Por violar la ley de propiedad intelectual
Condenaron al portal The Pirate Bay
Es uno de los principales sitios en Internet para descargar e intercambiar archivos.
EFE-AFP
La Justicia sueca condenó hoy a los cuatro responsables del portal The Pirate Bay, uno de los principales en el mundo para intercambiar y descargar archivos, a un año de cárcel y a pagar una indemnización de 30 millones de coronas (2,7 millones de euros) por violar la ley de propiedad intelectual.
La sentencia unánime hecha pública hoy por un juzgado de primera instancia de Estocolmo considera a Fredrik Neij (30 años), Peter Sunde (30), Gottfrid Svartholm Warg (24) y Carl Lundström (48) cómplices de un delito contra la ley de derechos de autor, y acepta la tesis de la Fiscalía de que proporcionando la tecnología necesaria, el portal facilitaba la descarga ilegal de archivos.
La defensa había pedido la absolución porque los acusados sólo habían suministrado una herramienta -la tecnología bit torrent- que no es ilegal y porque la decisión de descargar material protegido era exclusivamente de los usuarios.
Los jueces consideraron que el hecho de facilitar esa tecnología, así como un rastreador (tracker) para permitir el contacto con otros usuarios, “funciones de búsqueda bien desarrolladas” y “posibilidades sencillas para cargar y descargar archivos”, promovía un intercambio que constituye “una transferencia ilegal al público de prestaciones protegidas por derechos de autor”.
Los acusados tenían conocimiento de que se intercambiaba material protegido en su web y trabajaban como un “equipo” para mantener y desarrollar el portal, dirigido “con fines comerciales y de forma organizada”, hechos que según la sentencia refuerzan de “forma objetiva” la idea de complicidad con el delito.
El tribunal considera necesario compensar a la industria audiovisual, cuyos derechos fueron usados de forma ilegal.
La acusación particular, que agrupa a multinacionales como Warner Bros, MGM, Sony BMG y Universal, había solicitado 100 millones de coronas suecas (unos 9,2 millones de euros), pero los jueces decidieron reducir a la tercera parte la indemnización, “de acuerdo con las circunstancias del proceso”.
Presiones políticas y apelación
La defensa calificó aun así la cifra final de “gigantesca“ comparada con la práctica habitual, denunció presiones políticas sobre los jueces y anunció que la sentencia sería apelada.
Los acusados, con edades comprendidas entre los 24 y los 48 años, recibieron hoy el apoyo del Partido Pirata (PP), una agrupación política partidaria del libre intercambio de archivos en Internet y que concurrirá a las próximas Elecciones Europeas en Suecia.
Christian Engström, candidato del PP, denunció la ilegalización del portal, un “embajador exitoso” de su país y un “tesoro cultural”, y criticó a los políticos por estar más preocupados por frenar el progreso que por representar a la población.
La Oficina Antipirata Sueca, que agrupa a distribuidores y productores de películas, calificó en cambio la sentencia de “positiva” y señaló que envía una “clara señal” a todos los que utilizan The Pirate Bay y servicios similares.
Las posibles consecuencias de una sentencia condenatoria de este portal, que cuenta con entre 22 y 25 millones de usuarios y se proclama a sí mismo el mayor rastreador mundial de bit torrent, han estado presentes durante todo el proceso judicial.
Servidores similares a The Pirate Bay o portales como Google, YouTube o Myspace pueden verse perjudicados en el futuro, como alertó Peter Sunde, uno de los acusados, en el juicio.
La sentencia culmina un proceso iniciado en 2005, cuando la Fiscalía abrió un caso contra la web, nacida en Estocolmo en 2004.
La Policía sueca detuvo en mayo de 2006 a tres de los acusados en una redada en la que se confiscaron todos los servidores.
Los cuatro responsables fueron acusados formalmente en enero de 2008, aunque el juicio, el primero en ser retransmitido de forma íntegra por Internet en Suecia, no comenzó hasta un año después.
El Parlamento sueco aprobó hace dos meses una nueva ley contra el intercambio ilegal de archivos en Internet que permite al poseedor de los derechos intelectuales de una obra pedir a un tribunal que obligue al servidor a desvelar la identidad oculta tras una dirección IP que ha compartido archivos de forma ilegal.
