EDITORIAL

En defensa de la libre información

El gobierno nacional se ha propuesto saldar una vieja y significativa deuda de la democracia, que aún padece una norma de radiodifusión de facto, más allá de sucesivas enmiendas. Pero ese objetivo histórico y republicano no puede ser saldado con una decisión política autocrática, agravada por impulsos confrontativos y amenazas, en medio de un debilitado escenario institucional y con una crisis económica y social latente.

La propia expresión y el acceso a la información están inscriptos en los derechos humanos y en la génesis de la República moderna, así reconocidos en tratados internacionales y en la Constitución Argentina. Todo gobernante tiene la obligación de informar y toda persona tiene derecho a expresarse y a ser informada.

Los medios de comunicación deben cumplir una misión que asuma esos preceptos; más aún lo debe hacer el gobernante de turno, que debe garantizar un sistema que sustente esas libertades fundamentales.

El ex presidente Néstor Kirchner decretó en 2007 la libertad de acceso a la información, pero nunca impulsó una ley que garantice un procedimiento aún hoy inexistente. Desde la alcoba presidencial amenaza a los medios, en un país que en ocasiones padece censurar a periodistas, piquetes a la circulación de diarios, interrupción pirata de señales satelitales y hackeo de portales informativos.

No es un secreto que el oficialismo fracasó por sí o por sus amigos, en sus intentos por asumir posiciones dominantes en el mercado nacional de la comunicación. El mundo no está exento de tiranías mediáticas; el país debe advertirse con la pluma de Mariano Moreno, su primer periodista: cambiar de tirano no es mudar la tiranía.

Hay riesgos renovados que anidan en el proyecto oficial. Un sistema de control dominado por la estructura del gobierno central y la exigencia de constantes reválidas en las licencias no sólo de los medios, sino también de las productoras de contenidos de noticias, constituyen un límite inaceptable para un sistema democrático progresista.

Además, el organismo federal concebido en el texto no es más que un ente asesor, en un modelo de gestión que reitera vicios unitarios. La pretensión del monopolio político, aliado de corporaciones bendecidas con una magnífica potestad de recaudación, es una amenaza de la cual la Argentina se debe defender.

Tiene razón el gobierno de Cristina Fernández en promover la pluralidad de voces; debe demostrar que procurará un modelo funcional a ese principio. La historia del poder demuestra que la diversidad es una condición fundamental para combatir las tentaciones hegemónicas y preservar los intereses regionales, que tantas veces la concentración del poder y de los medios ahogan.

La jefa del Estado ha anunciado que habrá 60 días para abrir un debate público. Es inadmisible que un proceso tan delicado como trascendente, se abra sin reglas claras preestablecidas, en medio de un encendido clima electoral y con peligrosos síntomas de divisiones y confrontación, que fisuran la paz social de los argentinos.