Apuntes de política provincial
Otra vez, con el dolor no
Teresa Pandolfo
Esta semana pareció que la sociedad le dio una lección a la política. Le dijo no a la utilización del dolor como elemento componente de la campaña electoral.
En la vida de cada santafesino, no sólo para los que tuvieron el agua dentro de sus casas llevándoles personas queridas, otros afectos y sus bienes familiares y de trabajo, la inundación de 2003 marcó en todos un antes y un después.
Contrariamente a los argumentos expuestos en la presentación del decreto Nº 634 vinculado con la atención de los perjudicados, la catástrofe hídrica unió a los santafesinos en una solidaridad y un compartir como no se había visto en los últimos 50 años.
En la conciencia de cada santafesino de la ciudad capital están presentes las imágenes de aquellos días que no desearíamos volver a pasar. Esos recuerdos y sentimientos dolorosos se irán morigerando con el tiempo, pero además cuando la ciudad exhiba un proyecto de conjunto que cambie su destino de degradación continua.
Este proyecto para el cambio de la condición económica de la ciudad no aparece en los hechos, aunque esté en los estudios y en los papeles. Y es así que ante la falta de una alternativa superadora, la memoria nos remite a cuando Santa Fe poseía una mejor calidad de vida.
Antes y ahora
Las administraciones anteriores articularon algunas acciones para evitar que otra vez ocurriera una catástrofe parecida. Vale recordar la construcción del puente sobre el Salado, con una luz sustancialmente mayor para el paso del agua. Se estableció un sistema de alertas tempranas sobre el mismo río y se continuó la defensa Oeste. Además, se intervinieron las avenidas 27 de Febrero y Alem, dotándolas de sistemas de desagües.
Asimismo, se debe recordar la actuación del Ente para la Reconstrucción, que atendió innumerables situaciones de particulares. Hubo colaboración de las unidades académicas para el cálculo de daños ocurrido al comercio, la industria y servicios establecidos en las zonas damnificadas.
Y es real también que a pesar de lo llevado a cabo, entre los sectores público y privado hubo presentaciones ante la Justicia, buscando una reparación en daños y perjuicios.
El fiscal Jorge Barraguirre (h) concretó una suerte de censo de los reclamos en sede judicial, que suman 5.000, por un total de 200 millones de pesos. La provincia debería hacer frente a esta erogación de comprobarse la responsabilidad civil del Estado.
Barraguirre es un jurista de primer nivel y esta periodista lo considera intelectualmente brillante. Pero no tiene cintura política ni tampoco una mente ejercitada para las operaciones en ese terreno. No advirtió a tiempo que el andamiaje jurídico armado para defender a la provincia iba a ser utilizado políticamente, porque se está en tiempo electoral. El tema de los inundados no está hoy en la agenda de la opinión pública.
Propuesta
El gobierno, con el decreto de marras, propone por un lado la creación de una Comisión Interjurisdiccional de Coordinación para la elaboración de un programa integral de atención de los afectados. El jueves quedó constituida.
En segundo lugar, propone el establecimiento de un preacuerdo marco a suscribirse con los actores y reclamantes de las causas en trámite no prescriptas, a fin de llegar a una solución extrajudicial, que implica una quita en los montos reclamados y una promesa de pago anual a diez años.
Y en tercer término, de aceptarse este procedimiento transaccional, la constitución de una Comisión Pericial de Expertos “a los fines de determinar las causas de la inundación de 2003, y la existencia o no de responsabilidades por parte del Estado y el grado -en su caso- que corresponde atribuir a los diversos factores”. En 180 días, debería dictaminar y presentar un informe unificado.
Ante la pregunta de esta periodista si se garantizaba que los elegidos para esta Comisión Pericial fueran insospechamente imparciales, Barraguirre respondió que lo garantizaba, y ante otra inquietud contestó que contaba con margen dentro del gabinete para elegir a las personas que integrarían el cuerpo.
En la conversación, una y otra vez, Barraguirre señaló la importancia de conocer “la verdad” de lo ocurrido como un elemento sustancial, y aunque no lo dijo, esta periodista infiere que el fiscal considera este aspecto como un factor social reparador, además de su importancia a los fines de determinar las responsabilidades del Estado. En las causas, puede encontrarse imprevisión pero no hubo intención de inundar a la ciudad.
Barraguirre marcó, además, su misión de defender a la provincia frente a terceros. Todos sabemos que a los juicios perdidos por el Estado los pagamos los contribuyentes de todo el territorio. Lo mismo ocurre con las asistencias y resarcimiento que se otorgan cuando ocurre una catástrofe: los fondos salen del conjunto. Pero también se conoce que en este tipo de temáticas se cabalga sobre un terreno intervenido por otros factores que actúan entrecruzadamente: la industria del juicio contra el Estado, promovida muchas veces por los propios abogados, quienes en alguna medida se quedan con “la parte del león”.
Asimismo, la industria del inundado -hábito tan viejo como las costas de nuestro territorio-, que se mezcla con posiciones ideológicas.
Aparecen otros dos elementos no menores: los yerros cometidos en el tiempo de la atención social, y el elevadísimo número de perjudicados dejados por esta catástrofe, inundación que tuvo características absolutamente diferentes a las anteriores sufridas por la ciudad.
Lamentablemente, a todo lo dicho hay que sumar, que si bien desde 2003 a la fecha la ciudad cambió y está más segura (esta intendencia puso foco en ello), no hubo decisión política para ejecutar un proyecto económico-social para la región, que permitiera ingresar de un año a otro con un poco más de expectativas.
La propuesta jurídica de Barraguirre que hace suya todo el gabinete, quizás sea la posible. En el foro local, las opiniones están divididas: unos la encuentran contradictoria; a otros, les llama la atención que la Fiscalía adelante una solución extrajudicial, cuando faltan varias instancias en el juicio sobre responsabilidades hasta llegar a un fallo final. Si bien hay tres ex funcionarios procesados, no se podría asegurar ahora que esa situación concluya en condena.
Se observa, entonces, a la presentación del decreto como una necesidad del gobierno, en un tiempo electoral, de producir algún hecho concreto frente a las expectativas que había generado entre los reclamantes y así, diferenciarse de los gobiernos anteriores. Pero la sociedad dijo: otra vez, con el dolor no. Ya esta estrategia se había utilizado antes.
