Al margen de la crónica

Un juez, un cable y una polémica

“Aunque la Justicia beneficie a la persona que se cuelga de la luz, cuando los casos se hacen públicos, la condena social ya está hecha”. La frase pertenece al ministro de Aguas y Servicios Públicos de la provincia, Antonio Ciancio, y fue reproducida por distintos medios que ayer cubrieron la presentación de ofertas para la compra de transformadores destinados a Santa Fe, Rosario, Chabás y Esperanza.

La pregunta periodística apuntaba al acta de infracción por “conexión directa clandestina” labrada por operarios de la EPE en el domicilio particular del juez de Instrucción Rubén Saurín, el último jueves de marzo.

Luego de aquella inspección domiciliaria, el magistrado se presentó en las oficinas de la EPE para regularizar su situación. Casi al mismo tiempo, una fiscal pidió al juez Jorge Patrizi que investigara lo ocurrido. Tanto en ese juzgado, como ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Saurín rechazó la comisión de cualquier tipo de delito.

En estos momentos y por orden de Patrizi, un perito electricista intentó determinar si la cantidad y características de los electrodomésticos que existen en la casa de Saurín tienen relación con lo que paga bimestralmente en concepto de consumo de energía.

Mientras tanto, se analiza si el modus operandi de los técnicos de la EPE fue el indicado, si debieron estar acompañados por un escribano y si correspondía que tocaran el timbre para advertir al propietario del domicilio de la irregularidad detectada.

Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo una: ¿el juez Saurín estaba, o no, enganchado ilegalmente a la red eléctrica?

Por ahora, la Justicia no dio una respuesta a este interrogante, pero la EPE y el ministro Ciancio no parecen tener duda alguna al respecto.