EDITORIAL

El costo de la corrupción

La inclusión de la corrupción dentro del gobierno argentino como uno de los factores que desalientan a los inversores externos, realizada por un informe del Departamento de Estado de EE.UU., se inscribe en la percepción que existe a nivel internacional del desempeño del sector oficial en nuestro país, que también se extiende al sector privado y que, junto a otros factores, es uno de los principales contrapesos para la inyección de capitales.

El documento, cuyos términos fueron diplomáticamente suavizados e intenta evitar abordajes políticos y ceñirse a un perfil “técnico”, comienza elogiando el despegue económico argentino pero, tras advertir sobre una ya más que probable retracción por efecto de las crisis financiera internacional, pasa a puntualizar los vicios que aquejan a nuestro país y conspiran contra su valoración en el mundo de los negocios.

Algunos de los ítems apuntados tienen que ver con decisiones de política económica que, en todo caso, están filtradas por el punto de vista. Así, las regulaciones en materia de hidrocarburos o energía. Pero otros puntos son menos opinables y, en todo caso, coinciden con la visión que existe puertas adentro, sólo que en este caso establece un correlato directo en perjuicio de las posibilidades de desarrollo del país.

La sostenida permanencia de la Argentina en los arrabales del ranking elaborado anualmente por Transparencia Internacional, se apoya en la multiplicación de causas y denuncias contra funcionarios, el entorpecimiento de la tarea de los organismos de control y la presión sobre los jueces. De hecho, la participación del Poder Judicial en este entramado, es consignada a partir de sus “ineficiencias”, que “limitan los esfuerzos” de la sociedad civil por desatar la maraña de irregularidades que permite el ofensivo enriquecimiento de dirigentes oficialistas y empresarios amigos del poder, en desmedro de las necesidades de infraestructura y servicios, o los más elementales principios de la sana administración.

En este plano, la grosera manipulación de los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos para utilizar esa información como insostenible y torcida herramienta de gestión, derribó un pilar de credibilidad que esta administración no tiene, y que planteará severos desafíos para las sucesivas.

En algún momento de la historia reciente, la corrupción institucional llegó a plantearse como un mal menor, o un costo aceptable en aras del progreso, hasta el punto de naturalizarse e incluso echar raíces en las prácticas cotidianas. La catástrofe sobreviniente demostró la falacia y los costos mensurables de esa concepción, aunque también la hipocresía de una sociedad que no aplica para sí lo que dice exigir a sus gobernantes. En tal sentido, estos pronunciamientos internacionales deben operar como un campanazo de alerta, para que los ciudadanos hagan propio el compromiso de convertir a la Argentina en un país confiable, y se aseguren de que la dirigencia esté a la altura de ese imperativo.