Presentación de los diputados de la oposición
Piden suspender los plazos de la licitación del agente financiero
El justicialismo plantea una serie de interrogantes contenidos en un pedido de informes que no fue tratado en la última sesión de la Cámara Baja. Enviaron una nota al gobernador solicitando respuestas a una serie de inquietudes sobre el proceso en marcha.
De la redacción de El Litoral
Los 22 diputados de la oposición (21 justicialistas y un cavallerista) estamparon sus firmas en un pedido de informes de diez puntos sobre el llamado a licitación pública para contratar una entidad bancaria que se desempeñe como caja obligada y agente financiero de la administración pública. El pedido contenía una solicitud de suspensión de los plazos del proceso licitatorio hasta tanto se otorgue el referendo legislativo o el Poder Ejecutivo responda a los pedidos de informes de la Legislatura. Ante la negativa del oficialismo a darle tratamiento sobre tablas al proyecto, el mismo jueves el sector presentó una nota al gobernador Hermes Binner, advirtiendo sobre la postura y planteando los interrogantes.
El pedido requiere el contenido del dictamen de Fiscalía de Estado sobre el decreto de convocatoria a la licitación; si existen razones suficientes que justifiquen el llamado abierto; y si se ha dimensionado el hecho de que el actual agente no se presente o que no resulte adjudicatorio.
Califica de exiguo el plazo de presentación de ofertas previsto para el 31 del corriente y “dada la complejidad de la documentación a presentar, hecho que pareciera beneficiar a quien se encuentra en mejores condiciones para cumplir con ese plazo y que es el actual prestador del servicio, se ha tomado en cuenta la situación de desigualdad creada respecto al resto de posibles oferentes”. También quieren saber si solicitarán referendo legislativo antes de la formal adjudicación.
Los siguientes cuatro puntos del PJ apuntan a la transferencia de las cuentas judiciales del sur al Banco Municipal de Rosario. Allí interrogan si se tuvo en cuenta que los fondos no son de la provincia sino de personas particulares donde los únicos que pueden disponer de su destino son los jueces del trámite; situación patrimonial de ese banco; cauciones que se le exigirán a esa entidad y motivos que fundamenten haber desagregado esa unidad de negocios del paquete general.
Algunos fundamentos
Los diputados justicialistas dicen estar sorprendidos por el dictado del decreto de convocatoria a licitación porque “desde la comisión de Presupuesto de la Cámara se nos informaba que no se aprobaban los pedidos de prórrogas del actual contrato del agente financiero a la espera del pedido de autorización legislativa para el nuevo contrato con remisión de los pliegos incluida”.
A la hora de fundamentar el reclamo por la transferencia de las cuentas judiciales de Rosario al Banco Municipal citan un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde afirma que “en el supuesto especial de los denominados “depósitos judiciales’ está comprometida tanto la división de poderes como el derecho de propiedad. El estatuto del poder diseñado por la Constitución establece un área de reserva para los jueces y uno de los aspectos es el juzgamiento sobre el destino de los bienes litigiosos. Los otros poderes no pueden decidir un pleito ni ejercer funciones relativas a la Justicia, y esa frontera existe tanto en tiempos de normalidad como de emergencia. Son los jueces quienes deben resolver el destino de los fondos, sin injerencia de ninguna otra autoridad”. Se aclara que el fallo es del 20 de marzo de 2007.
análisis
Propuesta que ahonda el deterioro institucional
Lilia Puig
En el año 2005, la Argentina tuvo por primera vez una regla para las elecciones nacionales que buscaba imitar la racionalidad electoral de las democracias estables. El Congreso nacional fijó el cuarto domingo de octubre como la fecha en que se deberían llevar adelante las elecciones de presidente, senadores y diputados nacionales. La ley tuvo su origen en un proyecto del presidente Kirchner y fue apoyado por los bloques de la oposición.
En esos tiempos todavía se creía que era posible mejorar la institucionalidad política. Me tocó ser uno de los voceros del bloque radical en la sesión de la Cámara de Diputados por haber presentado un proyecto en ese sentido. Creía que era necesario tener una fecha fija, salir de las manipulaciones electorales de los presidentes o de los gobernadores que, usando la fecha electoral como un recurso político, acomodaban las elecciones a la medida de los intereses del partido político que los había puesto en el gobierno. Como decía Norberto Bobbio, la democracia se reconoce en un conjunto de reglas fundamentales entre las que se destacan las que regulan la competencia electoral. Estas reglas deben tratar a todos los partidos políticos por igual sin considerar la situación en la que circunstancialmente se encuentren. La existencia de una fecha fija se apoya en esa idea.
Uno de mis argumentos a favor de una fecha propia de las elecciones nacionales era que es necesario que el ciudadano al momento de elegir diferencie las responsabilidades que asumirán los elegidos. Las competencias y las obligaciones del Estado nacional no son las mismas que las de las provincias o los municipios. En un país que tiene pendiente el funcionamiento de su federalismo las reglas deben facilitarle al ciudadano esa diferenciación.
Entre los argumentos esgrimidos para modificar la fecha de las elecciones se ha dicho que la elección de octubre es un “escollo” y que los posicionamientos partidarios “poco tienen que ver con los intereses de los argentinos”. Ni lo uno ni lo otro. Las elecciones en octubre brindaban claridad sobre el contenido de la elección, permitían despejarlo de las situaciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fortalecían la posibilidad de que los argentinos tuviéramos un debate claro sobre la cuestión federal puesta en la agenda pública a partir del año pasado a raíz de las controversias generadas por la resolución 125.
Los partidos políticos son las organizaciones responsables de ofrecer candidatos y programas de gobierno a los ciudadanos para que gobiernen en lugar de ellos ocupando los cargos de dirección del Estado. Por ello, es del máximo interés de los ciudadanos conocer los posicionamientos internos de los partidos, quiénes integran cada fracción, cómo se financian, qué ideas llevarán al gobierno.
La crisis no es un argumento válido para modificar el calendario. Los Estados Unidos hicieron una elección democrática ejemplar en el momento de una de las crisis económicas más graves de su existencia. El razonamiento es el inverso, la crisis exige la consulta al ciudadano y es la obligación de quienes gobiernan no confundirlo mezclando elecciones nacionales con provinciales o municipales. La fecha elegida parece un símbolo del deterioro de nuestra democracia: el 28 de junio de 1966 fue derrocado el presidente Illia.
(*) Diputada nacional en el período 2001-2005.
