Hacia una democracia participativa

Amílcar Damián Renna

La absorción por el Estado de las autonomías municipales da a nuestro pueblo el aspecto de un enorme imperio asiático donde todo estuviera supeditado al capricho del déspota. Sólo los países que tienen municipios desarrollados pueden gozar de los beneficios de la libertad individual y social. La verdadera limitación a un poder excesivo no es la que se le pueda crear en la propia esfera. Es menester sustraer a su natural expansión, las ciudades y las provincias, creando fueros distintos en órbitas diferentes y paralelas.

Es necesario que nuestras ciudades no sean sólo aglomeraciones de viviendas; es preciso que haya ciudades para que haya ciudadanos. El crecimiento enorme de la población urbana y el espíritu de derroche que mantiene en ellas el Estado, corresponde a un debilitamiento de la población y a la falta de estímulo al trabajo. La gran ilusión de nuestra riqueza inagotable acarreará al país, en un porvenir no muy lejano, consecuencias que pueden ser fatales.

El municipio es el ámbito ideal dentro de la administración pública para la organización y gestión de los servicios sociales, por ser la estructura del Estado más próxima al ciudadano.

Además de la necesidad de información a los ciudadanos para que la participación popular sea un hecho de respeto de la gestión pública municipal, también es necesario contar con organizaciones populares que sean “la voz” y “el sentir” de los vecinos. En la actualidad, cuando se habla más que nunca de la sociedad participativa, la gente es más reacia a integrarse en las organizaciones sociales y de base (basta como ejemplo el descenso de la militancia y la afiliación a los partidos a escala mundial).

Por ello es necesario que desde el municipio se fomente la participación en las organizaciones populares. Porque éstas son la verdadera esencia y punto clave de consolidación de una sociedad democrática. No se trata de que el municipio manipule las organizaciones existentes o que las utilice en interés partidario, ni totalmente opuesto a lo que pretendemos. El tejido social de un municipio será más “sano” en la medida que existan organizaciones vecinales amplias y representativas de los intereses ciudadanos y que trabajen por la calidad de vida. Y esto lógicamente, ayuda a realizar una buena gestión en los servicios municipales. Un tejido apático y poco organizado no ayudará a una buena gestión pública y, además, será fácilmente manipulable por intereses corporativos o institucionales. Por todo esto y en la coyuntura actual es necesario que el municipio ayude y apoye a las asociaciones populares para que, con responsabilidad y autonomía, contribuyan en los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Cada centro comunitario debería tener autoridades elegidas por los vecinos, en forma voluntaria y rotativa, no pueden ser impuestos por el municipio. Para interactuar, el municipio deberá contar con una oficina para establecer relaciones permanentes con las autoridades y negociar con los problemas emergentes.

Reforma política municipal

1º. El número de concejales que se elijan debe estar en proporción entre los ciudadanos que constituyan los centros solidarios de la ciudad y el resto de la población.

2º. Los ciudadanos elegidos no pueden cambiar de domicilio mientras dure el mandato; salvo fuerza mayor.

3º. Un porcentaje del sueldo que reciben los secretarios y ayudantes de cada concejal, debe constituir un aporte para los gastos de los centros comunitarios.

4º. Los concejales elegidos deben rendir cuenta mensualmente de la labor realizada.

5º. El concejal debe constituirse en el primer conocedor de los problemas de la cuidad y no hacer partidismo como si fuera un patrón de la limosna.

6º. El concejal no puede durar más de dos mandatos para que pueda haber alternancia.

7º. El concejal es el primer eslabón político de la sociedad y debe honrar a la misma y no a sus intereses.

8º. La elección de los concejales no debe ser por lista sábana y mucho menos por ley de lemas.