Llegan cartas

Dictadura y funcionarios

 

Dr. Alfonso Alfredo Rasso (h)

DNI 6.144.213.

Señores directores: Todos los gobiernos unipersonales inconsultos de facto echaron mano a la tristemente célebre acordada de la Corte Nacional que en 1931 legitimó al gobierno de Uriburu. Nace así la doctrina de los gobiernos de facto que tuvo aplicación práctica y decisiva influencia en la interrupción de la vida democrática de los argentinos. Estas tensiones sociales de neto corte patológico contaminaron de un excesivo entusiasmo las escondidas veleidades de advenedizos a convertirse en funcionarios a la carrera. Por cierto, muchos ciudadanos no escaparon a esta oportunidad de ingreso a la magistratura, confundiendo a la comunidad educativa desde la excelsitud de la cátedra, mientras aceptaban la aplicación de decretos emanados de la dictadura militar. Nuestra Constitución Nacional pasó a ser suplente de decretos coyunturales por aquellos abnegados funcionarios seducidos por el orgasmo de las charreteras, al advenimiento de la democracia quienes juraron por la defensa de intereses extranjeros encarnados en gobiernos totalitarios siguieron con total displicencia sin el menor signo de arrepentimiento en el ejercicio de la función pública. Es apodíctico que quienes han renegado del sufragio no tienen derecho a aceptar cargos públicos aunque se resignen a aceptarlo como instrumento de dominación sociopolítica de su propio pueblo. Si el voto es la forma de constituir la estructura de poder en el Estado, su destrucción por los colaboracionistas del régimen militar no puede ser premiado con un ascenso en la carrera judicial que dignifique la función. Muchos legisladores que se golpean el pecho en nombre de Jesús y se olvidan el Sermón de la Montaña, deberían saberlo. Habrá que recalar en Michel Foucault cuando enseñaba a defender la sociedad, con la insurrección de la genealogía frente al centralismo científico que permita la recuperación de la memoria y la erudición, sino recurrir a la voluntad popular evitando el desvío de la opinión pública sutilmente manejada por los súbditos del imperio del miedo que viven camuflados bajo el overol de funcionarios y descreen de la fuerza del derecho. No es cierto que esté en crisis el Estado de Derecho ni haya zozobra del sistema democrático; hay eso sí una desigual lucha que debe continuar para evitar el acceso al poder de quienes medraron con la dictadura y confunden fuerzas armadas con militarismo, clericalismo con fuerza evangelizadora de la Iglesia, y se juntan en una absurda sinonimia intelectual de democracia y dictadura para aplicar leyes a jueces de la Constitución, abjurando de la contradicción fundamental.