El decreto fue publicado en el Boletín Oficial
Razones del Ejecutivo para
licitar el agente financiero
En los considerandos se afirma que se buscan las mejores condiciones para la provincia de parte del banco ganador del proceso licitatorio. La opinión de Fiscalía de Estado para utilizar el camino de la licitación sin paso previo por la Legislatura.
Angel Sciara y Antonio Bonfatti cuando hicieron los anuncios respecto del pliego de licitación.
Foto:Archivo/El Litoral
De la redacción de El Litoral
Como informó El Litoral, con la venia de la Fiscalía de Estado, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 288 que llama a licitación del nuevo agente financiero y elaboró un pliego de bases y condiciones “teniendo como premisa fundamental la búsqueda de las mejores condiciones para la provincia, es decir, aquellas que se traduzcan en una mayor cantidad y mejor calidad de los servicios prestados por el futuro adjudicatario; siendo para esto esencial la representación territorial de los eventuales oferentes, por lo cual exige la presencia del futuro agente financiero en todas y cada una de las localidades de la provincia”, según reza en los considerandos.
Dicho decreto -con las características del pliego- fue publicado ayer en el Boletín Oficial tras el anuncio que hiciera el ministro de Economía, Angel Sciara, días atrás en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.
El contrato con el actual agente financiero fue prorrogado en dos ocasiones y vencerá el 30 de junio.
“Abocada la Fiscalía de Estado al análisis de la habilitación normativa que autoriza al Poder Ejecutivo a dar aprobación al pliego de bases y condiciones de manera autónoma sin requerir previa o ulterior aprobación legislativa, considera entendible en la presente instancia diseñar la gestión de selección del agente financiero mediante la aprobación autónoma del Poder Ejecutivo de un esquema jurídico más simple que el que precedió a la selección del actual agente”, afirma.
Después recorre el derrotero de leyes que terminó con la privatización del ex Banco de Santa Fe Sapem.
Aclara que “el actual negocio jurídico no trata de la venta del paquete accionario por transformación del ex Banco Provincial a un nuevo operador privado que a su vez asumirá el rol del agente financiero exclusivo de la provincia (y con ello el desprendimiento de una de las formas que había adquirido un servicio público financiero de fomento), proceso agotado con el dictado y la plena ejecución de la Ley Nº 11.387 y decretos reglamentarios, sino antes bien de la selección de un nuevo contratante privado que asumirá el limitado rol de agente financiero y caja obligada de la provincia tal como lo habilita la Ley Nº 12.510 en su artículo 99”.
Destaca que “la administración debe respetar en el ejercicio de su función administrativa, el principio de legalidad entendido como sometimiento de ella al “bloque jurídico’ y dentro de éste “se encuentran en el ámbito del derecho público local y en materia contractual o convencional con leyes generales de autorización dirigidas al Poder Ejecutivo, tendientes a la celebración de contratos en la gestión administrativa”.
Contenido del pliego
Subraya en los considerandos que Fiscalía de Estado estima que el Poder Ejecutivo se encuentra habilitado para dar aprobación al modelo de pliego de bases y condiciones para la selección y contratación de una entidad bancaria privada para cumplir con el cometido público de asistir al Estado provincial como agente financiero y caja obligada exclusivo y consecuentemente a la adjudicación y firma de los modelos de contrato diseñados en el cuerpo reglamentario.
Destaca que la licitación es el procedimiento que ofrece las mayores garantías de concurrencia, publicidad y transparencia. Más adelante enumera las condiciones exigidas en el pliego: presencia en todas y cada una de las localidades de la entidad; eliminación de comisión a municipios y comunas por el servicio de transferencia de fondos de coparticipación automática y para el pago a pasivos; plan de negocios con líneas de financiamiento para pymes, investigación y desarrollo, sector agropecuario y el sector industrial entre otros, como así también para equipamiento del sector público municipal y comunal; líneas de financiamiento para consumo a tasas preferenciales para los empleados públicos provinciales, municipales y comunales; así como un régimen integral de multas y sanciones, que instrumente y habilite a la provincia a fortalecer su poder de contralor sobre el adjudicatario.
Después recalca que “el Poder Ejecutivo ha previsto una participación en los beneficios que obtiene el banco por su actuación como agente financiero y caja obligada, estableciendo con este fin el pago de un canon por parte de la entidad que resulte seleccionada, el cual constituye asimismo la variable económica a considerar para la adjudicación” y por otra parte “ha decidido atender un reclamo de larga data relativo a que los fondos provenientes de los depósitos judiciales de los tribunales de la ciudad de Rosario sean depositados en una banca pública local”.
ADEMÁS
Lacava pide el pase por la Legislatura
El diputado justicialista Mario Lacava afirmó que “la reprivatización del agente financiero de la provincia debe pasar por la Legislatura. Un asunto de la importancia y trascendencia para los santafesinos como lo tiene éste, debería ser objeto de un debate abierto y transparente en las cámaras que finalmente deberían aprobar el pliego licitatorio”.
El diputado obeidista señala que el decreto de Binner “no reprivatiza un servicio cualquiera; no es el servicio de limpieza que es un mero acto de administración. La reprivatización del socialismo pretende contratar los servicios de un banco privado para que cobre y administre los fondos de la provincia y eso no puede depender de la sola voluntad del gobernador”.
Lacava dijo que “sería bueno saber y discutir, por ejemplo, los motivos y fundamentos legales y políticos que han tenido en cuenta para proponer entregar al Banco Municipal de Rosario la administración de las cuentas judiciales de la 2da Circunscripción Judicial; qué destino se dará a esos dineros, cómo garantiza un banco con serios problemas de solvencia y de gestión la administración de dichos fondos”.
EL DATO
Comisión
El decreto de licitación crea una comisión de evaluación de ofertas y de posibles impugnaciones, la que tendrá la facultad de elaborar informes y emitir dictámenes de carácter no vinculante.
La comisión evaluadora la integran funcionarios políticos y de carrera del ministerio de Economía. Son el secretario de Finanzas Públicas, Carlos Fernández; la directora general de Presupuesto, Stella Maris Rodriguez; la contadora general de la provincia, María Cristina Gonnet; el asistente técnico del ministerio de Economía, Pablo Gorbán y el subsecretario legal de la cartera, Pablo Rangel.
