Hoy se publicó el decreto oficial

La coparticipación de retenciones

fue recibida con muchas reservas

Más allá del impacto económico de la decisión, fue evaluada como una jugada del gobierno para dividir el frente de apoyo político al agro y tratar de recuperar algunos votos en el Congreso. Críticas desde Santa Fe.

Horacio Serafini/Redacción El Litoral

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CMI/DyN/Corresponsalía Rosario

La decisión del gobierno nacional de coparticipar con provincias y municipios un 30 por ciento de los ingresos por las retenciones a las exportaciones de soja, cristalizada hoy con la publicación en el Boletín Oficial del decreto 206, conlleva el intento de quitarle argumento al agravado reclamo del sector agropecuario y sus aliados de oposición.

También tiene el afán de restaurar el resquebrajamiento de la alineación de gobernadores e intendentes que podía poner en riesgo la aprobación por el Senado del adelantamiento de las elecciones legislativas el jueves próximo.

Con su acostumbrado efecto sorpresa, la presidenta Cristina Fernández anunció ayer la creación por medio de un decreto de necesidad y urgencia de un “fondo federal solidario” con 30 por ciento de los ingresos por las retenciones a la soja que la Nación coparticipará con las provincias y éstas a su vez con los municipios para financiar específicamente obras públicas.

Los ingresos que se distribuirán serán 6.520 millones de pesos, que representan 11 por ciento adicional sobre el monto actual de la coparticipación, dijo la presidenta. Su distribución será igual a la vigente para el Impuesto al Cheque: del 30 por ciento que enviará la Nación, 70 irá a las provincias y 30 por ciento a los municipios según el régimen de coparticipación de cada distrito.

El plan anunciado ayer recuerda el frustrado “Programa de Redistribución Social” que el gobierno lanzó en junio del año pasado cuando en pleno conflicto con el sector agropecuario envió el proyecto de ley sobre retenciones móviles al Congreso que un mes después sepultó el voto negativo del vicepresidente Julio Cobos. La diferencia consiste en que ese programa preveía que la Nación haría la inversión en obras públicas, mientras que ahora serán las provincias y los municipios los que se encargarán.

Fondo solidario

Rodeada de sus ministros, senadores y diputados, gobernadores e intendentes, que habían sido convocados a Olivos sin saber de qué se trataría el anuncio, lo que dio pie a rumores y especulaciones previas, Cristina Fernández fundamentó la decisión en la necesidad de “sostener la actividad económica y el empleo” ante los efectos de la crisis internacional, y afirmó: “He tomado la decisión de que uno de los derechos de exportación, a la soja, sirva para crear un fondo federal solidario para ser coparticipado con provincias y municipios”.

Antes admitió que debido a la crisis internacional disminuye la recaudación fiscal por lo que las provincias reciben menores recursos, “lo que tendrá impacto en sus economías”, reconoció.

La decisión estuvo lejos de calmar la protesta del sector agropecuario, cuyos dirigentes se apresuraron a vincularla al interés electoral del gobierno: Eduardo Buzzi (FAA) dijo que el gobierno “busca poner la plata de la soja en la campaña electoral” y anticipó que “precipita el conflicto”, mientras que Hugo Biolcatti (SRA) insistió en que el oficialismo acceda a debatir en Diputados un proyecto de cambios al régimen de retenciones que se frustró ayer por falta de quórum.

Pronunciamientos similares partieron desde sectores de oposición: “Es una declaración de guerra contra el campo, en la que el gobierno quiere sumar a su ejército a gobernadores e intendentes”, señaló un comunicado del radical Gerardo Morales y Elisa Carrió.

Lifchitz: Insuficiente

Por su parte, el intendente rosarino Miguel Lifschitz consideró esta mañana que los anuncios del gobierno nacional “son insuficientes para dar una respuesta a los reclamos del sector agropecuario”, algo que quedó de manifiesto “con el recrudecimiento de los cortes de ruta” que comenzaron a aparecer en distintos puntos del país y la provincia como respuesta a las medidas anunciadas por la presidenta.

De todos modos, el intendente rosarino sostuvo que la distribución a los distritos del interior de los fondos que se reclaman en concepto de coparticipación “era una medida reclamada por gobernadores y dirigentes agropecuarios desde hace mucho tiempo”.

“Creo que en este momento de la Argentina cualquier medida o decisión si no tiene suficiente tiempo de diálogo y consenso resulta insuficiente”, señaló el jefe comunal, quien agregó: “Esto es lo que va a ocurrir probablemente con esta decisión, va a generar polémica y no calmará la demanda de los diferentes actores”. (Más información en página 12).

La coparticipación de retenciones fue recibida con muchas reservas

Cristina Kirchner volvió a reunir a funcionarios y gobernadores -entre quienes no estuvieron Hermes Binner y Juan Schiaretti-, manteniendo el secreto del anuncio para reforzar el golpe de efecto.

Foto: Télam

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EN NÚMEROS

30 %

de recaudación

por retenciones se distribuirá a las provincias.

De 480

a 500 millones

recibiría Santa Fe, según la recaudación total.

De 140

a 150 millones

irían para los municipios.

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LA CLAVE

Jugada sorpresa

El sorpresivo anuncio es el segundo de ese tipo en menos de una semana después que el viernes pasado la presidenta comunicó el envío de un proyecto de ley para anticipar las legislativas que aprobó Diputados el miércoles y que el jueves próximo tratará el Senado. La jugada de coparticipar retenciones a la soja busca quitarle la principal bandera al reclamo agropecuario y a provincializar y municipalizar el conflicto. Pero también a consolidar la chance de reunir los 37 votos en el Senado que el oficialismo necesita para sancionar el adelantamiento electoral al 28 de junio en el Senado.

Los fundamentos

Recurso. Se reivindica la pertenencia a la Nación de los recursos derivados de los derechos de exportación, subrayando que -para el gobierno- no son coparticipables, ni entran en el rubro impositivo.

Excepcionalidad. La distribución del recurso se hace en atención a la gravedad de la crisis internacional y su repercusión en el país.

Destino. Los fondos deben volcarse en forma directa a inversiones de infraestructura en educación, salud, sanidad, vivienda o vial.

Automaticidad. El reparto se hace de manera inmediata y de la misma manera que la coparticipación, pero las provincias deben adherir y comprometerse a trasladarlo de la misma manera a municipios y comunas.

Federalismo. Los fundamentos del decreto cifran en “una visión federal, de pertenencia al país profundo del interior”.

Urgencia. Se justifica la vía elegida por “la particular naturaleza de la situación”, que dificulta “seguir los trámites ordinarios” que demandaría la sanción de una ley.

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ADEMÁS

Binner insiste

La posición del gobierno santafesino fue difundida a través de un comunicado oficial, donde se insiste en pedir la suspensión de las retenciones por 180 días “para incentivar la producción agroindustrial y favorecer la expansión de la actividad económica”, habida cuenta del “shock de confianza” que la sociedad necesita.

También expresa la aspiración de que todos los temas referidos a impuestos, derechos sobre el comercio exterior y coparticipación sean tratados, como la Constitución Nacional indica, en el Congreso de la Nación.

Finalmente, se reclama una convocatoria a todos los gobernadores para dialogar y consensuar propuestas para enfrentar los efectos de la crisis internacional y confirma que, en las próximas horas y conforme a lo anticipado en febrero, se elevará a la presidenta una propuesta que plantee un Pacto Federal Fiscal Contra la Pobreza y garantice la autonomía financiera de las provincias argentinas.