Las elecciones del 5 de abril de 1931

Rogelio Alaniz

La dictadura de Uriburu contaba con un ministro considerado un maestro de las operaciones políticas. Se llamaba Matías Sánchez Sorondo. Era conservador, inteligente y con manifiestas simpatías fascistas. Ni Uriburu ni Sánchez Sorondo creían en las elecciones. Las consignas de sus seguidores eran “Urnas no, palos sí”, un cántico elocuente que no necesitaba de refinadas interpretaciones para poner en evidencia la ideología de sus promotores.

Después de dar el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, Sánchez Sorondo se encargó de programar los trabajos sucios de la llamada revolución setembrina. Se fusilaron anarquistas, se apalearon obreros y estudiantes y se designó a Leopoldo Lugones (h) al frente de la Sección Especial, con el objetivo de interrogar y torturar disidentes. En esas jornadas épicas vividas en los sótanos de la policía, Lugones descubrió que la picana eléctrica podía ser una invalorable herramienta para arrancarles confesiones a anarquistas y radicales subversivos.

Uriburu constituyó en esos meses una milicia armada que se conocería con el nombre de Legión Cívica. Los muchachos, integrantes muchos de ellos de las familias bien de Buenos Aires, desfilaban uniformados por Avenida de Mayo, intentando parecerse a los camisas negras o los camisas pardas de Italia o Alemania.

Para principios de 1931, la dictadura supone que las principales disidencias han sido derrotadas. Los radicales, la despreciable chusma radical, se han dispersado en el aire. En el frente militar es donde se registran los problemas más serios. Para ser precisos, habría que decir que el verdadero adversario del régimen uriburista ya no eran los militantes radicales, la mayoría de ellos derrotados en rebeliones que carecían de posibilidades de triunfo, sino los militares liderados por el general Agustín Justo; a decir verdad, el real y efectivo heredero político de la revolución de 1930 y el representante más sólido y convincente de la suma de intereses políticos, sociales y económicos que estuvieron presentes en aquella asonada.

Uriburu y el grupo de colaboradores que lo asiste creen que el sufragio universal es el símbolo de todos los males y que la alternativa a esa maniobra demagógica eran las corporaciones. Sus simpatías con un orden corporativo han dado lugar a la identificación de Uriburu con el fascismo. Diagnóstico equivocado. En realidad, el fascismo de Uriburu era más verbal que real. Su principal preocupación eran el orden y las jerarquías tradicionales. Como muchos conservadores, creyó que Mussolini había encontrado la fórmula ideal para poner punto final al peligro comunista y a las aspiraciones salvajes de las masas.

Para ser un fascista completo, a Uriburu le hacía falta calor popular. No hay fascismo sin movimiento de masas, sin movilización de las plebes, sin la emergencia en el poder de grupos marginales. Uriburu no tenía nada que ver con Mussolini, y mucho menos con Hitler. Era un autoritario conservador con ínfulas de dictadorzuelo, pero le faltaba mucho para ser un fascista. No sería la revolución de 1930 la que más se aproximaría al fascismo, sino la de 1943, pero esto, como se suele decir en estos casos, es otra historia.

Lo cierto es que los sectores más lúcidos de las clases dominantes no estaban convencidos del fascismo como solución nacional. En la Argentina, ni el comunismo ni el anarquismo eran un problema para el poder. Para la tradición conservadora y liberal de nuestras clases dirigentes, la máxima transgresión que se podían permitir era la de haber derrocado a Yrigoyen. A partir de allí, estaban convencidos de que la mejor solución era una democracia liberal con los controles y recaudos políticos del caso.

Uriburistas y justistas estaban de acuerdo en derrocar a Yrigoyen. Compartían los medios pero no los fines. Uriburu creía en la dictadura; Justo defendía una democracia condicionada, algo fraudulenta, pero democracia al fin. Las diferencias se dirimían en el interior de la clase dirigente, pero a medida que las contradicciones se hacían más agudas terminarían proyectándose al conjunto de la sociedad.

Como consecuencia de esas presiones, la dictadura decidió promover un ensayo electoral tendiente a ir normalizando progresivamente el sistema político. Sánchez Sorondo estaba convencido de que los radicales habían desaparecido o se habían reducido a una despreciable minoría. Lo sucedido después del 6 de septiembre parece justificar su diagnóstico. Nadie había movido un dedo a favor de Yrigoyen. Nadie había salido a la calle. La chusma, el hampa yrigoyenista, huyó como las ratas y los ciudadanos, confundidos por la demagogia radical, abrían por fin los ojos y estaban dispuestos a reconocer a los verdaderos salvadores de la Patria.

A partir de esos presupuestos Sánchez Sorondo programó las elecciones para elegir gobernador y legisladores en la provincia de Buenos Aires. Se aseguraba que, después de esos comicios, se convocaría a elecciones en las provincias de Corrientes, Santa Fe y Córdoba. La fecha elegida para ese ensayo era el 5 de abril, domingo de Pascuas, para ser más preciso. Los conservadores estaban muy seguros de ganar. Tan seguros, que ni siquiera se les había ocurrido hacer fraude. Sus candidatos eran dos clásicos representantes del régimen terrateniente: Antonio Santamarina y Celedonio Pereda. Imposible pensar en candidatos más genuinos.

Los radicales se reunieron en la ciudad de La Plata para decidir si se presentaban o no. El propio Yrigoyen hizo saber, desde su prisión en la isla Martín García, su posición a favor de la concurrencia. Se dice que en un primer momento el candidato a gobernador iba a ser Marcelo T. de Alvear. Sin embargo, su residencia en París impedía efectivizar esa candidatura. Finalmente, la convención decidió que la fórmula estuviera integrada por Honorio Pueyrredón y Mario Guido. Era una fórmula moderada. Se trataba de dos dirigentes a los que se podía acusar de muchas cosas, menos de populistas.

En la lista de legisladores se incorporan dos jóvenes dirigentes. Uno se llama Crisólogo Larralde; el otro, Ricardo Balbín.

El tercer Partido que se va a presentar a las elecciones es el Socialista. A la fórmula la integraban Nicolás Repetto y Teodoro Bronzini. No era una fórmula ganadora, pero los conservadores pensaban que su presencia política en algunos centros urbanos podía quitarles votos a los radicales. Los comicios se celebraron ese domingo con absoluta tranquilidad. El escrutinio se inició esa misma noche en la ciudad de La Plata. Dos semanas antes, algunos radicales habían peregrinado a Martín García para conocer la opinión del jefe. Yrigoyen tenía, para entonces, más de ochenta años; se decía que estaba enfermo, casi senil y que, cuando hablaba, divagaba.

No obstante, recibe a sus correligionarios en el hall de su modesta residencia. Les hace algunas preguntas sobre los nombres de los candidatos. Se interesa por la situación política de algunas ciudades repartidas en una provincia que cuenta con más de cien distritos. Después, mira a sus correligionarios; su expresión es como siempre severa, recatada, y les dice que vayan tranquilos a las elecciones porque el radicalismo va a ganar por treinta mil votos. Los amigos lo escuchan y no lo toman demasiado en serio. Respetan a Yrigoyen, lo admiran y lo quieren como a un padre, pero suponen que sus facultades han declinado.

No están errados los radicales en no creer lo que les dice su jefe. El escrutinio se celebra y efectivamente los radicales no ganan por 30.000 votos como había dicho, sino por 31.000 votos. Ironías al margen, la anécdota es verdadera y admirable. Solo, enfermo y aislado, Yrigoyen, el gran puntero político de la provincia de Buenos Aires, pronostica con precisión asombrosa el resultado de las elecciones sin disponer de encuestas o de mediciones de opinión, técnicas absolutamente desconocidas en aquella época y, a juzgar por los hechos, absolutamente innecesarias.

El resultado de las elecciones de la provincia de Buenos Aires fue el acta de defunción de la dictadura. Sánchez Sorondo y sus colaboradores se vieron obligados a renunciar y en su lugar ingresaron funcionarios leales a Justo. El 8 de mayo el régimen suspendía la convocatoria al Colegio Electoral. Las elecciones se anularon con el argumento de que se habían producido irregularidades. Ese mismo día, Uriburu anunciaba que en seis meses convocaría a elecciones generales. La cuenta regresiva para la dictadura nacionalista había comenzado.