En el Día de la Memoria
Masivos reclamos por justicia en las causas de lesa humanidad
Miles de personas se concentraron en todo el país para exigir condenas a los represores de la última dictadura militar. En nuestra ciudad hubo actos de intimidación a legisladores y querellantes en las causas. Binner dio garantías.
La concurrencia a la Plaza de Mayo superó las expectativas de los organizadores y, al igual que en el resto del país, fue muy superior a los últimos años.
Foto: Flavio Raina
De la redacción de El Litoral
Miles de militantes políticos y de organizaciones sociales participaron ayer de los actos por el Día de la Memoria, en el 33º aniversario del Golpe de Estado de 1976, en el que las entidades de derechos humanos reclamaron que “se aceleren los juicios contra los represores y genocidas” y exigieron “el compromiso de todos los poderes del Estado”.
En Buenos Aires, en una multitudinaria reunión realizada en Plaza de Mayo, pidieron además “cárcel común, perpetua y efectiva a los represores”, así como “amnistía para los luchadores sociales” y “el no pago de la deuda externa ilegítima y fraudulenta”. En un documento leído por una decena de integrantes de Madres de Plaza de Mayo, afirmaron que “la lentitud de la Justicia genera impunidad y la impunidad sólo crea más impunidad”.
Desde un escenario montado cerca de la pirámide en el centro de la plaza, los dirigentes cuestionaron que después de cuatro años de haberse abolido las leyes de punto final y obediencia debida “sólo hubo 44 condenas” entre los autores de “un plan sistemático de exterminio”.
“Hay 526 genocidas que esperan ser juzgados, han muerto 192 y todavía existen 100 prófugos”, relevaron. Pidieron además que “los tres poderes del Estado se involucren en las condenas”, y exigieron “la apertura de todos los archivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad para conocer toda la verdad” y “la restitución de la identidad de hijos de desaparecidos”.
En Santa Fe y Rosario
En nuestra ciudad, la marcha fue encabezada por las Madres de Plaza de Mayo, acompañadas en esta oportunidad por el gobernador Hermes Binner, la vicegobernadora Griselda Tessio y otros funcionarios del gabinete provincial.
Binner aseguró que la presencia masiva de los ciudadanos habla a las claras de que “tenemos memoria y no nos olvidamos de lo que pasó hace 33 años”. No obstante recordó que la Justicia se encuentra ahora “en vísperas de empezar un tiempo nuevo” dentro del cual el gobierno de la provincia trabaja “para proteger a los testigos y para que haya justicia en nuestra patria por todos los crímenes de lesa humanidad”.
Precisamente, a propósito de los actos intimidatorios registrados ayer (ver aparte), los interpretó como un indudable intento de “atemorizar a los testigos”, pero insistió en la necesidad de propiciar y garantizar el esclarecimiento.
Después de la lectura del documento preparado para la ocasión, la nómina de desaparecidos santafesinos, las adhesiones de entidades y las palabras de varios referentes de distintos organismos se realizó la presentación de un breve documental y la actuación de la murga uruguaya Falta la Papa.
En la ciudad de Rosario, unas 25 mil personas se movilizaron desde la plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera. Momentos antes del inicio de la marcha se produjeron algunos incidentes con pedradas entre integrantes del Movimiento Evita y militantes del Partido Comunista Revolucionario.
ADEMÁS
Actos intimidatorios
Una seguidilla de actos intimidatorios a legisladores, militantes de derechos humanos y querellantes en causas contra represores fue la contracara siniestra de los actos recordatorios de ayer y la masiva concentración en reclamo de justicia, en nuestra ciudad.
A los volantes contra los diputados provinciales Antonio Riestra y Alicia Gutiérrez, tildándolos de “montoneros” y “terroristas”, que se repitieron en el cementerio municipal y en el acto en la plaza de Rincón, se sumó un balazo en la vidriera del comercio del hijo de Daniel García, testigo en la causa Brusa. Y también, pintadas con amenazas en la pared del estudio de la abogada Lucila Puyol, de la agrupación Hijos.
“Lo más llamativo es que la foto que pusieron en los volantes es la que tengo en el archivo de la Legislatura”, manifestó Riestra a El Litoral.com, y agregó que “el tema de que me involucren ya lo tengo incorporado, la amenaza es constante, pero la gravedad reviste en que emprendan contra un testigo, un querellante, eso es grave”.
En un comunicado del partido SI, firmado por Oscar Belbey, consideran que todos estos hechos “se enmarcan en el objetivo central: evitar el juzgamiento de los responsables del genocidio en nuestra provincia”, por lo cual manifestaron su solidaridad con los damnificados y su compromiso con esa causa.
Por su parte, la Asociación Sindical del Personal del Iapos (Aspo) sumó su repudio a estos hechos y reclamó la resolución de juicios pendientes, frente al accionar de “los intolerantes y violentos de décadas pasadas”, que “se encuentran agazapados intentando volver a través del miedo”.
A su vez, la agrupación Hijos mencionó otros episodios: amenazas a la querellante Amalia Ricotti (causa Barcos) -quien además fue perseguida en plena vía pública por un amigo de Brusa-; irrupción de desconocidos en reiteradas ocasiones en la vivienda de la querellante Soledad Chávez (causa Menéndez); aparición de panfletos intimidatorios en domicilios de las querellantes contra Brusa.
“Es evidente que los genocidas santafesinos hoy pueden levantar el teléfono y encargarles a sus cómplices realizar las más cobardes tareas; pueden leer esto desde la comodidad de sus casas de fin de semana e imprimir volantes reivindicando los asesinatos cometidos contra nuestros padres, compañeros y amigos”, sostuvieron.
LA CLAVE
Juicios
La masiva concurrencia a los actos de ayer, superior a los últimos años, y la seguidilla de actos intimidatorios que salpicaron la jornada, tienen un mismo detonante: el desarrollo de los juicios a los acusados por delitos de lesa humanidad en la dictadura militar. La misma cuestión que desató el debate entre el gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia, referida a la disponibilidad de recursos y a la disposición de los jueces, y que también ayer se tradujo en la estratégica y elocuente difusión del fallo Etchecolatz.
