EDITORIAL

Déficit en la provincia

La decisión del gobierno provincial de diferir los pagos a proveedores y contratistas por 120 días, si no se acompaña con otros correctivos sobre el aumento del gasto público, además de tener efectos recesivos será inconducente.

El sector público provincial ha aumentado las erogaciones corrientes en dos direcciones: el otorgamiento de mejores salarios y la contratación de más agentes. Por una parte, ha hecho crecer la planta de efectivos de la Policía, ha titularizado docentes y creado más cargos y horas cátedra en el sistema educativo. Y también ha mejorado sus haberes, así como los emolumentos de los empleados públicos provinciales.

Más allá de la adhesión -o el rechazo- que puedan provocar esas medidas, está claro que su ejecución debe contar con los fondos necesarios, y que el endeudamiento no puede ser el soporte de esas medidas.

El debate político sobre lo saludable o reprochable de esas acciones tiene un trasfondo económico -y hasta contable- que lo acota. No es correcto que el gasto público crezca si no se han aumentado los recursos.

El déficit fiscal es de 270 millones de pesos, según lo que han admitido las autoridades económicas. Y la velocidad de crecimiento de los gastos corrientes hoy es del 38 % si se compara fines de 2007 con la actualidad; mientras que los recursos quedan muy atrás en la carrera al haber aumentado un 22 %, de acuerdo con estimaciones hechas por la oposición (que el oficialismo no ha desmentido).

Es cierto que el gasto ya venía en aumento desde el gobierno anterior. Y también, que hubo antes de la finalización de la gestión pasada una febril tendencia a producir nombramientos y contrataciones de personal (como en la Dirección Provincial de Vialidad, a la que se sumaron más de 100 agentes en diciembre de 2007), pero esa tendencia criticable -lejos de quebrarse con la nueva administración- siguió creciendo, sobre todo durante 2008, cuando ya abundaban las malas señales económicas.

Hoy, el generalizado panorama de recesión se agrava para Santa Fe si el sector público es deficitario, y peor aún si se sigue el camino del endeudamiento. El rojo es aún manejable pero lo que debe corregirse es el gasto, no el pago a los contratistas o proveedores. En otras palabras: la naturaleza del problema es económica, no financiera.

En tiempos preelectorales no suele ser fácil anunciar medidas que frenen el gasto corriente, pero de todas formas pueden ejecutarse sin entorpecer la acción del Estado, si se presta atención -ministerio por ministerio- sobre qué se gasta mal o qué es evitable.

De no producirse las correcciones del caso, Santa Fe se arriesga a perder una ventaja nacida de ahorros del anterior ciclo económico positivo. Durante años, la provincia preparó sus cuentas para resistir los cíclicos embates de las crisis mediante amortiguadores financieros originados en el ahorro e inmovilización de fondos públicos, lo cual proveía respaldo adicional cuando las crisis, inexorablemente, llegan.