de los Estados Unidos en nuestro país difundió ayer la actualización del informe sobre la lucha contra el tráfico de drogas correspondiente a 2008, que en su primera versión dada a conocer el viernes y calificada como “vieja” por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández-, contenía una crítica expresa hacia el blanqueo de capitales impulsado por el gobierno nacional y sancionado por el Congreso a fines del año pasado.
Mientras el anterior informe advertía que “bajo la ley (de blanqueo de capitales), el gobierno no preguntará de dónde provienen los fondos declarados, suministrando potencialmente de esta manera medios patrocinados por el Estado para lavar dinero”, la actualización difundida ayer menciona el compromiso del gobierno argentino de ajustar las operaciones de blanqueo a las leyes y disposiciones relacionadas con la prevención de delitos financieros y las obligaciones asumidas por el país ante los organismos internacionales a los que pertenece, como el Gafi (Grupo de Acción Financiera).
El nuevo documento se conoció justamente en coincidencia con la puesta en vigencia de la Ley de Repatriación y Exteriorización de Capitales, y en momentos en que algunos partidos de la oposición convencidos de que la medida permitirá legalizar dinero del narcotráfico y la corrupción- anunciaron que impulsarán distintas iniciativas para aumentar los controles sobre los montos que se blanqueen gracias a la nueva norma.
La representación diplomática estadounidense aclaró que el informe del último viernes sólo cubrió hechos ocurridos durante el año 2008, “por lo tanto no anticipó las especificaciones de las reglamentaciones de implementación o lo conversado en el Gafi el mes pasado en París”, información que sí fue contemplada en el nuevo texto.
Tras recordar que para combatir la fuga de capitales y alentar la repatriación de miles de millones de dólares que los argentinos tienen fuera del sistema financiero formal, el Congreso argentino aprobó una moratoria impositiva y una repatriación de dinero que le prohíbe a las autoridades fiscales indagar la procedencia de los fondos declarados, el informe advierte que “algunos críticos han expresado preocupación debido a que se podría facilitar el lavado de dinero”.
La embajada habla de garantías
Luego y aquí está la actualización prometida- agrega que “las normas reglamentarias para la implementación de la ley promulgadas justamente ayer-, aclararán que las operaciones alcanzadas estarán sujetos a las leyes, disposiciones y normas relacionados con la prevención de delitos financieros, y asimismo incluirán presuntamente la exigencia de que las transferencias desde el extranjero se originen en países que cumplen con las normas internacionales de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo”.
Finalmente, el Departamento de Estado señala que “altos funcionarios del gobierno han indicado que van a garantizar que toda la legislación argentina, incluida la presente ley, se ajuste a las obligaciones de Argentina como miembro del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y del Grupo de Acción Financiera para Sudamérica (Gafisud)”.
El nuevo documento se conoció horas después de que la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica dieran a conocer una lista de medidas que impulsarán en el Congreso, con las que intentarán aumentar los controles sobre los capitales que se blanqueen a través de la nueva ley.
Estas propuestas pondrán el eje sobre los funcionarios públicos, por lo que se buscará modificar la ley de Ética Pública, el Código Penal y el Código Civil con el objeto de fijar una “inhabilitación especial para los actos de adquisición o venta de bienes de funcionarios públicos y sus familiares” que regirá hasta dos años después de que se extingan sus funciones, salvo en los casos en que e demuestre que el objeto del contrato tiene relación directa con el patrimonio denunciado en sus declaraciones juradas de bienes.
