EDITORIAL

Gualeguaychú, el bloqueo y una muerte

El pasado fin de semana un motociclista murió como consecuencia del choque contra un acoplado colocado en la ruta por los piqueteros de Gualeguaychú. El muerto tenía 33 años, era casado y se llamaba Walter Maulucci. Era de noche, había niebla y el infortunado joven, padre de tres hijos, no vio la mole plantada en medio de la ruta. Los familiares del muerto dicen que van a iniciar acciones contra los responsables del piquete, un reclamo justo pero que será muy difícil de efectivizar porque el rasgo distintivo de estas instituciones es su absoluta irresponsabilidad.

Para corroborar la mentalidad de estos dirigentes, están las declaraciones de uno de ellos comprometiendo al Estado por lo ocurrido. Según sus palabras, el Estado debe hacerse cargo por permitir que la empresa Botnia se haya instalado. A partir de esa responsabilidad se derivan todas las demás. Los piqueteros, por supuesto, no tienen nada que ver.

No se sabe si semejantes declaraciones nacen de la soberbia, la ignorancia o el cinismo. Matices al margen, de lo que no cabe duda es que están respaldadas por la impunidad de quienes se han habituado a actuar al margen de la ley y no se hacen cargo de sus actos.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que alguien ha muerto y es muy probable que el Estado a través de los recursos de los contribuyentes deba asumir los costos de la indemnización a la familia de la víctima. La paradoja trágica de este suceso es que en nombre de la vida y la defensa del medio ambiente, los piqueteros vienen realizando un corte de ruta contra una papelera que supuestamente contamina. Sin embargo, a la hora de apreciar los datos concretos de la realidad, el único muerto que hubo hasta la fecha ha sido producto del bloqueo de los piqueteros y no por causa de las emanaciones supuestamente tóxicas de la pastera.

Desde que la empresa Botnia empezó a funcionar no se ha podido probar que contamine, pero los piqueteros siguen cortando el puente internacional. Todos los informes, oficiales y no oficiales, admiten que la contaminación no existe o es inferior a la que permiten los parámetros internacionales, pero ninguna de estas mediciones hace mella en la posición integrista de piqueteros que sostienen un corte de rutas que viola la Constitución Nacional y los tratados internacionales, al tiempo que perjudica los intereses de la región.

Queda claro, de todos modos, que el gobierno nacional y en particular el gobierno provincial, son responsables a través de sus dirigentes máximos de haber fomentado por razones oportunistas esta situación. Los resultados de esta conducta están a la vista: el corte, por años, de una ruta internacional que fue pagada con los recursos de todo el país, complicaciones políticas y diplomáticas con Uruguay y desprestigio de la Argentina en los foros internacionales. Todo por sostener -en un país que no ha podido resolver la contaminación del Riachuelo en su zona más poblada- una causa cada vez más delirante que ahora agrega a su prontuario de atropellos y violencias, el saldo de una muerte de la que nadie se hace cargo.