Concentración de recursos

La Nación retiene dos de cada tres pesos

De la redacción de El Litoral

Idesa

Aunque aparenta ser un alivio, la distribución a las provincias y municipios de parte de las retenciones a las exportaciones de soja constituye un nuevo avance hacia una conformación amorfa del sector público.

El nuevo esquema apenas atenúa la concentración extrema de recursos a favor de la Nación. Más importante aún es que implica seguir postergando un replanteo de fondo en la distribución de funciones y recursos entre el gobierno nacional y las provincias. Por eso, mientras en las sociedades bien organizadas el Estado juega un rol clave en la estrategia de desarrollo, en la Argentina sigue operando como un lastre.

La presión impositiva alcanzó un récord histórico en el 2008. Sumando la recaudación de la Nación y de las provincias se llega al 31 % del PBI. Esto significa que, por cada 3 pesos que produce la economía, el sector público se apodera de 1 peso.

Comparando con el promedio observado entre 1993 y 2000, la presión tributaria se incrementó en 10 puntos del PBI. El rasgo más notable de este proceso es que la mayor parte de los recursos adicionales fue apropiada por el gobierno nacional. De los 10 puntos de incremento en la presión fiscal, 8 puntos fueron hacia el gobierno nacional y apenas 2, a las provincias.

Escaso impacto

En este contexto, el reciente anuncio de que parte de las retenciones será compartida con las provincias aparenta ser una buena noticia. Sin embargo, para llegar a conclusiones objetivas es necesario evaluar si la distribución del 30 % de las retenciones a las exportaciones del complejo sojero constituye efectivamente un cambio de tendencia. Sobre la base de la información oficial con respecto a la recaudación consolidada de la Nación más las provincias es factible trazar el siguiente panorama.

Entre 1993 y 2000, la presión impositiva total fue de 20,9 puntos del PBI, apropiada en un 56 % por la Nación y el 44 %, por las provincias (26 % por distribución automática, más el 18 % restante por impuestos provinciales).

En el 2008, la presión impositiva subió a 30,8 puntos del PBI, distribuida en un 64 % para la Nación y 36 % para las provincias (22 % por distribución automática y el 14 % por impuestos provinciales).

Con la reciente propuesta del gobierno, la presión impositiva se mantendría en 30,8 puntos del PBI y la composición pasaría a ser 62 % para la Nación y 38 % para las provincias (24 % por distribución automática y 14 % por impuestos provinciales).

Los datos muestran que, hasta el 2000, la presión impositiva total se repartía prácticamente en partes iguales entre la Nación y las provincias. Pero, a partir de 2002, se produjo una fuerte tendencia a la concentración a favor de la Nación, que arroja como resultado que, en el 2008, 2 de cada 3 pesos de presión fiscal sean apropiados por la Nación. Con el nuevo mecanismo se afecta muy marginalmente esta distribución; por lo tanto, se mantiene intacta la concentración extrema producida en los últimos años.

Tendencia sostenida

En un mirada de muy corto plazo, para quienes están al borde de la emisión de cuasi monedas para poder seguir pagando los sueldos de los empleados públicos, cualquier incremento de ingresos es buena noticia. Pero, desde el punto de vista de la estructura de distribución entre jurisdicciones, no hay que esperar cambios importantes, ya que se mantiene un nivel de concentración muy superior al que existía antes de la crisis de 2002 y claramente inconsistente con una organización federal.

Por eso, en una mirada de mediano plazo, el decreto es una mala noticia. El mandato constitucional de revisar la distribución de recursos fiscales en función de una asignación descentralizada de funciones y responsabilidades se vuelve a postergar. Perpetuar la concentración de recursos fiscales en la Nación es perpetuar una conformación amorfa del sector público. Las jurisdicciones responsables de brindar servicios fundamentales para el desarrollo (Educación, Salud, Justicia y Seguridad) no se hacen cargo de los mediocres resultados con el argumento de que no tienen recursos suficientes. Simultáneamente, la abundancia relativa a favor del nivel nacional induce a la dilapidación.