Conferencia de prensa de Hermes Binner

Inundación 2003: el gobierno ofrece

acuerdos extrajudiciales a damnificados

Esta mañana tuvo lugar el anuncio por el cual la provincia apunta a “rescatar del olvido” los sucesos de 2003 por el desborde del Salado en la ciudad y propone acuerdos transaccionales para quienes optaron por el reclamo judicial.

De la redacción de El Litoral

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Este mediodía, el gobernador Hermes Binner, la vicegobernadora Griselda Tessio y todos los ministros de su gabinete convocaron a los medios para dar a conocer lo que el primer mandatario denominó una “búsqueda de solución al conflicto económico, social y político generado en las inundaciones de la ciudad de Santa Fe de 2003 y que ha sido parte de nuestra propuesta electoral”.

Se trataba de dar a conocer los alcances de un decreto firmado hoy por el cual se creará una Comisión de Coordinación de Políticas y Acciones -integrada por todos los ministerios y en la que también podrá participar la Municipalidad santafesina- y el Programa de Atención de los Efectos de la Inundación de la Ciudad en 2003.

Binner aseguró que “esta propuesta, que lleva la firma de todos los ministros, ya que todos somos corresponsables de este momento histórico, es un paso adelante para lograr la integración social en la ciudad de Santa Fe”, al tiempo que insistió en remarcar que “encontrar una solución es una alternativa totalmente diferente a aquellos que sugieren que el paso del tiempo hace olvidar una situación tan grave como la que vivió la ciudad”.

En este sentido, opinó que “la peor enseñanza para una sociedad es pretender que el olvido solucione las cosas. Esto se llama impunidad y se manifiesta como tal en la inseguridad y en la falta de paz social. La sociedad de Santa Fe no es la misma antes y después de estas inundaciones de 2003. Restañar estas deudas, clarificar lo que ocurrió y la búsqueda permanente de la justicia son valores fundamentales para comenzar a revertir esta situación de justa demanda, de profundo dolor que todavía existe en el tejido social de la ciudad de Santa Fe”.

Asimismo, adelantó que “el paso que estamos dando es fundamental y le propusimos a los familiares de las víctimas y a las víctimas el 29 de abril del año pasado y, con ello, damos cumplimiento a tantas demandas que se han suscitado en esta provincia”, mientras advirtió que -con esta medida- “pretendemos recuperar el valor de mirarnos a la cara entre los santafesinos. Esta situación tiene que ser definitivamente tratada de otra forma y que esto va a ser ampliamente valorado por una sociedad que está demandando justicia, seguridad, convivencia y paz social”.

Reservorios y bombas

Por otra parte, el gobernador reseñó: “Todo este tiempo, junto con el intendente Mario Barletta hemos hecho trabajos para que todas aquellas situaciones vividas en la ciudad sean prevenidas a través de obras concretas como los reservorios y las bombas, todas en funcionamiento. No podemos decir que hay seguridad en la ciudad porque no sabemos cuál va a ser el impacto de los cambios climáticos pero, hasta ahora, todos los hechos devenidos por las inundaciones están todos prevenibles y, por lo tanto, de este tema le damos seguridad a la población”.

En tanto, agregó que “además de hacer estas acciones concretas creemos que hay que hablar con los damnificados. Nuestra actitud ha sido siempre la del diálogo. Por eso, desde el primer día de gobierno ordenamos sacar las vallas que separaban a la gente de su gobierno. Este es un hecho que nos beneficia a todos a partir de que haya un diálogo sobre los problemas concretos de buscar razonabilidad y encontrar los caminos para superar esta situación”.

Posteriormente, los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, y de Innovación y Cultura, María de los Ángeles González, dieron a conocer las acciones que se pondrán en marcha a partir de la puesta en funcionamiento de la comisión intersectorial y sobre la memoria, para que los santafesinos no olvidemos los acontecimientos ocurridos en 2003.

Los detalles de la propuesta

La iniciativa que llevará adelante el gobierno de la provincia contempla la creación de la Comisión de Coordinación de Políticas, Acciones y Programa de atención de los efectos de la inundación de la ciudad de Santa Fe en el año 2003; un dictamen imparcial de expertos y un eventual acuerdo con las demandantes en las causas relativas a estos hechos.

Justifica la medida el hecho de que “los daños generados por estos hechos aún persisten de forma palpable en la sociedad pese haber transcurrido casi seis años desde los mismos, evidenciando que las soluciones brindadas aún no lograron reparar los efectos ni individual ni colectivamente. Así, se advierte que más allá de las causas de los daños problema al cual referimos lo cierto es que todavía no se han brindado todas las respuestas requeridas por la sociedad para restablecer, al menos, un sentimiento de justicia y paz social”.

Seguidamente sostiene que “perviven de esta forma los requerimientos colectivos de información, prevención y mejora de las zonas afectadas y, principalmente, perviven los reclamos de justicia y verdad. Por su parte, el Estado provincial afronta una litigación masiva llevada a cabo por miles de víctimas que entienden que existe responsabilidad de la Provincia en los hechos en cuestión”.

Solución definitiva

Señala luego que “la solución definitiva de todos estos problemas debe constituir una política de Estado que trasciende la actual gestión y en esta línea se han llevado a cabo y se continúan implementado diversos cursos de acción relacionados con la materia y a través de todas las carteras involucradas” y se enumeran las acciones que, desde diversos ministerios, se fueron llevando a cabo.

Según se explicó “en esta instancia se prevén cuatro órdenes de respuestas consistentes en: a) una respuesta reparadora colectiva; b) la construcción de un adecuado marco de información, educación, difusión y memoria respecto de los hechos; c) la reelaboración o reconstrucción de la “verdad’ oficial respecto de lo acontecido; d) la limitación de la conflictividad o la litigiosidad vinculada a estos hechos”.

Tarea de reparación

Se informó que “se crea una comisión que unificará o coordinará los programas, planes y proyectos de las distintas dependencias del Estado y cuyo objetivo en definitiva será la confección de un programa de atención integral de los efectos de la inundación del año 2003”.

Inundación 2003: el gobierno ofrece  acuerdos extrajudiciales a damnificados

La presentación de la propuesta se concretó con la presencia de todos los ministros del gabinete.

Foto: Néstor Gallegos

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ADEMÁS

Para la “pacificación social”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, advirtió que “el decreto firmado hoy por el gobernador abre un espacio de diálogo para lograr un preacuerdo con los damnificados de las inundaciones”, pero aclaró que se trata de aquellos que hayan demandado al Estado provincial, cuyos litigios “no estén prescriptos ni perimidos, que son aproximadamente 5.000”.

En este sentido, admitió que el gobierno pretende “encontrar una solución negociada de los conflictos individuales, extrajudicialmente, en la búsqueda de la pacificación social”, ya que “hasta el día de hoy hay versiones encontradas en relación a qué pasó el 29 de abril de 2003: si fue producto de un fenómeno meteorológico, si hubo responsabilidad del Estado o si hay causas concurrentes”.

Por eso, adelantó que “se propondrá una solución conciliatoria y transaccional que tendrá tres momentos: el primero apunta a abrir un espacio de negociación con los actores para lograr un preacuerdo, que les permitirá resolver el conflicto de manera desjudicializada, uno de los objetivos de la gestión, y a la provincia para poner límites a los alcances de lo que luego se va a desarrollar, manejando con responsabilidad el cuidado de los intereses públicos y del patrimonio del Estado”.

Ese preacuerdo -continuó- consiste en tratar de que haya un convenio donde los actores y la provincia coincidan en que el grado de responsabilidad del Estado va a surgir de una comisión de expertos (nacionales e internacionales), que serán designados por el Ministerio de Aguas y Fiscalía del Estado, pero con participación y control de los grupos que han demandado.

Aceptar este camino -planteó Superti- también implica ponernos de acuerdo de antemano en que el monto resultante de responsabilidad va a traducirse en una quita para el Estado en cuanto a la reparación que va a afrontar y en una forma de pago preconvenida. Hemos establecido que el monto a ofrecer será del 50% a aquellos que quieran entrar a este plan de acuerdo previo, a pagar en 10 años con intereses, para mantener el valor de la moneda.

Por otra parte, adelantó que se va a poner en marcha un simple procedimiento sumario para que cada uno de los damnificados acredite cuál fue el daño que sufrió en las inundaciones de 2003. No obstante, el funcionario aclaró que se deberá obtener la adhesión de al menos el 60% de los demandantes que representen al menos el 75% de los montos reclamados en las condiciones estipuladas en el decreto. De arribarse a estos acuerdos, se pondrá en marcha el procedimiento tendiente a la determinación o, cuanto menos, reconstrucción de la verdad y, en caso de resultar del mismo algún grado de responsabilidad estatal, se indemnizará a los demandantes y se modificará la posición oficial con relación a la cuestión.

Posteriormente -concluyó- será designada la comisión de expertos para que realice la pericia, que va a tener un plazo de 180 días para presentarla. Luego se irán resolviendo las eventuales situaciones que puedan surgir en torno de ese dictamen y se firmarán los acuerdos definitivos con aquellos que ingresaron al programa. Los damnificados que anteriormente recibieron dinero les será descontado de lo que reciban luego de este acuerdo.