Después de la polémica pública

La Corte y el Gobierno apuestan

al diálogo para buscar soluciones

La Corte invitó al jefe de Gabinete a analizar la reasignación de partidas presupuestarias del Poder Judicial; y a los presidentes de las cámaras legislativas y al ministro de Justicia, a coordinar acciones para acelerar los juicios por delitos de lesa humanidad.

Julia Izumi/Redacción de El Litoral

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CMI/DyN

La Corte Suprema de Justicia decidió canalizar la polémica que mantuvo con el gobierno nacional a través de vías institucionales y, por medio de su titular, Ricardo Lorenzetti, invitó al jefe de Gabinete, Sergio Massa, a una reunión para analizar la reasignación de partidas de dinero ya presupuestadas, que permitan avanzar con los nombramientos previstos para reforzar los juzgados.

Además, convocó al Gobierno y al Congreso a designar sus respectivos representantes ante la Comisión Interpoderes que trabajará en la agilización de los juicios por delitos de lesa humanidad, en el marco de la Unidad de Superintendencia ad hoc, creada recientemente para llevar a cabo un relevamiento de todas las causas vinculadas a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura.

Fuentes del máximo Tribunal aclararon que la convocatoria a Massa es en carácter de “invitación” y no una “citación”, como lo reflejaron algunos medios: “¿Cómo vamos a citar al jefe de Gabinete?, lo estamos invitando a venir porque precisamos que se reasignen algunas partidas de dinero para reforzar los juzgados”, advirtieron.

Los mismos voceros explicaron que la ley de autarquía judicial no le permite al Poder Judicial disponer de su dinero sino a través del Consejo de la Magistratura, que es el encargado de administrarlo. Y como Massa tiene entre sus facultades la de autorizar las reasignaciones presupuestarias a pedido de la Corte Suprema, la idea de convocarlo a una reunión surgió como una alternativa institucional para ponerle fin a la polémica que se produjo la semana pasada entre integrantes del Tribunal y el gobierno nacional, sobre este tema. Aunque al cierre de esta edición aún no había horario confirmado, se esperaba que el encuentro se produjera esta misma tarde.

Interpoderes

En la acordada celebrada ayer, la Corte decidió además cursar una nota a los presidentes de ambas cámaras legislativas, a Julio Cobos por el Senado y a Eduardo Fellner por Diputados; al ministro de Justicia, Aníbal Fernández; al procurador general de la Nación, Esteban Righi, y al titular del Consejo de la Magistratura, Luis María Bunge Campos, para que designen un representante para la Comisión Interpoderes, que trabajará en la agilización de las causas vinculadas con delitos de lesa humanidad.

La convocatoria realizada por Lorenzetti incluye una invitación a “coordinar esfuerzos para superar las dificultades que provocan demoras en la sustanciación de los procesos judiciales” vinculados con el accionar represivo de la dictadura.

Justamente ayer, varios organismos de Derechos Humanos se presentaron ante el Consejo de la Magistratura para reclamar que los tres poderes del Estado formen un espacio, en el que se defina una estrategia para acelerar los juicios.

Un asesor de la Corte Suprema explicó a la agencia CMI que las dos decisiones adoptadas por el cuerpo, están lejos de profundizar lo que en algunos medios fue presentado como un “conflicto de poderes”, sino que buscan darle cauce por las vías que corresponden.

Pocas horas después de que recibiera la invitación de la Corte, Fellner emitió un comunicado en el que comprometió “la colaboración necesaria de la Cámara de Diputados para coordinar las acciones que permitan acelerar los juicios por los delitos de lesa humanidad”.

Planteos y medidas

La Corte pedirá a Massa presupuesto para 900 empleados, que serán asignados a las causas demoradas.

Otros 500 millones de pesos, destinados a informatizar el Poder Judicial, están paralizados en una cuenta del Banco Nación. Como la administración de los mismos compete al Consejo de la Magistratura, la Corte reclamará a Massa que sean liberados (cosa que ya habría hecho hace unos 10 días, sin obtener respuesta).

El Ministerio de Justicia, ambas cámaras del Congreso y la Procuración General fueron invitados a una comisión que controle los problemas operativos que van surgiendo en las causas contra la represión.

Todos los tribunales que tengan causas originadas en la represión deberán informar sobre los problemas que retrasan esos expedientes. También tendrán que comunicar cuándo elevarán las causas a juicio, y los tribunales orales deberán notificar a la Corte sobre las fechas y realización de las audiencias de esas causas.

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ADEMÁS

La vicegobernadora de Santa Fe, ex fiscal federal interviniente en causas por delitos de lesa humanidad, sostuvo que los juzgados federales de Rosario están sobrecargados.

Foto: Archivo El Litoral

Tessio con Lorenzetti y Righi

La vicegobernadora de la provincia, Griselda Tessio, se reunió esta mañana con el procurador general de la Corte nacional, Esteban Righi, y tenía previsto hacerlo pasado el mediodía con el presidente del Alto Tribunal, Ricardo Lorenzetti. En ambos casos, la intención de Tessio era, en su condición de integrante del Gobierno de la provincia, pero también de ex fiscal federal, manifestar su preocupación por los retrasos en las causas por violaciones a los derechos humanos, comunicar las acciones de la Provincia en el plano de la protección de testigos y oferta de recursos para facilitar el desenvolvimiento de estos procesos y manifestar su respaldo a la constitución de una comisión interpoderes para agilizar los trámites.

“Esto es mucho más operativo, más necesario que estar buscando culpas o quién tiene la responsabilidad por los retrasos”, indicó la funcionaria, en diálogo telefónico con El Litoral, desde Buenos Aires.

Tessio indicó que, en la medida en que el juzgamiento de los considerados crímenes de lesa humanidad se ha establecido como política de Estado, se debe dejar en claro a la sociedad la convicción de que los culpables deben ser condenados, y que las demoras en ese orden pueden generar la sensación de que esto no es así.

“Nos parece importante que se conozca la colaboración de nuestro gobierno, a través del Programa de Protección de Testigos. Y también el ministro de Justicia lanzó la idea de formar una comisión interministerial para cuando se produzcan los debates, aportando controles, cuidados, infraestructura, lo que sea necesario para facilitar el desarrollo, naturalmente desde afuera”, estableció.

Consignó que, en particular, en la provincia las demoras se han dado por las dificultades para constituir el tribunal, con jueces “ad hoc” (especialmente designados para esas causas en particular), por las excusaciones producidas. De todos modos, consignó que en Rosario fueron elevadas a juicio una serie de causas en las que ella misma trabajó -incluyendo la emblemática y voluminosa causa Feced, de la que se desprende una serie de causas menores- que, si bien pueden ser consideradas pocas en comparación con la cantidad de víctimas y presuntos represores registrados, son avances concretos. Y consideró que, por su actuación en el fuero, “puedo dar fe de la sobrecarga de tareas que tienen los juzgados federales de Rosario. Indudablemente, habría que crear más juzgados”.